El trauma de los ingresos forzosos en salud mental: "¿Te imaginas pasar 72 horas atado a la cama de un hospital?"

Las sujeciones, el aislamiento en áreas específicas, el empleo de la terapia electroconvulsiva, los tratamientos experimentales en niños o adolescentes, la medicación sin consentimiento y, por supuesto, los internamientos involuntarios en hospitales, atentan contra los derechos humanos de las personas con problemas de salud mental. El sistema "no debe permitir esas medidas coercitivas". Así se ha puesto de manifiesto este miércoles en una jornada de la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA en la que su presidente, Nel González Zapico, además, ha reseñado que actualmente hay "un desfase entre lo que marca la ley y lo que sucede en hospitales y áreas de Psiquiatría". Los expertos han pedido otra mirada para abordar una situación, como esos internamientos forzosos, que para las personas que pasan por ello supone un gran "trauma".

Una cuestión apenas abordada, han recalcado los expertos. Es el principal mensaje lanzado esta mañana en una jornada en la que Salud Mental España y el Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba de la Universidad Carlos III de Madrid han un estudio que analiza el marco normativo de nuestro país en lo relativo a los tratamientos e ingresos involuntarios y propone, además, medidas transitorias hasta que se logre adaptar el ordenamiento jurídico actual a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

"Seguimos con parámetros de hace siglos. Debemos hacer una revisión constante de los prejuicios", advierten las expertas

"Es un tema de cambio de estructuras, de mentalidad, de mirada. Seguimos con parámetros de hace siglos. Cambiar nuestras gafas porque nos afecta a todos y todas. Debemos hacer una revisión constante de los prejuicios" porque afecta a los pacientes - que se perciben como personas sin derechos- y a los profesionales que les tratan. Lo ha dicho Irene Muñoz Escandell, asesora jurídica y coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos de SALUD MENTAL ESPAÑA en una mesa redonda en la que también han intervenido Rafael de Asís, catedrático de Filosofía del Derecho del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba y María del Carmen Barranco, catedrática de Filosofía del Derecho y directora del Instituto de Derechos Humanos del mismo centro.

'¿Te imaginas sentir miedo?'

La Confederación ha abierto la jornada, organizada con la colaboración del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y de Fundación ONCE, bajo el título de 'Tratamientos e ingresos involuntarios en salud mental', con el vídeo 'No queremos que nadie pase por esto'. Una pieza audiovisual en la que se lanzan preguntas como: '¿Te imaginas pasar 72 horas atada o atado a la cama de un hospital?'; '¿Te imaginas sentir miedo en el lugar al que vas a recuperarte y al que te cuiden?' o 'no poder hablar con nadie, que te quiten el móvil, sentirte solo...'.

Un video que situaba a los asistentes en un tema no solo poco hablado, casi tabú. También complejo a nivel jurídico, explicaron los expertos. Nos hemos encontrado con que no hay regulación. "Es una situación lamentable y no solo en España, en toda Europa", advirtió la catedrática Carmen Barranco quien citó, por un lado, los tratamientos médicos en los que, dijo, la persona con un problema de salud mental sí está asistida por la ley de autonomía del paciente y tiene derecho a un consentimiento libre e informado.

Sin embargo, aludió a otras prácticas coercitivas como las contenciones o esos ingresos involuntarios. En el informe que han elaborado estos expertos no hay datos de cómo de extendidas están esas prácticas. Desde la Confederación señalan a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que es complejo tener datos estatales porque las estadísticas dependen de las comunidades autónomas. Pero en el texto sí se recrean situaciones de todo tipo y, sobre todo, se relata lo que nunca debería suceder. Por ejemplo, se alude a prácticas que todavía se llevan a cabo en el sistema sanitario español y que se enfrentan al enfoque de los derechos humanos, se incide.

Decidir cómo ser tratado

Sus autores, explicaron que el objetivo primordial del documento es promover "que se termine con los automatismos y que haya cauces para que las personas puedan decidir cómo ser tratadas". El texto desgrana que el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil alude directamente al trastorno psíquico como condición para realizar un internamiento no voluntario. "Esto supone una discriminación por razón de discapacidad, tal y como respaldan, entre otras instituciones las Naciones Unidas", señalan los autores.

Las sujeciones o los tratamientos irreversibles chocan con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

Entre las prácticas coercitivas en el ámbito sanitario que se llevan a cabo en España que contravienen la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, los firmantes del informe citan: los mecanismos de contención física, el aislamiento mediante la restricción del espacio físico ambulatorio o en un área específica y la incomunicación con terceras personas. O los tratamientos irreversibles, la medicación sin consentimiento informado, el aislamiento el empleo de la terapia electroconvulsiva, las cirugías experimentales en niños...

Atención integral

En el informe se propone un sistema de Atención Integral con principios basados en los derechos humanos y contempla que se prohíban esas prácticas antes mencionadas. Así, se incide: los internamientos voluntarios son una cuestión a modificar y, en cualquier caso, concluye, solo se darán en casos de urgencia vital que sería "aquella situación excepcional o extraordinaria y puntual de las personas, en el ámbito psicosocial, que puede requerir de una actuación inmediata, al implicar riesgo inminente para su vida o integridad personal".

"En situaciones de urgencia vital, ante la imposibilidad de permanencia en el domicilio y la necesidad de acceder a otras formas alternativas de convivencia, puede estar justificado el ingreso temporal en un alojamiento social o sanitario general", se zanja. Pero, matiza el informe, "ni la discapacidad psicosocial, ni situaciones vinculadas, como tampoco el haber pasado por una situación de internamiento o ingreso, pueden ser motivo que justifique el ingreso por urgencia vital".