Más de la mitad de los 70.316 millones en fondos europeos está todavía sin adjudicar

Los fondos europeos 'Next Generation EU' prevén para España la entrega de hasta 70.316 millones de euros para financiar la recuperación tras la pandemia, aunque en torno a un 54% de los recursos (que en su gran mayoría deben adjudicarse antes de agosto de 2026) aún no han encontrado un beneficiario que los materialice en inversiones concretas, según un informe de la consultora Llorente y Cuenca (LLYC) presentado en Madrid. España cerró el año con 66.296 millones del dinero ya comprometidos (el paso previo a ser adjudicado), lo que supone un 94,28% del total del dinero que la Comisión Europea prometió. La propia consultora indica que, aparte de que más de la mitad de los fondos no están todavía adjudicados, otro grave problema es que los fondos que pese a haberse incluido en una convocatoria se han quedado sin asignar a un proyecto, podrían alcanzar una quinta parte de la dotación inicial del Plan de Recuperación (unos 14.320 millones), lo que supone un 20,4% de la dotación inicial de los fondos europeos.

El nivel de estos llamados remanentes del Plan de Recuperación (fondos incluidos en una convocatoria, pero no asignados a un proyecto) ha alcanzado los 6.575 millones en la administración general, según datos confirmados por LLyC. A los que habría que sumar otros 4.000 millones de la administración autonómica, que podrían ser hasta 5.205 millones, puesto que la propia consultora denuncia la falta de transparencia sobre la ejecución de los fondos en las autonomías. La administración general podrían acumular otros 2.540 millones más, siguiendo siempre las estimaciones de LLYC. La falta de un receptor no implica que el dinero finalmente se vaya a perder, pero sí que tendrá que iniciarse una nueva convocatoria para licitar el dinero, es decir, que implicará más burocracia y retrasos. Las administraciones deben entregar estos fondos a proyectos innovadores y no destinarlos a otras partidas, ha recordado Paloma Baena directora del Observatorio NextGen de Llorente y Cuenca.

"Consideramos que España deberá hacer un esfuerzo enorme en los próximos dos años y medio para adjudicar el 55% restante del Plan de Recuperación original y los fondos adicionales de la Adenda, que suman 10.300 millones en forma de subvenciones y 83.200 millones en forma de préstamos", ha señalado la consultora. Transcurridos los tres primeros años de ejecución del Plan, LLYC sí ha valorado positivamente que el Gobierno español se ha acercado al objetivo inicial de comprometer la práctica totalidad de las subvenciones otorgadas por la Unión Europea, puesto que esta cifra ha alcanzado 66.296 millones de los 70.346 millones originales (el 94,28% del total), aunque aún no se hayan adjudicado casi la mitad.

La financiación europea no adjudicada se debe en gran medida al fracaso del PERTE para el desarrollo del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC). La escasa concurrencia y la baja asignación de fondos en su primera convocatoria dejó como remanente más de 2.100 millones de euros, de los que 1.500 millones corresponden a 2022. Aunque la siguiente convocatoria tuvo un mayor éxito por la colaboración con el sector privado y la simplificación de la convocatoria, unos 208 millones de euros sobrantes de la segunda convocatoria pasaron a formar parte de los remanentes. El Ministerio de Industria y Turismo, el organismo encargado de los PERTE, es el que más fondos europeos ha dejado sin adjudicar. Por ejemplo, la adjudicación del PERTE agroalimentario no superó el 36% y tendrá una nueva convocatoria, mientras que en el PERTE naval ascendió al 42,52% de los fondos comprometidos.

Respecto al reparto por autonomías, Andalucía es la comunidad autónoma con un mayor nivel de fondos europeos recibidos, con un 15,91% sobre el total (3.849 millones), seguida de Cataluña (3.524 millones), Madrid (2.607 millones) y la Comunidad Valenciana (2.288 millones). Por países, España se ha visto superada a 31 de diciembre por Italia y Portugal, puesto que ambos países ya solicitaron el quinto pago de la Comisión Europea. El Gobierno solicitó en diciembre el cuarto pago de los fondos por importe de 10.000 millones de euros, tras cumplir con las reformas e hitos pendientes del Plan de Recuperación.

El sector público, el más beneficiado

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Por tipo de beneficiario, España ha destinado una mayor cantidad de fondos europeos al sector público (un 45,07% del total de fondos comprometidos) que al privado (un 40,13%). El resto se ha asignado a entidades mixtas. Tal y como sucedía hace seis meses, última recogida de datos de la consultora, a la mayoría de convocatorias y licitaciones se han podido presentar todo tipo de empresas. En total, las pymes han sido beneficiarias de un 12,3% del dinero total, mientras que las grandes empresas han contado con casi un 10% en convocatorias y licitaciones. Según LLYC, existe una gran atomización de los fondos en España en comparación con otros países europeos, como Francia e Italia, donde más de la mitad del dinero repartido ha llegado a manos de grandes consorcios públicos que después distribuyen los fondos. Esto hace que otros vecinos de la región, como Alemania, notifique un mayor número de grandes proyectos que son gestionados principalmente por el sector privado.

Hasta este año, España lideraba en la Unión Europea las solicitudes de desembolsos de fondos europeos, pero ha caído a la tercera posición por detrás de Italia, que acaba de solicitar el quinto desembolso, y de Portugal, que ha recibido el desembolso del cuarto pago. A cierre de 2023, España ha recibido tres desembolsos por valor de 37.000 millones de euros por cumplir 121 hitos y objetivos de un total de 413. La recepción de los siete desembolsos pendientes tiene como límite máximo el 31 de agosto de 2026. Una vez se apruebe de forma total o parcial la reforma pendiente del sistema de prestaciones por desempleo, tumbada por Podemos en el Congreso, España recibirá 10.000 millones de euros. A este cuarto desembolso se suma la posibilidad de solicitar los 1.400 millones de euros (1.000 millones en subvenciones y 400 millones en préstamos) procedentes de la prefinanciación vinculada a REPowerEU. La solicitud del quinto pago, de 7.500 millones de euros, estaba prevista para el segundo semestre de 2023, pero se ha retrasado seis meses, hasta el primer semestre de 2023, como consecuencia de la aprobación del nuevo calendario de desembolsos establecido en la Adenda.