MACROECONOMÍA

Cumplir con Bruselas implica un ajuste de gasto de 15.678 millones

El compromiso español para situar el déficit en el 3% en 2024 y la recuperación del pacto europeo de estabilidad imponen contención presupuestaria al Gobierno que salga del 23J

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en un acto en Londres.

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en un acto en Londres. / ‘activos’

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La obligación contraída por el Gobierno de España al remitir la Actualización del Programa de Estabilidad de tener un déficit del 3% para 2024, junto con la recuperación de las reglas del Pacto de Estabilidad europeo, supone para el próximo Ejecutivo que salga de las elecciones generales que se celebrarán el próximo 23 de julio acometer un ajuste de gasto de unos 15.678 millones de euros, según estimaciones propias.

La marcha de la recaudación en los primeros meses de este año, las previsiones de crecimiento económico y una rigidez importante en las principales partidas de gasto (es decir, pensiones, salarios públicos e intereses de la deuda) conllevan este ajuste adicional para reducir el déficit público del 4,8% del producto interior bruto (PIB) con el que se cerró 2022, al 3% del PIB en 2024, pasando por el 3,9% previsto para este 2023.

En los próximos seis meses, la Comisión Europea retomará las reglas de déficit y deuda congeladas desde que estalló la pandemia de coronavirus. Aunque la arquitectura definitiva del nuevo marco fiscal europeo no se cerrará hasta pasadas las elecciones al Parlamento Europeo, previstas para junio del año que viene, lo que parece seguro es que los gobiernos de los estados miembros que más déficit público tienen pasarán a sufrir una vigilancia más estrecha, con el objetivo de que hagan los ajustes necesarios y encaucen el rumbo de sus finanzas públicas. Más aun teniendo en cuenta que la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) es contractiva y está poniendo a la venta en el mercado cientos de miles de millones de deuda de los países.

Proyecciones

Es lo que sucede con España. El año 2022 se despidió con un déficit global de las administraciones públicas del 4,8% del PIB, lo que equivale a unos 63.776 millones de euros. Siguiendo la proyección de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), 2023 acabará con un déficit del 4,1% (la previsión del Gobierno formado por PSOE y Unidas Podemos es del 3,9%) mientras que para 2024 el cierre estará en el 3%, coincidiendo con lo que dice la Actualización del Programa de Estabilidad.

Si se toman como referencia las estimaciones que la AiREF hace del PIB nominal (el 6,8% más en 2023 y el 5% más en 2024) y la cifra de PIB nominal de 2022 (1,32 billones de euros), el déficit público debería descender este año hasta los 58.111 millones de euros, mientras que en 2024 la cifra de déficit acabaría en 44.646 millones. Esto significa que entre 2023 y 2024 es necesario reducir el déficit en unos 19.129 millones.

Para hacer realidad el cumplimiento de los objetivos, es necesario echar mano tanto de los ingresos como de los gastos. En grandes números y sin tomar medidas adicionales, el gasto total de las administraciones públicas se situará en 2024 cerca de los 685.000 millones de euros, un récord histórico, lo que equivale al 46% del PIB. El grueso de esta cifra está compuesto por partidas que probablemente sigan teniendo crecimientos en el próximo año y medio, como es el caso de las pensiones (prácticamente todos los partidos están de acuerdo en revalorizarlas con el IPC), los salarios públicos (para cumplir con el pacto al que se llegó en 2022 de subir el 9,5% entre 2022 y 2024) y los intereses de la deuda (que ahora están en torno a 31.500 millones).

No obstante, por otro lado, los ingresos, después de haber disfrutado de un extraordinario 2022, están empezando a mostrar claros síntomas de flaqueo. Así, la estimación validada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal para este año es de un crecimiento del 5,8%, mientras que para 2024 se calcula que sea del 6%.

Realidad diferente

Sin embargo, la realidad de estos primeros meses transcurridos de 2023 parece algo diferente. La última ejecución presupuestaria, correspondiente a los cuatro primeros meses de este año, arroja un crecimiento de los ingresos esperados del 3,5% en comparación con el mismo periodo de 2022 en la Administración central. En el caso de la Seguridad Social, la ejecución se está comportando mejor, aumentando el 9,7% si tomamos como referencia la misma fecha y periodo. Con lo cual, la realidad sugiere que el crecimiento de los ingresos será sensiblemente menor.

¿Por qué es probable que el ritmo de crecimiento de la recaudación sea menor? Porque en los próximos meses, según las previsiones realizadas por el panel de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), el crecimiento económico seguirá aportando mayor recaudación, pero la inflación no. Conforme se van conteniendo los precios, el dividendo en forma de mayor recaudación que supone la inflación es menor. Por tanto, lo más prudente es calcular un incremento de los ingresos del 5% cada año. Esto origina una desviación entre la previsión del déficit calculado por AiREF y el déficit estimado sobre este crecimiento del 5% de los ingresos.

Ajustar el gasto

De esta forma, para 2023, la diferencia entre el déficit previsto (58.112 millones de euros) y el déficit estimado con este crecimiento más modesto de los ingresos (62.856 millones) es de 4.744 millones, mientras que para 2024 la diferencia es mayor: 10.934 millones. En total son 15.678 millones. Dado que no es nada fácil modificar sustancialmente la senda de los ingresos, este ajuste tendrá que llevarse a cabo por la vía del gasto.

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Con independencia del Gobierno que salga de las urnas el 23 de julio, no se podrán aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado hasta bien entrado el año que viene dado que no hay tiempo para cumplir los plazos habituales. No será posible presentar un techo de gasto no financiero en verano y tampoco entrar los Presupuestos antes del 30 de septiembre en las Cortes Generales para su debate parlamentario y entrada en vigor el 1 de enero del año que viene.

Y siempre que se produce una prórroga presupuestaria, es más fácil actuar por la vía del gasto que por la vía de los ingresos, ya que los impuestos y otros ingresos no se pueden modificar, pero las partidas de gasto sí, generando un ahorro con el cual se puedan cumplir las metas pactadas con Bruselas.