Las fotovoltaicas disparan el precio del terreno agrícola: "A 2.000 euros la hectárea, la agricultura se va al garete"

“Hasta hace poco, se pagaban 100 euros al año por rentar una hectárea, pero ahora, con la presión de las renovables, sobre todo de las fotovoltaicas, se ha triplicado el precio. Con el precio de los costes que estamos sufriendo, ¿cómo va a ser rentable plantar cereal? Mucha gente joven no se plantea ya entrar a la agricultura”. Quien habla es Gabriel Delgado, secretario general del sindicato agrario UPA en Burgos, la provincia donde más se ha disparado el precio del terreno agrícola de toda Castilla y León en los últimos años. 

Según los datos de la Encuesta de Precios de la Tierra publicada por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, el precio de la hectárea ha crecido en Burgos un 21,5% desde el año 2015, hasta alcanzar los 8.869 euros por hectárea. “Y en el Alfoz de Burgos mucho más”, señala Delgado. “Hay tierras que venían a valer 4.000 o 6.000 euros y ahora se está pagando por ellas 17.000 euros”.

Solo en un año, de 2021 a 2022, el precio de la tierra ha crecido un 4% en Castilla y León, uno de los graneros de cereal de España. Detrás del fenómeno, según los sindicatos agrarios, la alta demanda de las empresas de energía renovable, fundamentalmente las fotovoltaicas, que “están favoreciendo la especulación con la entrada de fondos de inversión [muchos de ellos extranjeros] y de particulares que están haciendo negocio” con la compra y el alquiler de tierras. 

Alta rentabilidad

La génesis de lo que está ocurriendo se sitúa, según explican los sindicatos, en que las compañías que quieren montar placas fotovoltáicas están ofreciendo de alquiler por hectárea a los propietarios entre 1.500 y 2.000 euros, una alta rentabilidad “que está reventando el sector". Muchos agricultores, la mayoría, no son propietarios de las tierras sino que las rentan y cada vez hay menos terreno agrícola disponible porque muchos dueños prefieren alquilarlas a las renovables -normalmente son contratos de arrendamiento a más de 20 años- antes que a los agricultores. Al haber menos terreno libre para montar plantaciones, su precio aumenta exponencialmente. 

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“La especulación está afectando mucho al sector. Muchos propietarios ya no te quieren arrendar las tierras por si acaso vienen los de las solares con los sacos de billetes. Todo esto va en contra del modelo de agricultura familiar, que es la que está haciendo que se mantenga la población en las zonas rurales”, explica Manuel Alcaide, técnico del sindicato COAG de Valencia, donde hay zonas con una fuerte oposición a los proyectos de las renovables.  

Manifestación en Valencia

El pasado domingo, unas 3.500 personas se manifestaron en Valencia convocadas por la Coordinadora Valenciana por la Ubicación Racional de las Energías Renovables para pedir que se "paralicen las macroplantas fotovoltaicas y eólicas" en la Comunitat Valenciana ya que "arrasan la agricultura y las zonas de Red Natura", y solicitaron a las administraciones que se instalen en otros lugares que no sean protegidos. 

Según explica Athami Giner, presidente de la Asociaicón Defiende tu pueblo de Villar del Arzobispo y miembro de la coordinadora, la llegada de un “macroproyecto de 1.100 hectáreas fragmentado en 19 trozos para evadir estudios de impacto ambiental” está generando un grave perjuicio en la zona, donde se planta almendro, olivo o melocotón. “En Villar caen dos plantas en medio de tierras de regadío, que es un bien nacional y están expropiando terrenos amparándose en la Ley de 1955 de expropiación forzosas y en el decreto 14/2020”, denuncia este apicultor. 

“Yo, por ejemplo, si me quisiera expandir en la agricultura sería imposible. En los Montes de la Concordia estaba la renta anual de la anegada (una medida de terreno ligeramente menor a una hectárea) a 550 euros y ahora con la llegada de las renovables se están ofreciendo a mil. Si la coges las pérdidas que tendría tu negocio serían abrumadoras”, sostiene Giner, que junto con la Coordinadora pide que los ayuntamientos “tengan la potestad de ordenar su territorio y que no se nos impongan estos proyectos porque sí”. “Nos están imponiendo un montón de infraestructuras que destrozan todo y al pueblo no le repercute en nada”, sentencia.  

Especulación

“Nos preocupa mucho lo que está ocurriendo”, sostiene por su parte Maxi Halcón, secretario de organización de UPA Extremadura, que explica que cuando una planta solar se instala en un municipio los terrenos colindantes “se encarecen y entramos en la especulación”. “Si alguien tenía una hectárea y te pedía 100 euros ahora no les da vergüenza pedirte 500. Con esos precios ninguna explotación ganadera o agrícola es capaz de conseguir ser rentable”, lamenta. ”No vemos ningún beneficio porque los rendimientos se los llevan las empresas que no viven en los pueblos”, señala el representante del sindicato de la comunidad que más placas solares instaló en 2022.

Otra de las críticas que más se escuchan es que muchas veces las plantas se instalan en zonas muy fértiles. “No entiendo que en zonas como Villalcayo o la Bureba, unas de las zonas de mayor rendimiento de secano de toda Castilla y León, de trigo en concreto, se estén colocando placas. No me cabe en la cabeza”, asegura Arturo Troitiño, agricultor, que afirma que en su zona las fotovoltaicas están ofreciendo entre 1.600 y 1700 euros por hectárea en contratos de 25 años. “Es una barbaridad, y al agricultor nos hacen la puñeta. Nos quieren quitar de en medio, les molestamos. Podrían ir a otras zonas de bajo cultivo de Burgos que producen muy poco”, se queja. Según explica, “no es lógico” que las renovables vayan al norte de Burgos, “que hay más lluvia y nublados y no se vayan a Aranda, que caliente más el sol que aquí”. 

Los Consistorios también están aprovechando la situación para sacar más dinero. El Ayuntamiento de Hontoria de la Cantera, en Burgos, por ejemplo, adjudicó en subasta varios lotes de héctareas agrarias recientemente y los precios oscilaban entre los 227 y los 307 euros, precios impensables hace muy poco años. “La rentabilidad se te va al garete”, añade Delgado, de UPA Burgos. De igual forma, los consistorios también alquilan sus tierras municipales a las renovables, aumentando de forma considerable los ingresos de las arcas municipales. 

Dinero para el pueblo

Es precisamente este uno de los hechos que desde UNEF, la principal asociación del sector solar fotovoltaico en España, con más de 790 empresas asociadas, defienden como positivos de la llegada de las renovables a los pueblos. “Hace poco me reunía con un alcalde de Huelva y me decía que les había cambiado la vida para bien y no sólo por el dinero sino porque pueden cambiar muchas cosas del pueblo”, asegura José Donoso, director general de UNEF, que añade que los ayuntamientos donde están las instalaciones cobran a las renovables hasta 10.000 euros de impuestos por cada megawatio de energía que producen. 

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Desde UNEF entienden que “no hay ninguna contradicción entre agricultura y plantas fotovoltáicas, ya que sólo se necesita el 0,1% del terreno agrícola del país [quitando el 0,1 dedicado al autoconsumo] para cumplir con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y llegar a los 54 gigawatios de capacidad instalada. El 99,9% del territorio español puede seguir haciendo lo mismo que hasta ahora”.

Para el presidente de UNEF hay mucha “demagogia” en los que se oponen a la instalación de placas solares porque “si no combatimos el cambio climático qué agricultura vamos a tener. Lo que se carga la agricultura es la emergencia climática, no las placas fotovoltáicas”. Sobre la presencia de fondos de inversión responde que “estamos en una economía de mercado y los fondos de inversión internacionales tienen la capacidad para invertir”. En ese sentido, recuerda que para completar la primera fase del Plan se necesitan 25.000 millones de euros para 2030. 

“Ese dinero nos da una posibilidad tremenda, por primera vez en una nueva revolución industrial tenemos ventaja competitiva. El sol es nuestra potencia. El precio de la energía eléctrica puede ser la mitad que en Alemania”, añade Donoso, que admite que sí se puede generar un proceso inflacionista para el que va alquilar, pero los alquileres “acaban en 30 años” y el terreno se recupera, “y ese terreno no se ha estresado durante ese tiempo”.

De la misma forma, recuerda que todos los proyectos pasan unos filtros ambientales que en algunos casos “son superexigentes, como en Valencia”. En ese sentido recuerda que el 70% de los proyectos que se han presentado “no han pasado los requisitos de las administraciones”. Concluye el presidente de UNEF que decir que estas plantas de placas van a tener una “afección negativa” es “pura demagogia” e insiste en que la transparencia es máxima, ya que “todos los proyectos salen a información pública”.