España se blinda ante emergencias por fallos graves de suministro de gas

España busca rearmar aún más su seguridad de suministro de gas natural, en línea con las exigencias de la Unión Europea de blindar los sistemas energéticos comunitarios en plena estrategia para romper cada vez más la antigua dependencia de los hidrocarburos de Rusia. El Gobierno prepara una batería de planes de emergencia y prevención y algunas reformas legales para tener identificado el mapa de riesgos y protegerse de manera anticipada ante posibles fallos en las entradas de gas al país.

El Ejecutivo, ahora en funciones, ha sacado a consulta pública en busca de aportaciones del sector energético la revisión del Plan de Emergencia y el Plan de Acción Preventivo del sistema gasista español hasta 2026 para remitírselo a la Comisión Europea, así como la actualización del plan de actuación invernal nacional y una adaptación de las normas de gestión técnica del sistema gasista que son competencia del Ejecutivo.

Todas ellas regulaciones entrelazadas e interdependientes para decidir cómo prevenir problemas de suministro y, en caso de que sucedan, establecer cómo actuar para paliar sus consecuencias especialmente sobre los hogares y los servicios esenciales, y también para alimentar las centrales de gas para producción de electricidad. Las medidas anticipatorias de fallos en la seguridad energética se han venido reforzando en la UE desde la crisis energética y por el cruce de sanciones económicas y comerciales entre Europa y Rusia tras la invasión militar de Ucrania.

Simulación de fallos graves

El Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Teresa Ribera ahora en funciones, ha realizado como parte del plan preventivo simulaciones sobre cómo soportaría el sistema gasista español cortes de suministro totales o parciales de gas desde Argelia (el mayor proveedor hacia España), desde Rusia o desde Noruega y también en caso coincidir situaciones de alto consumo y fallos graves en las grandes infraestructuras del país, como cada una de las plantas de regasificación españolas (las que reciben el gas por barco), los almacenes subterráneos o la red de gasoductos interna y con otros países europeos.

El análisis del Gobierno concluye que el sistema gasista conseguiría aguantar sin un peligro alto en la continuidad del suministro en todos los escenarios estudiados de emergencia por fallos e interrupciones en la entrada de gas, aunque sí anticipa que en algunos casos el resultado sería una subida importante de los precios que habría que pagar por el gas para conseguirlo.

El Ministerio confirma que ninguno de los múltiples riesgos identificados supondría un problema de abastecimiento de gas a los clientes protegidos (hogares, pymes y servicios esenciales), tanto en caso de cese de importaciones desde Argelia como desde Rusia y también si problemas en las diferentes grandes infraestructuras gasistas españolas (subrayando que también es así en caso de fallo de la principal vía de entrada de gas al sistema nacional, que es la planta de regasificación del puerto de Barcelona).

“El mayor riesgo identificado es el fallo de la planta de Mugardos en día de punta invernal”, advierte el Gobierno, que no obstante subraya que incluso en este escenario “la cobertura total del consumo de “clientes protegidos” estaría garantizado”. Para prevenir posibles fallos en esta planta de regasificación operada por Reganosa en el puerto de Ferrol, en A Coruña, el Ejecutivo anticipa que podría ser necesario recurrir a la operación conjunta de las conexiones entre España y Portugal, forzar a la gran industria de la zona a dejar de consumir gas, disminuir el uso de centrales de gas para producir electricidad e incluso activar el acuerdo de asistencia mutua con Portugal.

Clientes protegidos

El Gobierno también ha activado el proceso para aprobar nuevas normas de gestión técnica del sistema eléctrico, con el objetivo de adaptarlas al reparto de competencias entre el Ejecutivo y la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y a la regulación comunitaria al respecto.

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La regulación en ciernes consagra la imposibilidad de cortar el suministro a los clientes protegidos (consumidores domésticos, pymes y servicios sociales esenciales), que tienen garantizado su abastecimiento salvo en el caso de que se active la petición de solidaridad de otro país de la UE en caso de emergencia. En tal caso, se excluiría del listado de los clientes protegidos en virtud del mecanismo de solidaridad a las pymes.

A los clientes no protegidos, singularmente grandes consumidores empresariales, sí se les podrá cortar el suministro en caso de crisis siguiendo un orden en función de la criticidad de la actividad que desarrollan (si la interrupción puede tener efectos negativos en las cadenas de suministro con repercusión para la salud, la protección, la defensa o el medio ambiente; el impacto que puede tener en el conjunto de las cadena de valor nacional y de la UE; los posibles daños en sus instalaciones en caso de parada, consideraciones económicas…).