El sector agrícola cierra en Málaga el peor año del siglo y afronta una reforma histórica

Los portavoces del sector agrario en la provincia de Málaga han hecho balance del año que ya acaba, justo con la finalización del otoño más seco y cálido que recuerdan en décadas, y coinciden en señalar que se trata del «peor ejercicio del presente siglo». Asimismo, ante la grave sequía que se arrastra desde hace tres campañas, señalan que el campo malagueño afronta una reforma histórica, con la definitiva entrada de las aguas regeneradas en el ciclo que permita la pervivencia de los regadíos.

Los principales sindicatos agrícolas cifran las pérdidas de facturación en 2023, respecto a 2022, en márgenes que oscilan de media entre el 7% y el 10%. No obstante, las reducciones en kilos vuelven a ser hasta del 80% en determinados subtropicales, el olivar y algunas hortalizas.

Si la caída de la facturación total no es mayor, «es porque ha aumentado el precio en origen del aceite de oliva o de variedades como el mango». COAG relata que precisamente ha disparado los precios la falta de materia prima, de kilos de aceituna o de los subtropicales, porque los árboles han sido especialmente azotados por la falta de precipitaciones.

En áreas fundamentales para la exportación agroalimentaria, como es la comarca de la Axarquía y el peso específico de aguacates y mangos, el embalse de la Viñuela acumula ya 15 meses sin que pueda utilizarse para el regadío. Ni siquiera en los dos últimos meses se extrae ya agua para consumo humano. La presa de mayor capacidad de la provincia está en situación de «embalse muerto» y sólo la entrada de las aguas regeneradas en las comunidades de regantes ha podido mantener ciertas explotaciones en pie.

En su análisis anual, el presidente de Asaja en Málaga, Baldomero Bellido, hablaba este jueves de «debacle en la provincia dentro de sus sector». Habló así de la «estrepitosa caída en la facturación, marcando un descenso de más de 50 millones de euros respecto al año anterior».

Si ya en 2022 se produjo la peor facturación en una década, la actual marca también mínimos en lo que va de siglo. Son en este momento 651 millones de euros de facturación, justo cuando la inflación ha disparado como nunca el capítulo de gastos. «Seguimos con los mismos problemas que en la campaña anterior, en la que la ausencia de lluvias y la falta de infraestructuras para almacenar la poca reserva que tenemos, siguen siendo principales obstáculos», defiende Bellido.

Por su parte, el secretario general de UPA en Andalucía, Cristóbal Cano, insiste en que a la delicada situación por la subida de costes generalizados, la crisis energética y el alza de tipos de interés, que están repercutiendo en la cuenta de resultados de las explotaciones agrarias malagueñas, «se le suman los efectos de unas temperaturas anormales, la sequía extrema», que es la más larga desde 1961, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet».

«Es el momento de que las administraciones refuercen el respaldo que merecemos los agricultores y ganaderos, con el fin de potenciar su fortaleza y capacidad para hacer frente con solvencia a tantos contratiempos. Que los agricultores recibamos unos precios justos por nuestras producciones mediante la aplicación rigurosa de la Ley de la Cadena, una Ley de la Agricultura y Ganadería Familiar, poner freno a la subida desmesurada de los inputs, y la defensa de nuestros productos frente a las importaciones procedentes de terceros países, deben ser los principales retos que las administraciones públicas deben encarar», apunta el propio Cano.

El año con más siniestralidad

En cuanto a su balance anual, COAG abunda en que 2023 también pasa a la historia por ser la primera vez que la siniestralidad en el campo español supera la barrera de los 1.000 millones de euros, a raíz de la sequía.

«Es necesario un pacto de Estado para que, aparte del Ministerio de Agricultura, haya una implicación de los ministerios de Transición Ecológica, Economía y Hacienda en el rediseño de las políticas de gestión del riesgo en el campo», expresa el responsable de Seguros Agrarios de COAG, Pedro García.

Asaja ha lamentado, además, que las ayudas para agricultores y ganaderos hayan descendido en la provincia en un total de 67 millones de euros, lo que sumado al descenso en 50 de la facturación, sitúan al campo malagueño en vía muerta. Con el precio del aceite más elevado que nunca, el olivar sigue siendo el cultivo mayoritario de la provincia, con más de 135.000 hectáreas.

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Sin embargo, la producción es de unas 30.000 toneladas (el peor registro desde 2003). El precio en origen prácticamente se ha duplicado «para evitar un caos en la facturación», como sostiene Asaja. Los cultivos hortícolas y tubérculos, no obstante, han incrementado su facturación en un 1,44 %,, hasta los 142 millones de euros.

Y en el caso del tomate, la facturación ha descendido un 18%, hasta ser de 7,4 millones de euros menos. Ha caído de manera mucho más alarmante en el subtropical, pues en dos años ya arrastra pérdidas brutas del 43% y se ha quedado en los 85 millones de euros (un 18% menos que en 2022). Sólo en el mango, la producción bajó hasta los 8 millones de kilos.