Ley de vivienda, cuando la ideología vence al sentido común

Pedro Sánchez ha vuelto a hincar la rodilla frente a sus socios de Gobierno y en un año marcado por las citas electorales ha querido salir en la foto de los salvadores del mercado de alquiler en España. Nadie duda de que la situación actual requiere actuaciones que pongan freno a la imposibilidad de muchas familias de poder acceder a una vivienda digna en condiciones económicas aceptables, pero no hay que olvidar que el problema actual es fruto de una escasa y nefasta política de vivienda social arrastrada durante años que nos pone a la cola de Europa, siendo nuestro parque residencial 10 veces inferior al de los Países Bajos y Austria. 

En este contexto, la ley de vivienda, que parece que será, ahora sí, aprobada en las próximas semanas de manera definitiva, no hará más que entorpecer el avance y la profesionalización del mercado del alquiler de nuestro país. El nuevo texto amplía la duración de los topes a las actualizaciones del alquiler, define al gran tenedor por número de viviendas en propiedad y acaba con el pago de los honorarios de las inmobiliarias por parte de los inquilinos, por mencionar algunas medidas. Todas ellas muestran un objetivo electoral basado en el populismo y no en un criterio definido en función del conocimiento sobre el funcionamiento del sector de la vivienda. Nada extraño teniendo en cuenta que su redacción se ha hecho de espaldas a todo el sector.

Sesgo de la confirmación

Como seres no racionales, en materia económica tendemos a caer en el sesgo de confirmación, que es la tendencia de las personas a buscar información que respalde los puntos de vista que ya tienen, por lo que es fácil escuchar estos días que esta nueva propuesta del Gobierno nos equiparará a países del norte de Europa con regulaciones similares. Esta comparación carece de sentido cuando, por un lado, disponen de un porcentaje de viviendas de alquiler social incomparable con el de España y cuando las características culturales, sociales y económicas de esos países son completamente diferentes y requieren políticas distintas.

El sesgo de confirmación también hace que obviemos aquella información que no respalda nuestros argumentos, y esta es la razón por la que no prestamos atención a la historia reciente en materia de regulación de precios. Casos como el de Barcelona, Berlín, Copenhague y París reafirman el fracaso de estas políticas que ya se intentaron aplicar sin éxito con mucha más anterioridad en Nueva York, San Francisco y Estocolmo.

Espero equivocarme, pero no dudo que este es solo el primer paso de una política intervencionista que irá a más en el futuro; acogiéndonos a experiencias pasadas, a medio plazo podremos ver diferentes fenómenos combinatorios. Por un lado, asistiremos a una bajada de la oferta de vivienda en alquiler ya que caerá la producción y el número de pisos disponibles. Mucha oferta actual de alquiler saldrá a la venta para ser comprada por aquellos con más solvencia, práctica que aumentará la brecha social y que es la antítesis de lo que debería ser la política social de la Administración pública.

Cuando se alquile, se buscarán las máximas garantías, por lo que aquellos potenciales inquilinos más desfavorecidos serán apartados de la posibilidad de alquilar un inmueble al no tener un mínimo de solvencia; esto nos llevará a más ayudas que implicarán un aumento del déficit y una subida generalizada de impuestos.

Un mercado intervenido es, por definición, un mercado más proclive a la economía sumergida y las soluciones imaginativas para eludir el límite de precios, por lo que se judicializará aún más el mercado creando constantes conflictos. Por último, disminuirá la calidad del parque de viviendas en alquiler ya que se desincentivará que los propietarios inviertan en mantenimiento, lo que llevará a un paulatino deterioro por una deficiente conservación física de los inmuebles.

Buscar culpables

A largo plazo, como los resultados obtenidos no serán los prometidos, llegará el momento de buscar culpables, pues como bien sabemos este Gobierno no es muy proclive a la asunción de errores. Cuando no es la banca, son los "malvados" fondos, pasando por jueces que no aplican bien la ley, la patronal inmobiliaria y empresas "antipatrióticas" que se marchan del país en una clara muestra de desagradecimiento. 

¿Rectificarán entonces? No, será el momento de dar una vuelta más a la tuerca de la intervención obligando a los propietarios a alquilar a quien ellos digan y en las condiciones que ellos impongan, así como diciéndoles a los profesionales del sector de qué manera pueden ganar dinero y bajo qué circunstancias, y dando un paso más hacia la posibilidad de expropiar viviendas cuando así lo consideren sustituyendo el derecho de propiedad por una tenencia controlada por el Estado. Se crea así una sociedad más intervenida y dependiente del Estado, que siempre está más adoctrinada y resulta ser más rentable en periodos electorales.

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Resulta curioso llenarse la boca con la palabra social cuando la vivienda es el activo que más impuestos y cargas sufre a lo largo de su vida y la partida presupuestaria que se dedica al alquiler social es paupérrima. Ahora se da una última estocada permitiendo una ley que va a perjudicar a las clases más desfavorecidas generando políticas que van a complicarles el acceso a una vivienda digna.

Demonizar a la propiedad para defender el mercado de alquiler es igual de absurdo que demonizar al tejido empresarial para defender el mercado laboral. No existe el uno sin el otro. Pero cuando se legisla a espaldas del sector y todo el énfasis se pone en manos del márketing político, la ideología emerge como punta de lanza de decisiones estructurales que acabaremos pagando todos con el tiempo. Y, en época de elecciones, la ideología siempre vence al sentido común.