Un hachazo de 5.700 millones para el campo

Apenas han pasado dos semanas desde la publicación en el BOE del decreto con los nuevos planes de cuenca de los ríos españoles, que en la práctica supondrá un considerable recorte del trasvase Tajo-Segura, y en las zonas receptoras ya se empiezan a registrar las primeras consecuencias. "Para este verano plantaremos un 25% menos de hectáreas de melones y sandías, y no tenemos claro en qué condiciones saldrá el restante 75%", asegura Juan Francisco Abellaneda, presidente de la cooperativa Deilor, en el municipio murciano de Totana. Para la campaña de invierno, en la que producen brócoli, coliflores y lechugas, ni siquiera se atreve a hacer previsiones.

Como es lógico, Abellaneda ya anticipa que este recorte de producción también supondrá un ajuste en la plantilla de la compañía, conformada por unos 750 trabajadores fijos discontinuos. Malas noticias para una zona, la que riega el trasvase, donde la renta per cápita se sitúa entre un 18% y un 24% por debajo de la media nacional, según los últimos datos del INE, y donde el sector primario sigue teniendo un peso primordial.

Se trata de toda la Región de Murcia, el sur de la provincia de Alicante y el norte de Almería, un área que en las últimas décadas ha llevado a gala el calificativo de la ‘huerta de Europa’, gracias a una agricultura intensiva y altamente tecnificada que permite suministrar frutas y hortalizas a todo el continente.

Así, el impacto anual del trasvase en la economía de estas tres provincias se cifra en unos 3.600 millones anuales, de acuerdo con los cálculos del director de la Cátedra del Agua de la Universidad de Alicante (UA), Joaquín Melgarejo. Eso sí, con un agua traída desde varios cientos de kilómetros más al norte, de los embalses de Entrepeñas y Buendía, que ahora correrá por el cauce del Tajo para garantizar el nuevo caudal ecológico que ha fijado el Gobierno. Una decisión contra la que ya se han revuelto los ejecutivos de las comunidades afectadas y los propios regantes, que preparan sus respectivos recursos ante los tribunales para revertir la reducción de los envíos.

El Gobierno justifica la medida en el cambio climático y en la obligación de cumplir con varias sentencias, tanto del Tribunal Supremo como de la Justicia europea, que instan a fijar ese caudal ecológico para el Tajo. A cambio, promete inversiones millonarias para suplir con otras fuentes -principalmente con agua desalada- el recorte en los desembalses desde los reservorios castellano-manchegos.

Sin embargo, los regantes insisten en la ilegalidad de la medida, que, a su juicio, no ha tenido en cuenta la demanda preexistente que supone el trasvase Tajo-Segura a la hora de fijar esos caudales ecológicos, y no entienden que se haya cerrado el grifo sin tener lista una alternativa, que tampoco consideran como tal.

"Lo que sabemos es que este año ya va a llegar menos agua del trasvase. Lo demás son promesas que no sabemos cuándo llegarán ni si se harán realidad algún día", insiste el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez.

El decreto aprobado ha establecido el caudal mínimo en siete metros cúbicos por segundo, frente a los seis que circulaban hasta ahora. En enero de 2026 se elevará a 7,97 metros y, a partir de 2027, será de 8,65. Esto supondrá una disminución del volumen disponible para trasvasar, que los cálculos del director de la Cátedra del Agua de la UA cifran en unos 105 hectómetros anuales, de los algo más de 300 hectómetros que se han venido trasvasando en los últimos años.

En la práctica significará la pérdida de 27.314 hectáreas de regadío -el 15,62% de la superficie total de las áreas receptoras-, según las estimaciones del experto, lo que también se traducirá en la desaparición de unos 15.300 empleos directos.

Melgarejo calcula que los regantes sufrirán un zarpazo de hasta 5.692 millones de euros, entre la pérdida patrimonial que acarrea el abandono o el paso a secano de estos terrenos, y el lucro cesante que se genera. Unas estimaciones que podrían servir de base para futuras reclamaciones ante el Estado. El catedrático de la UA señala, además, que incluso con las aportaciones que puedan llegar de la desalación y el ahorro la decisión supondrá un aumento del déficit estructural que sufre la cuenca del Segura. 

Verduras más caras 

En el campo la preocupación es máxima. El director general de la cooperativa Surinver, Salvador Hernández, recuerda que habrá menos caudales, pero también que estos serán de peor calidad, lo que obligará a reducir la superficie de cultivo para tratar de compensarlo -calculan que en su caso será alrededor de un 25%- y hará caer la rentabilidad del sector. "Tendremos que rediseñar las planificaciones de los distintos cultivos, priorizando aquellos que son más demandados por el mercado y que, al mismo tiempo, aporten rentabilidad a los socios y a la propia cooperativa. Es decir, tendremos que reducir tanto la superficie cultivada como el surtido de productos cultivados. Esto provocará menor cantidad disponible en el mercado, lo que llevará a unos incrementos de precios importantes", advierte el responsable de la firma con sede en Pilar de la Horadada, en Alicante.

Y es que los regantes insisten en que la alternativa de regar solo con agua desalada "no es viable", según apunta el director técnico de Surinver, Antonio Oliver. En primer lugar, por el precio, tal y como recalca Javier Berenguer, el presidente de Riegos de Levante, la comunidad del sur de la provincia de Alicante que representa casi un 20% de la cuenca receptora. Así, el metro cúbico que sale de las desaladoras se paga a 1,3 euros frente a los entre 15 y 17 céntimos que cuesta el agua trasvasada, e incluso con la subvención que acaba de aprobar el Ministerio para la Transición Ecológica -que dejará el metro en unos 33 céntimos- sigue siendo una cifra muy superior. Pero también por su composición, que carece de cualquier tipo de nutrientes o minerales que están presentes de forma natural en el agua de otras procedencias, algo que obliga utilizar más abonos o mezclar el caudal con el que llega de otras fuentes.

Supermercados

En Almería el trasvase facilita el riego de 3.800 hectáreas en el Valle del Almanzora y municipios como Pulpí y Vera. Frente a las grandes áreas de invernaderos de la costa sur de la provincia, que se abastecen de los acuíferos de Sierra Nevada y, en parte, de la desalación, en esta zona predominan los cultivos al aire libre, con la lechuga y las brásicas (coliflor, coles, brócoli) como principales producciones. De hecho, en general la zona regada por el trasvase es prácticamente la única de Europa donde se produce lechuga en pleno invierno, por lo que el suministro de casi todas las grandes cadenas de supermercados del continente depende de ella, como recuerda el gerente de la asociación de productores de frutas y hortalizas de la provincia Coexphal, Luis Miguel Fernández.

Y algunas de estas cadenas han empezado a trasladar a los comercializadores su preocupación por lo que pueda ocurrir con el suministro, según el portavoz empresarial. "Es difícil hacer estimaciones, pero ya hay empresas nuestras que están diciendo que el año que viene, en vez de 500 hectáreas, a lo mejor solo ponen 300 o la mitad, 250. Va a ser desastroso para la cuenta de resultados", insiste Fernández, que recuerda que hasta el 80% de lo que sale del campo almeriense se exporta.

En su caso, cree que el agua desalada podría llegar a ser una alternativa, al contrario de lo que opina la mayoría de los consultados, pero no entiende que se haya cerrado el grifo del trasvase antes de disponer de las infraestructuras necesarias para suplir esos caudales con otras fuentes. 

El gran temor es que, hasta que se consigan esas nuevas aportaciones -si es que llegan-, los distribuidores busquen otras zonas de producción, un cambio que sería casi imposible de revertir, según Fernández. En el Valle del Almanzora ya saben lo que es perder un cultivo en favor de otros competidores, como ocurrió con la judía verde, que acabó en Marruecos, en este caso por sus menores costes de mano de obra. "Habíamos logrado un cultivo, como la lechuga y el brócoli, que era muy competitivo en toda Europa, sin necesidad de ningún tipo de subvención. Ahora no sabemos qué va a ocurrir", se lamenta el portavoz empresarial almeriense.

Empresas de la zona, como Agrícola Navarro de Haro SL, con 40 millones de facturación anual y unos 400 trabajadores en plantilla, corroboran que la planificación para este verano ya contempla un recorte del 10% de la superficie, según su propietario, José Navarro.

Medidas cautelares

Al temor a la pérdida de un mercado consolidado se suma también el miedo a las consecuencias que tendrá el recorte sobre el arbolado, una inversión a largo plazo que ahora se ve amenazada. "Muchos agricultores tendrán que decidir y lo previsible es que sacrifiquen la plantación de hortalizas para mantener los frutales, que tardan años en producir", señala el presidente de Riegos de Levante, Javier Berenguer. En las comarcas alicantinas de la Vega Baja y el Baix Vinalopó son sobre todo cítricos y granados.

Por eso, ahora la gran batalla tanto de los regantes como de la Generalitat Valenciana es conseguir que el Tribunal Supremo decrete medidas cautelares, que permitan suspender la aplicación del nuevo caudal ecológico del Tajo hasta que se dictamine sobre el fondo de los recursos que preparan. De lo contrario, consideran que las consecuencias serían irreparables. Es decir, que, para cuando la sala tome una decisión definitiva, dentro de varios años, se podrían haber perdido miles de árboles y la infraestructura de decenas de miles de hectáreas, que serían casi imposibles de recuperar.

Pero los efectos del zarpazo que supone el recorte de caudales del Tajo van más allá del propio sector agrícola y se extienden como una mancha de aceite a todas aquellas actividades que dependen de su producción, como la industria conservera o el sector del transporte, que no oculta su "enorme preocupación" por las consecuencias de la decisión del Gobierno, como señala el secretario general de la patronal Froet de Murcia, Manuel Pérezcarro. 

"La caída del negocio va a ser proporcional a lo que deje de cultivarse. El sector es totalmente dependiente de las exportaciones agrícolas", asegura el portavoz empresarial, que recuerda que Murcia cuenta con la mayor flota de camiones frigoríficos de toda Europa, con más de 10.000 vehículos, que dan trabajo a unas 20.000 personas.

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Un sector en el que, junto a grandes compañías que llegan a tener hasta 2.000 camiones, conviven infinidad de pymes hasta sumar unas 3.500 empresas, según las cifras que aporta la patronal. "Los regantes podrán reclamar al Gobierno, pero nosotros tenemos pocas opciones. Es igual que cuando hay una helada. El agricultor tiene su seguro, pero nosotros el porte que no hacemos no lo cobramos", explica Pérezcarro.

Al igual que los productores, el principal temor de los transportistas es que la merma de la producción agraria, aunque sea temporal, dé pie a que productores de otros países ocupen el mercado que tanto tiempo ha costado conquistar. "Tendremos que volver a rezar a la Virgen para que llueva, como antaño", ironiza el portavoz de los transportistas.