OPINIÓN
¿‘Quo vadis’ ley de vivienda?
Los resultados de las elecciones del 28M plantean serias dudas sobre la aplicación de una norma que tiene más sombras que luces
Archivo - Edificio de viviendas en construcción
Los resultados del 28M marcan un punto de inflexión en el debate y la implementación de la tan discutida ley de vivienda, aprobada el 26 de mayo y que constituye la primera normativa de carácter global sobre la cuestión desde el restablecimiento de la democracia. Tras meses de opinión, que no debate, y de ser utilizada por parte de los dos socios de Gobierno para competir para ver quién es más progresista, el pueblo ha hablado y le ha dado la espalda a una ley con más sombras que luces.
Mucho hemos comentado sobre la política regresiva y perjudicial que supone gran parte del su contenido, tanto desde el punto de vista económico como social. Pero los resultados electorales dan otra vuelta de tuerca al debate al plantear dudas sobre su aplicación en función del color político que gobierne en municipios y comunidades. El artículo 148 de la Constitución adjudica las competencias de vivienda a las autonomías, que, a falta de los pactos correspondientes, se han teñido de azul mayoritariamente. A esto hay que añadir la intervención fundamental de los ayuntamientos en su petición de zona tensionada, por lo que la aplicación generalizada y homogénea de la ley tiene un recorrido limitado.
Varios partidos mostraron su rechazo al votar en contra, empezando por el PP, pero también el PNV y Junts, con destacada presencia en Euskadi y Catalunya. Por lo que tras el 28M, y a la espera del intercambio de cromos que resulte de los pactos pertinentes, solo Navarra, pendiente de coaliciones pero de claro signo a favor de la ley, Asturias y Castilla-La Mancha, gobernadas por el PSOE, y Catalunya, comandada por ERC, pueden ser las regiones que la apliquen en su totalidad.
Pero ante las cruciales elecciones generales del 23 de julio es posible que veamos un wait and see, ya que, de confirmarse la misma tendencia que el 28 de mayo, muchos de los puntos de la norma podrían ser revisados para su posterior modificación, al menos aquellos con mayor disconformidad, como la permisividad ante la ocupación, el tope a las rentas del alquiler y el papel de los intermediarios financieros.
Ya sea por su probable contenido inconstitucional como por un posible cambio de color en el Gobierno central o por su paupérrima aceptación a nivel general, la ley de vivienda puede tener una duración más bien corta. Así que su aplicación en todo el territorio nacional y su implementación homogénea ha quedado en mera declaración oficial de intenciones de escaso recorrido.
Por lo tanto, y con el ventajismo del análisis ex post facto, cabe hacerse varias preguntas. ¿Valía la pena aprobar una ley sin consenso político, social y económico necesario para establecer una normativa populista y que genera fuertes asimetrías entre derechos y obligaciones? ¿Valía la pena disponer de una ley con implementación heterogénea que puede generar competencia desleal entre territorios e incluso entre poblaciones colindantes? ¿Valía la pena jugar con un elemento clave para el desarrollo de la vida de las personas tomando decisiones unilaterales solo para buscar la propaganda fácil pero con pocas posibilidades de tener efectos positivos?
Tres aspectos críticos
Tenemos a la vista unas nuevas elecciones que pueden ser la puntilla definitiva a una norma que requiere modificaciones en los elementos de menos consenso y más perjudiciales para el establecimiento de un orden de carácter estructural que solucione el acceso de los más desfavorecidos a la vivienda.
Tiempo tendremos para analizar el daño económico que supondrá la concatenación de elecciones, ya que, entre los dos comicios más sus tiempos de promesas anteriores y coaliciones y pactos posteriores, sumado todo ello al mes de agosto, la inacción política puede suponer un buen mordisco del PIB anual en un momento en el que no estamos para regalar crecimiento económico.
Seguimos pidiendo que al menos se revisen tres aspectos críticos que han sido obviados deliberadamente y que son motivos de quejas en el sector. Primero, la contención de rentas y el título de gran tenedor, con puro interés populista pero que denotan desconocimiento de la historia económica y de la realidad actual del mercado. Segundo, la permisividad ante la ocupación, al ser el único país desarrollado que permite y promueve la ocupación por la falta de unas políticas públicas adecuadas señalando al propietario como culpable. Y por último, el reconocimiento oficial y la vuelta de la reserva de actividad del API como garante del interés del consumidor al ser partícipe en la intermediación y gran conocedor del pulso de mercado.
Mientras tanto, y ante la expectativa de unos comicios generales de polo y sombrilla donde las promesas electorales volverán a cotizar muy barato, solo nos podemos preguntar: ¿quo vadis ley de vivienda?