Investigación

En libertad el hijo de Conde-Pumpido tras cuestionar las cámaras de seguridad la denuncia de violación grupal

La defensa apunta a una denuncia falsa y la juez acuerda la libertad sin medida cautelar alguna, tampoco la de alejamiento solicitada por la denunciante y la Fiscalía

Cándido Conde-Pumpido Varela, en una imagen de archivo.

Cándido Conde-Pumpido Varela, en una imagen de archivo. / EFE

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado viernes Cándido Conde-Pumpido Varela, hijo del presidente del Tribunal Constitucional, por una supuesta violación grupal. El abogado ha quedado en libertad sin medidas cautelares tras declarar ante la juez de instrucción María Isabel Durántez, que ha comprobado grabaciones de las cámaras de seguridad en la vivienda donde supuestamente ocurrieron los hechos que vendrían a desvirtuar la denuncia.

El hijo de Conde-Pumpido, de 35 años, ha pasado este domingo en los calabozos de Plaza de Castilla, puesto a disposición judicial durante la mañana por la Policía, hasta que, en la noche, ha sido puesto en libertad sin ninguna medida de control adicional.

La detención, que ha adelantado El Debate y confirman a este diario fuentes policiales madrileñas, se produjo después de que llegara a la Policía una denuncia telefónica en esos términos contra tres hombres, uno de ellos venezolano, y formulada por una mujer, A. F., de origen brasileño que pedía ayuda urgente.

Una patrulla se presentó donde estaba ella, en el barrio madrileño de Canillas, halló a la mujer y la llevó a un hospital cercano. Facultativos de ese centro sanitario, tras un análisis forense, acreditaron señales corporales compatibles con una agresión sexual, según las mencionadas fuentes policiales.

¿Denuncia falsa?

Fuentes de la defensa apuntan a este diario que se trataría de una denuncia falsa que ha podido ser acreditada porque el abogado dispone de cámaras en la vivienda donde se produjeron los hechos, tanto en el interior como en el exterior, y ha aportado las grabaciones al juzgado.

En el auto de libertad dictado por la juez Durántez en funciones de guardia, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA , señala que de lo actuado hasta el momento se estima que "no concurre situación objetiva de riesgo" para la denunciante que justifique el alejamiento, dadas las "imágenes aportadas por la representación procesal del investigado", obtenidas de las cámaras de su domicilio.

En las imágenes, según el auto dictado por la magistrada -la misma que investiga el Caso Cuarteles- se ven distintas dependencias del domicilio a lo largo de toda la madrugada y primeras horas de la mañana y no aparece en ningún momento el detenido venezolano "ni ninguna situación similar a la descrita" por la mujer denunciante. Se la ve a ella en compañía del abogado "bebiendo etc. sin que pueda adivinarse ninguna situación coincidente con el relato de hechos por ella mantenido". El asunto será investigado a partir de este momento por el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, señalan fuentes jurídicas.

A la fuerza

La denunciante asegura que acudió al domicilio de Conde-Pumpido Varela en la madrugada del pasado viernes. Supuestamente, la noche del jueves la habían requerido el abogado y sus acompañantes para que les prestara servicios como prostituta. Una vez en la vivienda, la brasileña habría sido víctima de una violación en grupo -según su relato a la Policía- pese a que se negó varias veces a hacer lo que le pedían.

La Policía cuenta con muestras biológicas recogidas tanto en el cuerpo de la supuesta víctima como en el chalet, que integran un informe que obra en poder del juzgado.

Cándido Conde-Pumpido Varela es director de su propio bufete, Conde-Pumpido & de Porres, con despacho en Madrid desde 2009. Desde esa firma llevó la defensa del bailarín Rafael Amargo durante una primera fase de su procesamiento, en 2020, por delito contra la salud pública.

En el año 2019, Conde-Pumpido Varela fue investigado y finalmente exonerado por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata en el marco del caso Bandenia, en el que la Fiscalía Anticorrupción investigaba el blanqueo mediante préstamos de los beneficios de un conocido local de alterne de Madrid.