SIN DERECHOS

La eterna espera para conseguir la valoración o revisión del grado de discapacidad: "Está la cosa fatal"

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad denuncia hasta 24 meses de espera en Extremadura o las Islas Canarias

El número de quejas recibidas por el Defensor del Pueblo se ha triplicado en solo cuatro años

El problema se repite en muchas partes de España

El problema se repite en muchas partes de España / EFE

Bárbara Victoria tiene 33 años y un 75% de discapacidad reconocida. Padece esclerosis múltiple, fibromialgia y agorafobia y claustrofobia. Subirse a un autobús lleno de gente no es una opción para ir al trabajo o para acudir a una cita en el hospital. Pero coger el coche tampoco es siempre una alternativa en una ciudad como Madrid. Para ayudarla con esto, su padre, Carlos Palomares, solicitó la revisión por agravamiento en febrero de 2023 con el objetivo de conseguirle una tarjeta de estacionamiento. 14 meses después, ni uno ni otro han obtenido respuesta. Él, que tiene reconocida una minusvalía del 68%, sí tiene la tarjeta.

"Mi hija va con muletas para andar, le tienen que operar el pie... Y no todas las veces la podemos llevar, porque yo también tengo médicos y claro", relata. "Antes tardaban tres o cuatro meses en hacerte la valoración [de la discapacidad] y ahora esperas más de un año para las citas. Y ni siquiera es para que le den más puntuación a la pobre, que ya tiene reconocida el 75%, pero al menos que le concedan la tarjeta que necesita para poder aparcar", indica. Sobre todo, porque como señala su padre, "tiene mil médicos". Y un trabajo por el Atocha (Madrid) al que podría ir en su coche desde su vivienda en Moratalaz. "Voy en autobús. Si va muy lleno, espero a uno más vacío. No puedo ir en espacios pequeños y abarrotados", explica ella. "Está todo muy mal", remata él.

Bárbara Victoria Palomares, una de las personas afectadas por los retrasos.

Bárbara Victoria Palomares, una de las personas afectadas por los retrasos. / CEDIDA

Pese a todo, y a la saturación que ellos mismos se encuentran en su centro base (el de Palomeras), donde aseguran que "ni cogen el teléfono, ni pueden reclamar sin cita", su caso es en la Comunidad de Madrid, una de las comunidades autónomas donde la espera para que se valore la discapacidad es menor. En otras, como Extremadura, las Islas Canarias, Andalucía, Castilla-La Mancha o Asturias, la situación es todavía peor, con tiempos que pueden prologarse hasta los 24 meses, con todo lo que ello implica.

"La valoración es la llave para entrar en el sistema de protección a las personas con discapacidad. En algunos casos la espera puede ser que no te afecte, pero en otros, por ejemplo para el centro especial empleo, el hecho de que lo hagan de manera inmediata es muy importante para poder encontrar trabajo", explica Luis Alonso gerente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y comisionado adjunto de los CERMIS Autonómicos. No conseguir esa evaluación también es un freno para conseguir derechos educativos, como las adaptaciones curriculares, o incentivos fiscales.

'Toque' del Defensor del Pueblo

Este problema se repite en gran parte del país. El pasado mes de marzo, el Defensor del Pueblo alertaba de "retrasos muy acentuados" en la valoración del grado de discapacidad en su informe anual correspondiente a 2023, presentado en el Congreso de los Diputados, y daba un toque a las comunidades para ponerse las pilas.

"El Defensor del Pueblo ya ha venido haciendo referencia a lo largo de los años, pero hay que subrayar el hecho de que el número de quejas recibidas a este respecto se ha triplicado desde 2019. En la tramitación de las quejas recibidas en 2023 se pudo constatar unos retrasos muy acentuados para la primera valoración o revisión de grado en varias provincias o comunidades autónomas", argumentaba. 

Períodos de espera que, según redactaba Ángel Gabilondo, dan lugar a "situaciones muy difíciles para muchas personas", las cuales, "además de hacer frente a las limitaciones en la vida diaria que les impone su discapacidad, ven obstaculizado y demorado su acceso a diversas prestaciones sociales y ayudas que les pueden resultar imprescindibles". "Con el paso del tiempo resulta más difícil comprender el hecho de que las administraciones competentes se vean incapaces de solucionar este problema, dotando adecuadamente de personal los equipos de valoración y orientación correspondientes", remataba.

¿A qué se deben los retrasos?

La labor de la tramitación de los certificados de discapacidad pertenece a las comunidades autónomas, por eso llama la atención que prácticamente todas cuenten con retrasos. El gerente de CERMI considera que una de las cuestiones que están influyendo en ello, pese a que "no debería", es la entrada en vigor del Real Decreto 888/2022, que adapta la revisión que adapta la revisión que se hace en los centros base al modelo social de la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Con él, desde el 20 de abril de 2023 la valoración se hace de forma diferente, con un nuevo baremo.

"Es probable entonces que las comunidades autónomas no estuviesen, ni estén preparadas para hacer las valoraciones con ese sistema, pese a que el cambio se llevaba anunciando muchísimo tiempo. Hubo proyectos piloto en comunidades autónomas para ver si este sistema era correcto o no y se concluyó que sí lo era", asegura Luis Alonso. Otra cuestión que indica es la falta de instrumentos para hacer este tipo de valoraciones, la escasa formación continua de los técnicos, o la posible falta de personal y de centros bases en muchas comunidades.

En el CERMI no saben si los retrasos se deben a que todas las comunidades autónomas están cometiendo los mismos errores, aunque entienden que unas invierten más dedicación en discapacidad y otras menos. "Lo que sabemos es que a raíz de los resultados tan malos que hemos obtenido en el informe del 31 de diciembre de 2023, muchas se han puesto a trabajar y a procurar que los plazos, tanto de reconocimiento como de revisión, se reduzcan considerablemente", señala. Pone de ejemplo a Baleares y a Andalucía, una de las que más esperas tenían.

Aunque Alonso no revela cuáles son, reconoce que a otras comunidades no les ha gustado tanto la comparación y han expuesto su "disconformidad y su malestar" por el informe de CERMI. Con todo, asegura, la "mayoría tiene una buena predisposición porque saben que los datos son los que son" y, por tanto, se han comprometido a poner remedio suficiente como para que los plazos, en estos próximos meses, se reduzcan. Estarán expectantes para ver que esto ocurre así.