Denuncian a un joven por organizar por WhatsApp las carreras ilegales de Málaga

La Policía Local de Málaga ha identificado a un joven de 19 años como uno de los principales responsables de las convocatorias ilegales de vehículos en Málaga, por lo que ha sido denunciado por infracción muy grave a la ley de seguridad ciudadana. Las pesquisas del Grupo de Investigación y Protección (GIP) y del Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA) han logrado "identificar plenamente" al administrador de un grupo de WhatsApp denominado Coches Málaga con casi 1.000 miembros desde el que presuntamente organizaba de "manera explícita" las quedadas ilegales. Una vez localizado, los investigadores levantaron un acta de denuncia que ya ha sido remitida para su tramitación a la Subdelegación del Gobierno en Málaga.

La Policía Local ha explicado que el modus operandi consistía en difundir las ubicaciones en el grupo justo antes de las quedadas, intentando eludir la acción policial cambiando de localización si los agentes se personaban. Las pesquisas han revelado que el joven realizaba encuestas a los miembros del grupo para elegir las ubicaciones, siendo el investigado el único administrador y llegando a bloquear en algunos casos los comentarios negativos de otros integrantes. "La investigación ha dejado patente que las quedadas no solo se realizaban en diferentes puntos del municipio de Málaga, sino también en otras localidades como Alhaurín de la Torre, Cártama o Benalmádena", han explicado en un comunicado.

Los policías locales consideran que el denunciado convocaba a "cientos de personas sin autorización en la vía pública, infringiendo la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, que en su artículo 35.1 recoge como infracción muy grave: “Las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad o en sus inmediaciones, así como la intrusión en los recintos de éstas, incluido su sobrevuelo, cuando, en cualquiera de estos supuestos, se haya generado un riesgo para la vida o la integridad física de las personas. En el caso de las reuniones y manifestaciones serán responsables los organizadores o promotores".

Actividades muy peligrosas

En este caso, las situaciones de riesgo provocadas por las carreras ilegales y conducciones temerarias han dado lugar no solo a la comisión de delitos contra la seguridad vial, sino también a accidentes graves como el que este diario adelantó en una información que denunciaba cómo estas actividades se habían extendido a la carretera Azucarera-Intelhorce, en el polígono Guadalhorce. La pasada semana, el conductor que provocó la colisión fue condenado a un año de cárcel y 32 meses de retirada del carné por conducción temeraria.

En los últimos años, estas carreras se han ido celebrando por los aparcamientos del recinto comercial Los Patios, el Cortijo de Torres, el polígono Trévenez, el parking de Ikea, las inmediaciones del Palacio de Deportes José María Martín Carpena, Mercamálaga o los Montes de Málaga. A ello hay que sumar el peligro al que se expone el público que de forma voluntaria acude a unas concentraciones que no cuentan con ningún tipo de elementos de seguridad.

La Policía Local ha indicado que los expertos en ciberpatrullas, tanto del GIP como del GIAA, llevan años recopilando vídeos subidos a redes sociales, cuyo visionado y estudio ha dado lugar a investigaciones a raíz de las cuales se han instruido diligencias por la comisión de delitos contra la seguridad vial que han motivado condenas firmes en muchos de los casos. Igualmente, numerosos conductores han sido denunciados por cometer infracciones administrativas relacionadas con conducciones temerarias, entablar competición de vehículos, circular con escape libre y otras.

Multas de entre 30.001 y 600.000 euros

En el caso de que el procedimiento sancionador siga su curso, la Policía Local asegura que las infracciones muy graves a la citada Ley se sancionan con multas de 30.001 a 600.000 euros, comprendiendo el grado mínimo la multa de 30.001 a 220.000 euros; el grado medio, de 220.001 a 410.000 euros, y el grado máximo, de 410.001 a 600.000 euros. La reincidencia, además, podría motivar la comisión de un delito de desobediencia a la autoridad.