Aznalcóllar en su laberinto

Si se cumple el anuncio de reapertura realizado por el consejero de Política Industrial de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, culminaría un proceso muy conflictivo de casi una década. En plena resurrección de la actividad extractiva por la transición energética, Andalucía ha sido la primera región en dotarse de un mapa de minerales críticos. Su producción representa el 40% de la nacional y un 90% de la minería metálica, debido a que por parte de su territorio transcurre un tramo relevante de la llamada Faja Pirítica Ibérica, una de las provincias metalogenéticas más importantes del mundo. Se cumple un año desde que la Junta impulsó siete proyectos que movilizarán 1.270 millones de euros y crearán cerca de 8.000 empleos. A ellos se sumaría el de Aznalcóllar... si las cosas no se tuercen.

Los antecedentes invitan a la cautela. En 2015, un consorcio formado por Grupo México y Minorbis ganó la licitación para explotar sus reservas (cobre, zinc, plomo y plata); pero no ha podido arrancar porque el otro finalista, el liderado por Emerita Resources España y Forbes & Manhattan, acudió a los tribunales por el presunto amaño en el que habrían incurrido el grupo ganador y altos cargos y funcionarios de la Junta. La instructora sobreseyó la causa dos veces, las mismas que su instancia superior ordenó reabrirla. Tras seis años de idas y venidas, dictó juicio oral contra 16 personas por tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude, negociación ilegal y prevaricación ambiental. Entre ellas figuran Vicente Fernández Guerrero, que tuvo que dimitir como presidente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (Sepi), y los hermanos Mario e Isidro López Magdaleno, del holding andaluz Magtel, sobre el que luego volveremos.

Un año después, en noviembre pasado, se fijó para marzo de 2025 el inicio del juicio penal. Por tanto, la sentencia llegará cuando el grupo inicialmente ganador esté en condiciones de comenzar a extraer, tras haber acondicionado la mina, los 35 millones de toneladas de minerales estimados.

Grupo México fue declarado en 2014 responsable del mayor vertido de la historia de su país. En 1998, con Boliden a cargo de la mina de Aznalcóllar, tuvo lugar el “desastre ecológico” que puso en el mapa al municipio sevillano. Tanto la Junta como el Estado siguen hoy litigando con la multinacional sueca. Boliden Apirsa, la sociedad entonces titular de la mina sevillana, sigue hoy activa aunque regida por tres administradores concursales.

Más recientemente (2021 y 2022), la querellante obtuvo de la Junta los permisos de exploración en los proyectos Nuevo Tintillo, sobre terrenos de varios municipios aledaños a Aznalcóllar, e Iberian Belt West, cerca de frontera onubense con Portugal; ambos, pues, en plena Faja Pirítica Ibérica, con reservas de zinc, cobre, plomo, plata y oro. Un eventual éxito de estas prospecciones podría facilitar una salida a la batalla judicial por la reapertura de Aznalcóllar… si no se repite la experiencia poco gratificante que Extremadura, Asturias y Cantabria vivieron con Emerita.

La compañía, presente en España desde 2012, depende de una sociedad canadiense que cotiza en el mercado bursátil de Toronto para mineras de pequeña dimensión. No obstante, los proyectos que figuran en su página corporativa se reducen a los citados en nuestro país. Quizás por ello su cara visible, el geólogo onubense Joaquín Merino-Márquez, figura como presidente y director de la matriz norteamericana y fue hasta diciembre pasado administrador único de la filial española, donde otro Joaquín, Martín Ruiz es, desde septiembre, vicepresidente corporativo.

Pese a este marcado ascendente español, Emerita lo reforzó acudiendo a la licitación de Aznalcóllar asociado al grupo andaluz Morera & Vallejo, holding fundado y presidido por Antonio Morera Vallejo que comenzó su andadura en el campo de los seguros para, paulatinamente, diversificarse hacia otros sectores y países. Lo mismo hizo Grupo México con Magtel, iniciativa de los cinco hermanos López Magdaleno y también diversificada en energía, telecomunicaciones, transformación digital e infraestructuras.

Ambos socios minoritarios han vivido en primera persona el embrollo de la reapertura de la mina de Aznalcóllar. Y, aunque pendientes de su resolución final, han seguido con sus vidas trazando trayectorias paralelas en otro eslabón de la cadena de valor de la transición energética: las renovables. Morera & Vallejo ha tramitado y desarrollado plantas fotovoltaicas en Andalucía (varias en Aznalcóllar y poblaciones colindantes), Murcia, Navarra y Castilla-La Mancha. La propiedad actual de estos proyectos se reparte entre la propia promotora (sola o en compañía de otros), la francesa TotalEnergies, la portuguesa Galp New Energies o la familia alemana Wirtgen.

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Por su parte, los López Magdaleno han presentado, tramitado y/o desarrollado por toda España decenas de proyectos hidráulicos de bombeo reversible y otras tecnologías de almacenamiento, así como de solar flotante, eólica, fotovoltaica y termosolar. Y algunos de ellos, como en el caso de sus rivales, han acabado en otras manos según la fórmula conocida como ready to build: una empresa se ocupa de todos los trámites y permisos previos (suelo, acceso y conexión a la red, declaración de impacto ambiental, licencias de construcción y explotación) y vende a un tercero el proyecto. Entre esos terceros se encuentran Amarenco, Aquila Clean Energy, A & G Banca Privada, Fotowatio Renewable Ventures (FRW), Engie España y Bruc (cortejada, entre otros, por Amancio Ortega).

Entre las plantas ya operativas y las que se construirán, Aznalcóllar y su comarca se han convertido en la meca sevillana de la energía fotovoltaica. Ahora (en palabras del alcalde aznalcollero, Juan José Fernández), “lo que queremos es que la mina se abra de una vez por todas”.