Asturias es una de las pocas regiones sin tramitación exprés para captar grandes inversiones

Representantes de la compañía automovilística BYD, el mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo, visitaron la pasada primavera los terrenos de la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (ZALIA), en Gijón. Buscaban localizaciones para su primera fábrica de coches en Europa, un proyecto que generaría miles de nuevos empleos. La delegación de la empresa china quiso conocer sobre el terreno la disponibilidad de suelo, sus características y las conexiones. También se interesó por los plazos en los que podría estar iniciando la obra y sobre ese último aspecto se fueron con pocas certezas. BYD anunció la semana pasada que su primera planta de fabricación de coches en Europa se construirá en Hungría.

La reclamación empresarial

Asturias en una de las pocas regiones de España que no cuenta con una ley o con un reglamento de proyectos estratégicos que garantice una tramitación exprés para grandes inversiones. "Otras comunidades ya lo tienen y aquí vamos con retraso", señaló Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, antes de reunirse hace un mes con la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, para abordar, entre otros temas, la aprobación de la Ley de proyectos estratégicos. "Está en una fase última y este Gobierno pretende aprobarla y trasladarla a la Junta General del Principado antes de final del presente año", señaló Llamedo reiterando lo que semanas antes había afirmado en la Junta General Nieves Roqueñí, consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico. Días después de las declaraciones de Llamedo, en su última reunión, el Consejo Ejecutivo y la Junta Directiva de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) apuntaban una serie de aspectos "a los que se debe responder con urgencia" desde el Gobierno regional y entre ellos se incluía "aprobar la Ley de proyectos estratégicos como elemento esencial para atraer inversiones". A seis días de que acabe el año, la Ley de proyectos estratégicos de Asturias aún no ha llegado a la Junta General del Principado para su tramitación y ni se ha aprobado en Consejo de Gobierno para poder remitirla al parlamento.

El caso Amazon

Asturias no tiene un instrumento que dé certidumbre a los inversores, que garantice un ritmo rápido de tramitación para grandes proyectos y que allane los procedimientos no solo de la administración regional, sino también de los ayuntamientos, donde en muchas ocasiones se localizan los cuellos de botella. El Gobierno regional y el Ayuntamiento de Siero demostraron con el proyecto del gran almacén logístico de Amazon en el polígono industrial de Bobes –concluido y de momento sin uso por los cambios de planes de la multinacional estadounidense del comercio electrónico– que las administraciones pueden acelerar la maquinaria administrativa, pero fue una actuación excepcional que, como tal, generó también críticas de fuerzas a la izquierda del PSOE por una presunta "falta de transparencia" en la actuación.

La vía exprés de otras comunidades

La mayoría de las comunidades autónomas tienen regulada una vía exprés para grandes proyectos empresariales o inversiones estratégicas. Castilla-La Mancha tiene la Ley de medidas urgentes para la declaración de proyectos prioritarios que, desde sus aprobación en 2020, ya ha beneficiado, según fuentes del Gobierno castellano-manchego, a 25 proyectos con 701 millones de inversión privada y la creación de 1.063 empleos. La Ley de Industria de Castilla y León prevé, en su artículo 30, la declaración de proyectos industriales prioritarios en función de la inversión, el empleo a crear y el impacto tecnológico e innovador. A esos proyectos se les abre una vía de tramitación y de acceso a ayudas prioritario y por ella entró en Castilla y León la compañía LatemAluminium. Esta sociedad está promovida por los propietarios de Asturiana de Laminados (que comercializa sus productos fabricados en Lena con la marca ElZinc) y después de intentar poner en marcha su proyecto empresarial en Asturias (en terrenos de Hunosa en Mieres, en las instalaciones que dejaba Alcoa en Avilés...) ha acabado instalando sus fábricas de aluminio verde en Villadangos del Páramo (León) y Villabrázaro (Zamora) y captando como socios a empresas de gran potencia inversora como Iberdrola.

La Comunidad Valenciana cuenta, desde 2018, con la Ley de aceleración de la inversión a proyectos prioritarios; Baleares tiene desde 2019 la Ley de proyectos industriales estratégicos; Murcia dispone desde 2014 de la Ley de proyectos estratégicos, simplificación administrativa y evaluación de los servicios públicos; Andalucía aprobó en 2019 el Decreto Ley para el fomento de iniciativas económicas mediante la agilización y simplificación administrativa en la tramitación de proyectos y su declaración de interés estratégico; Aragón tiene la figura de los Planes y proyectos de interés general (PIGAS), y Extremadura la calificación de Proyectos PREMIA, que se otorga a proyectos de nueva creación o ampliación que tengan un impacto significativo en el empleo y el tejido productivo (más de 40 nuevo puestos de trabajo a jornada completa y una inversión superior a 6 millones de euros) y que se benefician de un recorte del 50% de los plazos establecidos en la tramitación administrativa y de la concesión directa de subvenciones a efectos de empleo.

La competencia gallega

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Asturias y Galicia eran las comunidades autónomas en las que la multinacional china BYD había puesto el ojo en España para la instalación de su primera fábrica en Europa y ambas podrían volver a competir si el fabricante de automóviles decide crear una segunda planta en el continente tal y como han asegurado responsables de la firma china en España. Galicia cuenta con su vía exprés para proyectos estratégicos. El Decreto Legislativo de 2015 por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de política industrial regula la figura de los proyectos industriales estratégicos para atraer y potenciar inversiones; fomentar la innovación, la internacionalización y la competitividad, y simplificar los procedimientos administrativos necesarios para la implantación. La calificación pueden obtenerla los proyectos con más de 20 millones de inversión, los que generen más de 100 empleos o los que completen cadenas de valor consideradas estratégicas.

Los efectos de esta calificación son numerosos y pocas normativas regionales están a su altura. Garantiza, entre otros aspectos, una carácter prioritario en la tramitación; una reducción a la mitad de los plazos establecidos para el procedimiento ordinario; la no sujeción a los títulos habilitantes urbanísticos de competencia municipal; la declaración de utilidad pública y de interés social a efectos expropiatorios; la declaración de incidencia supramunicipal y declaración de urgencia o de excepcional interés público; la declaración de prevalencia sobre otras utilidades públicas; la adjudicación directa de suelo empresarial promovido por la el Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo; posible concesión de subvenciones sin concurrencia competitiva, e imposición o ampliación de servidumbres de paso para los accesos a la plantas.