Los huérfanos por violencia de género recibirán 5.000 euros de prestación al año en Andalucía

El Gobierno andaluz ha aprobado una prestación para los hijos menores de edad de mujeres que hayan sido asesinadas por violencia de género. Se trata de un pago anual de 5.000 euros que beneficiará a todos los huérfanos hasta que cumplan 18 años. La Junta de Andalucía ha reservado en el presupuesto de 2024 una partida de 350.000 euros pero la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, explicó que con la aprobación de este decreto se genera un derecho y que la cantidad prevista será ampliada en caso de que sea necesario.

Andalucía no sabe con exactitud cuántos menores podrán recibir esta prestación, puesto que solo hay estadísticas desde 2013. Desde que hay registro oficial constan 87 niños huérfanos por violencia de género en Andalucía pero muchos habrán cumplido ya la mayoría de edad. Si las víctimas son anteriores a esa fecha, también podrán acogerse a la prestación siempre que no tengan más de 18 años.

La Junta de Andalucía regula por primera vez este derecho que ya existía en otras ocho comunidades autónomas. En Navarra, Asturias, Castilla-La Mancha , Castilla y León y País Vasco se regula como una prestación anual que va de los 2.000 a los 5.700 euros. En Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia se regula un pago único.

Los huérfanos de la violencia de género también tendrán pensión cuando el asesino no sea su padre

El Consejo de Gobierno reunido este martes ha aprobado, a instancias de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, el decreto ley por el que se modifica la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género.

En lo que va de año, en España hay 51 menores huérfanos, 13 de ellos en Andalucía. Desde que existen estadísticas oficiales, el número se eleva a 428 en el conjunto nacional, 87 en Andalucía. La condición para acceder a esta ayuda es que sean menores de edad y que ellos o la mujer víctima de violencia de género residan en Andalucía en el momento del crimen. Este derecho se extiende a las personas menores de edad cuya tutela ejerza la Junta de Andalucía o cualquier otra administración pública y a aquellos menores que en el momento de los hechos se encuentren bajo la tutela judicial.

Compatible con la pensión estatal

La ayuda económica será compatible y complementaria con cualquier otra prestación pública o privada que se perciba por el mismo motivo. El importe de la prestación ascenderá a 5.000 euros en un pago único anual por cada menor y se actualizará anualmente conforme al Índice de Precios al Consumo. La ayuda económica no podrá ser administrada por el autor del crimen machista.

El 'calvario' de los huérfanos por violencia de género: "No te dejan ni quitarte el apellido del asesino"

La solicitud de esta ayuda deberá realizarse por parte de la persona representante legal del menor de edad y puede presentarse de manera presencial o electrónica desde el día siguiente al de la publicación del decreto ley en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía hasta que las personas huérfanas alcancen la mayoría de edad. Además, el documento aprobado fija que el primer pago se realizará cuando se dicte la resolución de concesión y las sucesivas anualidades se harán efectivas el segundo semestre del año.

Un reciente informe del Defensor de la Infancia en Andalucía, Jesús Maeztu, sreflejaba con testimonios reales y casos prácticos el calvario que atravesaban las víctimas menores de violencia machista después del asesinato de sus madres. Después del entierro, viene la soledad, relata este documento. La ayuda psicológica a los menores dura 48 horas en el protocolo que funciona en Andalucía, una comunidad que no preveía hasta ahora ayudas económicas. Sí hay pensiones de orfandad desde el Estado pero la tramitación es un infierno, aseguran sus beneficiarios. La justicia también fija derecho a indemnizaciones por parte de los asesinos pero ese dinero nunca llega, salvo que existan propiedades, porque la mayoría se declaran insolventes.

La reforma de la ley de protección a la infancia y adolescencia de 2015 reconoció a los menores de edad víctimas de la violencia de género ejercida contra sus madres. Esa reforma legislativa avanza en medidas de protección a esos menores. Contempla la posibilidad de que el juez suspenda la patria potestad, guarda y custodia del asesino y que el acogimiento y tutela de los menores no dependa de él. De igual modo, se otorga al juez la posibilidad de ordenar la suspensión del régimen de visitas o comunicación. También el Pacto de Estado contra la violencia de género recoge hasta 21 medidas para intensificar la asistencia y protección de los menores. Sobre el papel, las leyes existen y los fondos se contemplan, pero acceder a ellos, según las víctimas, sigue siendo un infierno administrativo y muy largo en el tiempo.