El Ejecutivo declara el taxi como servicio de interés público y habilita a las comunidades autónomas para limitar las VTC

Las comunidades autónomas y los ayuntamientos podrán limitar las autorizaciones de licencias VTC con arreglo a motivos medioambientales y gestión del tráfico en las ciudades. Así se recoge en el real decreto recién aprobado en el Consejo de Ministros anunciado por la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, durante su posterior intervención en la rueda de prensa. El texto también incluye la prórroga de todos los descuentos en el transporte público hasta final de año y medidas de protección al taxi, como apostar por su declaración como servicio de interés público, aunque con requisitos de calidad más exigentes. "Ha de garantizar un servicio de calidad para todos los usuarios, no discriminatorio y con una cobertura de prestación suficiente en todo el territorio", se explica en el comunicado enviado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. A partir de esta calificación, las comunidades autónomas podrán mejorar el servicio ofrecido por los taxis.

Calviño ha explicado que la intención del Ejecutivo es adaptar el régimen jurídico del servicio de arrendamiento de vehículos de turismo con conductor, conocidos como VTC, a la jurisprudencia europea de este mismo año. La última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europa, si bien declaraba ilegal la aplicación de la ratio impuesta en Barcelona de 1 VTC por cada 30 taxis, abría la puerta a limitar las VTC si se argumentan motivos medioambientales o de congestión del tráfico. Y eso ha hecho el Ejecutivo al modificar las condiciones para otorgar nuevas licencias de VTC a través de la ley de ordenación de transporte terrestre primando criterios de calidad del aire o de gestión de tráfico o uso del espacio público.

Esto afectará a las licencias pendientes de autorización cuando entre en vigor el decreto. En la práctica, el cambio del Ejecutivo afectaría a las miles de licencias que fueron rechazadas en base a la ratio de 1 VTC por cada 30 taxis y que de acuerdo con la sentencia del TJUE ahora quedarían legitimadas. Si por aplicación de estos criterios medioambientales no se otorgara la autorización, se suspenderá el procedimiento que podrá reanudarse en cualquier momento previa solicitud del interesado que acredite el cumplimiento de dichos criterios en el plazo de tres años desde la notificación inicial del incumplimiento.

Las autorizaciones podrán ser denegadas por aplicación de criterios relacionados con la reducción de emisiones de CO2, gestión del transporte, del tráfico y del espacio público que serán establecidos por cada comunidad autónoma. Por ejemplo, deberá utilizarse un criterio objetivo de congestión viaria que podrá estar basado en un indicador que refleje la diferencie entre la velocidad media en condiciones de flujo libre y la velocidad registrada en distintos momentos del día. En la nueva norma se establece que la licencia también podrá ser denegada si en el momento del otorgamiento se superan los umbrales regulados de contaminación en alguna zona o aglomeración incluida en la comunidad autónoma del domicilio de la autorización.

El texto aprobado este martes incluye cuatro puntos principales, entre los que destaca esta dotación de herramientas a los entes autonómicos y locales, que tienen las competencias de taxis y VTC, para limitar nuevas autorizaciones de estas últimas, tal y como demandaba el sector del taxi.

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En cualquier caso, el taxi puede encontrar dificultades para que se apliquen estas excepciones, puesto que la sentencia también matiza que las VTC favorecen la reducción del uso del coche privado y la movilidad "gracias a su oferta digitalizada y flexible", por lo que no solo no chocarían contra la protección del medio ambiente, sino que, a juicio europeo, lo salvaguarda.

Asimismo, incluye una exigencia para que el titular de una autorización VTC disponga del vehículo en propiedad o en arrendamiento por un periodo superior a tres meses, así como aumentar las exigencias con respecto a la reducción de las emisiones de CO2 en esas autorizaciones.