Conflicto empresarial

El futuro de Celsa, a juicio: Los fondos acreedores defienden que no cerrarán fábricas

Manuel Martínez-Fidalgo, socio de Houlihan Lokey, ha declarado en el marco de las vistas orales sobre la homologación del plan de reestructuración presentado por los acreedores, que si Celsa vendiese hoy todos sus activos no bastaría para cubrir la deuda

El futuro de Celsa, a juicio: Los fondos acreedores defienden que no cerrarán fábricas.

El futuro de Celsa, a juicio: Los fondos acreedores defienden que no cerrarán fábricas.

3
Se lee en minutos

En medio del juicio que afecta al futuro de Celsa, los fondos acreedores que aspiran a arrebatarle el control a la familia Rubiralta han cargado contra la gestión actual de la compañía. Esta, a juicio de Houlihan Lokey, asesor financiero del grupo de acreedores que representa el 90% de la deuda 'jumbo' y en torno al 90% de la convertible (unos 2.200 millones de euros en total de pasivos), ha sido "desastrosa" e insisten en que su plan de reestructuración no prevé ni cierres de plantas ni deslocalizaciones.

Manuel Martínez-Fidalgo, socio de Houlihan Lokey, ha declarado en el marco de las vistas orales sobre la homologación del plan de reestructuración presentado por los acreedores, que si Celsa vendiese hoy todos sus activos no bastaría para cubrir la deuda. “Si la compañía valiese lo que dicen que vale no estaríamos aquí, porque podrían obtener financiación en el mercado”, ha añadido. “Si fuese cierto que con la mejora del ebitda y del flujo de caja registrado en los dos últimos años se pudiera refinanciar la deuda, los actuales accionistas no se hubieran arriesgado a perder el control de la compañía en un proceso como este”.

Además de insistir en que el plan de reestructuración presentado por los fondos incluye únicamente una reestructuración financiera, y que en él "no están previstos ni cierres de plantas ni deslocalizaciones", ha añadido que los fondos son entidades internacionales que "tienen capacidad para aportar capital adicional o conceder financiación si fuese necesario en el futuro".

A su juicio, lo que hay que valorar "es si el plan de reestructuración que presentan los acreedores hace viable a la compañía a corto y medio plazo, y si este es mejor que la única alternativa posible, que es la insolvencia". Los fondos reiteran su intención de crear un consejo con candidatos con amplia experiencia industrial y de reconocido prestigio, y han aportado detalles al respecto: “Ya hay un 'head hunter' buscando y serán los nuevos consejeros los que diseñen ese plan industrial”.

Según PwC, atendiendo a las proyecciones financieras en las que se sustenta la valoración de Celsa que defienden los fondos, la compañía no generaría recursos suficientes para hacer frente al servicio de la deuda a partir de 2024. A juicio de los expertos de esta consultora, "la nueva deuda a 5 años planteada por los fondos lleva a la insolvencia a Celsa en el segundo año".

En la primera sesión del juicio, que comenzó el lunes pasado y durará hasta la semana que viene en el juzgado de lo mercantil número 2 de Barcelona, la defensa de los Rubiralta afirmó que sería "un desastre" para la siderúrgica que esta cabara en manos de sus acreedores.

Más de 10.000 empleos en vilo

La compañía, que actualmente mantiene unos 10.000 empleos directos en toda España y cuenta con el apoyo de los sondicatos, el Govern, los Ejecutivos de Cantabria y Euskadi y de Foment del Treball, entre otros, se mide contra sus acreedores, como Sculptor, CVC, SVP, Golden Tree, Cross Ocean y JP Morgan. Estos han invocado la ley concursal para apartar a la actual dirección y hacerse con la propiedad de la compañía. 

Noticias relacionadas

Una de las claves del conflicto consiste en determinar cuánto vale Celsa. Las partes han presentado sus propios informes sobre esta materia. Los fondos de inversión se apoyan en el elaborado por Lexaudit, quien actuó como mediador en el proceso judicial -del que Celsa trató sin éxito de excluirlo- y tasó la empresa en entre los 2.400 y los 2.800 millones de euros.

En contraste, Celsa presentó sus propios informes, elaborados por Lazard y AZ Capital, que valoraban la empresa en 6.000 millones de euros. El problema de este grupo en la actualidad son unos elevados niveles de deuda: 2.700 millones de euros, de los que 2.200 millones están en manos de fondos de inversión internacionales.