La prórroga del 'escudo social' del Gobierno tendrá un coste de 5.300 millones en 2024

La nueva prórroga del 'escudo social' del Gobierno para 2024 ya está aquí y ya se conocen todos sus detalles tras una larga negociación entre los socios de la coalición, PSOE y Sumar. Esta extensión de las medidas supone la continuación de las rebajas impositivas que se impulsaron desde 2021 para contrarrestar las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania y las tensiones en los mercados energéticos.

El Gobierno mantiene la gratuidad del transporte público para los usuarios frecuentes de Cercanías, Media Distancia y líneas estatales de autobús y los descuentos en metro y autobuses de competencia municipal; el IVA del 0% en alimentos básicos como pan, huevos y leche y del 5% para pastas y aceites; el bono social para familias vulnerables, la limitación a las subidas del precio de la bombona de butano y el impuesto extraordinario a bancos y compañías energéticas, que en 2023 ha recaudado 2.900 millones.

El gran cambio que introduce el Ejecutivo es la subida escalonada de las rebajas fiscales del recibo de la electricidad, con el alza del 5% al 10% del IVA durante todo el año 2024 y el Impuesto Especial de la Electricidad (IEE) pasará del 0,5% actual al 2,5% durante el primer trimestre del año y en el 3,8% durante el segundo; y el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE) tendrá un tipo del 3,5% hasta marzo, pasando a tener un 5,25% hasta junio. En el caso de los suministros de gas natural, el IVA se situará en el 10% durante los primeros tres meses de 2024.

Todas estas medidas tendrán un coste para los contribuyentes de 5.300 millones en 2024. Esta cifra es la suma de los 2.500 millones que asume el Ministerio de Hacienda a través de las rebajas de impuestos y beneficios fiscales a la energía o los alimentos, más los 680 millones que abona el Ministerio de Transportes para compensar a Renfe por los descuentos aplicados y a las empresas concesionarias de las líneas de autobús competencia estatal.

Teniendo en cuenta el incremento del Ingreso Mínimo Vital (IMV) un 6,9% el impacto para los contribuyentes alcanza una cifra superior y ronda los 6.400 millones. Fuentes del Gobierno apuntan, no obstante, que el incremento del IMV no computa entre "las medidas anticrisis". El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, sin embargo, sí contempla como 'escudo social' esta prestación junto a la garantía de suministros, la suspensión de los desahucios y los Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

Esta prestación supuso un desembolso para las arcas públicas de 2.512,8 millones de euros en 2022, aunque solo llegó ese año a un 20,8% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza. El Ejecutivo espera que cada vez llegue a más potenciales beneficiarios y ha aprobado en este Consejo de Ministros la cesión de esta ayuda a las comunidades autónomas que lo quieran asumir, como es el caso de Cataluña. En 2020, el ministro de Seguridad Social en aquel momento, José Luis Escrivá, estimó que la puesta en marcha del IMV alcanzaría los 3.000 millones.

Hay prórrogas que no tienen un coste económico de manera directa para el contribuyente como la suspensión de los desahucios para hogares vulnerables sin alternativa habitacional, la eliminación de las comisiones por la retirada de efectivo en ventanilla para personas mayores y con discapacidad o la retirada de las comisiones por la amortización anticipada de créditos a tipo variable, que asumen directamente los bancos.

Fuera del denominado 'escudo social' se quedan fuera la revalorización de las pensiones, ya que no forman parte del paquete legislativo puesto en marcha por el Gobierno para combatir la inflación y los efectos de la guerra de Ucrania. El coste del aumento de las pensiones contributivas al 3,8%, estimado para el conjunto de 2024, supone 7.300 millones de euros y si se añade la subida de las pensiones mínimas, de las no contributivas y del Ingreso Mínimo Vital (IMV), esta cifra asciende a 8.280 millones.

Compromiso con la rebaja del déficit

A pesar de este despliegue de recursos que pondrá en marcha el Gobierno a partir de 2024, el presidente Pedro Sánchez ha asegurado en la rueda de prensa tras el último Consejo de Ministros de este año que el nuevo paquete de medidas "se contextualiza en el compromiso del Ejecutivo con la consolidación fiscal". "El Gobierno de España mantiene su compromiso de lograr un déficit público del 3% del PIB durante el año 2024 tenemos también marcada una reducción de la deuda pública al 106%", ha subrayado el jefe del Ejecutivo.

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Según el Gobierno, la evolución de la economía y de los precios ha experimentado mejoras precisamente en ese último año, a lo que han contribuido los reales decretos ley aprobados por el Ejecutivo, que han supuesto un ahorro de más de 25.000 millones de euros tanto para la ciudadanía como para las empresas. No obstante, el Ejecutivo ha decidido impulsar un nuevo paquete de medidas con las prórrogas de algunas que entraron en vigor en 2022 o empezaron su andadura en 2023.

Ese compromiso por reducir el déficit público y la deuda pasa por ir desmontando las medidas fiscales que se adoptaron para compensar los efectos de la crisis energética y que la Comisión Europa está exigiendo a todos los países miembro. Sánchez asume que la incertidumbre por la guerra y la inflación siguen presionando a la economía española, con un Índice de Precios de Consumo (IPC) en la cesta de los alimentos que cerró noviembre en el 9%, casi el triple que la tasa general de inflación del 3,2%.