El PP propone crear una nueva tasa a las renovables y el Gobierno dice que existe desde el franquismo

España se prepara para un auténtico boom de nuevas plantas de energías renovables durante los próximos años. En los últimos meses el Gobierno central y las comunidades autónomas vienen tramitando cientos de solicitudes de nuevos proyectos para obtener sucesivos permisos obligatorios de una largo proceso burocrático hasta su puesta en funcionamiento. Una compleja tramitación que a momentos ha desbordado a las Administraciones y ha provocado situaciones de colapso burocrático en algunas regiones.

El programa electoral del Partido Popular para el próximo 23J, hecho público este martes, contempla la creación de una nueva tasa que se cargará a las compañías de renovables para financiar todos estos trámites burocráticos. Cerca de un millar de proyectos verdes se han embarcado en un proceso de tramitación de cinco años en el que han de ir superando hitos temporales obteniendo sucesivas autorizaciones. La propuesta del PP es crear una “tasa por hito” para financiar el sobrecoste que las Administraciones soportan para gestionar todos estas solicitudes.

“Desbloquearemos el proceso de concesión de permisos y aprobación en la instalación de renovables”, promete el PP en su recién estrenado programa electoral. “Para ello, introduciremos una “tasa por hito” que, con cargo al promotor del proyecto, financie el incremento de los medios necesarios para que la Administración agilice la gestión de los expedientes, evitando el colapso burocrático”, apuntan los populares en el texto programático.

Tras conocer la propuesta, el Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Teresa Ribera, ha subrayado que esa tasa ya existe y que se puede aplicar desde que se creó hace sesenta años por el régimen franquista, mediante sendos decretos firmados por en 1960 por Luis Carrero Blanco, entonces ministro subsecretario de Presidencia del Gobierno y posteriormente presidente del Ejecutivo dictatorial. Se trata la Tasa 054, que, según el Ministerio, se ha estado aplicando a las tramitaciones de permisos renovables que se gestionan en la actulidad y que ha servidio para financiar la contratación, por ejemplo, los servicios externos de la empresa pública Tragsatec cuando se han necesitado como refuerzo.

El Gobierno actual acaba de dar un balón de oxígeno a cientos de proyectos de nuevas renovables para que sigan vivos. El macrodecreto escoba aprobado la semana pasada por el Consejo de Ministros incluye una extensión de seis meses adicionales para que plantas de energías renovables en proyecto consigan la autorización de construcción. Una prórroga que para cientos de plantas supone una salvación ‘in extremis’ porque, si no obtenían en menos de un mes (antes del 25 de julio) ese permiso, los proyectos perderían su codiciado punto de conexión a la red eléctrica y tendrían que volver al inicio del largo proceso burocrático que dura unos cinco años.

Como contrapartida, el PP avanza que pretende ampliar el silencio positivo como regla en la relación con la Administración. "Realizaremos una auditoría del régimen administrativo con la finalidad de ampliar el silencio positivo a aquellos trámites que tengan como fin el inicio de una actividad comercial o económica", apunta el programa, pero sin precisar a qué ámbitos se puede acabar aplicando y si el de la tramitación de las nuevas plantas renovables sería uno de ellos.

El próximo atasco no será burocrático

La prórroga concedida en el decreto ómnibus de final de legislatura supone un respiro para casi un millar de proyectos verdes que se exponían al colapso inminente. Pero desde el sector de las renovables se alerta de que la medida es sólo un parche para solventar el problema inminente que se avecinaba, y que en los próximos años la industria renovable afronta un atasco aún mayor para conseguir tener operativas las plantas a tiempo que el actual Ejecutivo ha dejado sin solventar.

Las compañías eólicas y fotovoltaicas han alertado ya, no obstante, de que el gran problema se producirá después y no será estrictamente burocrático. El Gobierno ha concedido seis meses más para obtener ahora la autorización de construcción, pero mantiene intactos los plazos de que las plantas estén funcionando cinco años después de iniciar la tramitación (en la mayoría de los casos deben estar plenamente operativas antes del 25 de junio de 2025).

El sector renovable advierte de que el riesgo de colapso se producirá por la concentración de todos los trabajos de construcción de las plantas sólo en los próximos dos años. Y es por ello que desde las empresas promotoras de proyectos verdes critican que el Gobierno actual no haya concedido plazos mayores para la puesta en funcionamiento, y reclaman al próximo Ejecutivo que salga de las elecciones del 23J otra prórroga para evitar el colapso de cerca de un millar de plantas ahora en tramitación.

Eólicas y fotovoltaicas alertan de la saturación a la que se someterá a las cadenas de suministro para poder construir las nuevas plantas en tan corto periodo de tiempo. No se trata sólo de lograr tener a tiempo los paneles solares o los aerogeneradores, sino de conseguir compañías para realizar los trabajos de construcción, el transporte de los equipos, las grúas para instalarlos, de que haya mano de obra suficiente… cuando todo el sector se esté disputando los mismos servicios para tener listas sus plantas.

Mil plantas verdes en proyecto

El pasado enero proyectos con una potencia conjunta de 58.000 megavatios (MW) obtuvieron la obligatoria declaración de impacto ambiental (DIA) para seguir adelante con sus planes. Era sólo una etapa burocrática de las varias que las compañías energéticas van a tener que superar aún hasta tener en marcha las plantas.

Tras la obtención de la declaración ambiental, la inmensa mayoría de los proyectos en tramitación consiguieron del Gobierno central (para proyectos de más de 50 MW) o de las comunidades autónomas (para los de menor tamaño) la autorización administrativa previa antes del 25 de abril y ahora les tocaba obtener la autorización administrativa de construcción antes del 25 de julio.

Proyectos por 15.000 MW ya habían conseguido este último permiso, pero los 43.000 MW restantes se exponían a decaer en unas semanas por el atasco burocrático y porque en muchos casos se les había requerido modificaciones al proyecto o nuevas exigencias que hacían imposible cumplir con el plazo. Además de estos 43.000 MW cuyo tiempo se agotaba de manera inminente, plantas de otros 10.000 MW que disponían de más tiempo y que tenían que obtener los permisos más adelante, también se beneficiarán de la prórroga de seis meses, explican fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica.

En total, un millar de proyectos por un total de 68.000 MW deben afrontar sus trabajos de construcción en poco más de dos años (58.000 MW antes del 25 de junio de 2025 y los otros 10.000 MW con plazos algo superiores). “Es indudable que hará falta otra prórroga. Es inevitable que el próximo Gobierno tendrá que dar más tiempo para evitar que cientos de plantas acaben por colapsar”, indica otro ejecutivo del sector.

Un solo bono social

Otra de las propuestas novedosas que contempla el programa electoral del PP pasa por unificar en un solo bono social energético las ayudas para hogares vulnerables para afrontar el coste de los suministros energéticos. Un único programa que no implicará descuentos en la factura, sino que se articulará a modo de ‘cheque ayuda’ y al que podrán acogerse los consumidores con independencia de la tarifa que tengan contratada (regulada o del mercado libre).

“Crearemos un Bono Social Único (BSU), como un pago directo al consumidor, que sustituirá y mejorará los actuales bonos eléctrico y térmico y será compatible con cualquier tipo de contrato de electricidad y gas”, recoge el programa popular. La vicepresidenta Ribera ha subrayado que el PP no aclara quién financiará ese bono social. Actualmente el bono social eléctrrico (con unos coste de más de 800 millones de euros anuales) los asumen todas las empresas del sector eléctrico, mientras que el bono térmico (unos 260 millones) lo asume los presupuestos generales del Estado.

El bono social eléctrico permite aplicar rebajas en las facturas de luz de entre el 25% y el 40% en función del grado de vulnerabilidad de los clientes (actualmente, como parte de las medidas anticrisis los descuentos se han elevado de manera temporal hasta el 65% y el 80% del recibo) y para acceder a él se ha de tener contratada la tarifa regulada de luz, denominada precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC).

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Los beneficiarios del bono social de la luz tienen acceso directo al bono social térmico, un cheque ayuda para pagar parte de los gastos de gas, agua y calefacción de estas familias. El bono térmico actualmente implica la concesión de un pago único de entre 40 y 375 euros anuales en función del grado de vulnerabilidad y de la zona climática en que vivan los beneficiarios.

En paralelo, el PP también apunta que que “obligará” las eléctricas a “estandarizar una amplia oferta de productos en el mercado libre (con precio estable, discriminación horaria, cuotas fijas, cuotas planas) para todos los clientes en baja tensión”.