El PSOE avisa a sus socios de que rechazará cambios sustanciales en la ley de amnistía

El Gobierno se abre a negociar enmiendas parciales a la ley de amnistia, pero cierra la puerta a tocar la exposición de motivos o introducir modificaciones sustanciales en su articulado. Fuentes de Moncloa reconocen que el mensaje transmitido a sus socios es que para pactar cambios solo aceptarán retoques técnicos. Todo ello, siempre que tengan el consenso de todos los grupos para mantener los 178 votos con los que fue admitida a trámite.

Conscientes de la competición entre ERC y Junts por capitalizar la ley destacando su sello, como se demostró en las negociaciones de investidura, el PSOE quiere poner líneas rojas. Acotar la motivación de cualquier enmienda a redundar en su seguridad jurídica, sin introducir nuevos aspectos. Se opone así, por ejemplo, a que se anulen las resoluciones judiciales condenatorias o se incluya algún tipo de reparación en el caso de los líderes de organizaciones civiles.

Este es el calendario de la ley de amnistía en el Congreso: todas las fechas

Los republicanos ya evitaron firmar la ley, obligando al PSOE a registrarla en solitario, al mostrar dudas sobre la inclusión de las causas relacionadas de terrorismo con Tsunami y los CDR. En el redactado se excluyen de la amnistía a los casos vinculados al terrorismo si hay sentencia firme. Desde un primero momento, los republicanos temieron que se quedasen fuera del perímetro de los amnistiados casos que, entre otros, afectan a la secretaria general de su partido, Marta Rovira, pero también al expresident Carles Puigdemont. Los socialistas no lo vieron así y siguen mostrando resistencias a cualquier enmienda que ponga en riesgo su constitucionalidad.

Los grupos parlamentarios tienen hasta el 16 de enero para presentar enmiendas parciales a la ley. El PSOE pidió en la última reunión de la Mesa del Congreso prorrogar el primer plazo, que finalizaba este 3 de enero, con el objetivo de estudiar las propuestas de sus socios. De ahí que las negociaciones siguen vivas, todavía con diferencias.

Este miércoles se cerró el plazo para la presentación de enmiendas a la totalidad, que registraron tanto PP como Vox. Los populares aprovecharon para proponer en su texto alternativo un cambio en el Código Penal que permita ilegalizar a los partidos que realicen un referéndum.

La formación de ultraderecha fue un paso más allá para plantear penas de seis a diez años de prisión por negociar asuntos parlamentarios con condenados o prófugos de la justicia. Además de insistir en la ilegalización de los partidos independentistas, Vox propone actuar contra “quienes cooperaren, colaboraren, se reunieren o facilitaren actuaciones con el fin de negociar los asuntos tramitados en las Cortes Generales con quienes hubieren sido condenados por sentencia judicial o estuvieren procesados o sustraídos a la acción de la justicia, por alguno de los delitos sancionados en los títulos XXI, XXII o XXIII de este Libro II” del Código Penal. Esto es, delitos contra la Constitución o el orden público, como la sedición, atentados contra la autoridad o desórdenes públicos. Supuestos en los que se incluyen a los dirigentes políticos condenados por el 'procés' y a los huidos de la Justicia como el expresident Carles Puigdemont o el eurodiputado Toni Comín.

Presupuestos y decreto ómnibus

Los socialistas confían en aprobar la ley antes de finales de enero para que siga su trámite en el Senado. La Mesa del Congreso fijará el próximo martes la fecha del pleno extraordinario para abordar las enmiendas a la totalidad de PP y Vox, sin mayoría suficiente para que salgan adelante. La intención es convocarlo sin dilación, previsiblemente el próximo miércoles. A partir de ahí, la norma pasará a la comisión de Justicia, donde se debatirían las enmiendas parciales en caso de presentarse.

Antes del 19 de enero, el Congreso deberá convalidar el decreto ómnibus aprobado en el último Consejo de Ministros. Aunque sin relación con la ley de amnistía, desde Junts han avisado que uno de sus puntos pone en riesgo la aplicación de la norma y que si no se modifica votarán en contra. Se trata del punto donde se recoge que un tribunal pueda dejar en suspense la aplicación de una ley en un asunto concreto si plantea una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Si no se tramita como proposición de ley para poder modificar esta cuestión, los posconvergentes han amenazado con que votarán en contra. De ahí que se entrecruzarán las negociaciones del Gobierno con ERC y Junts para la aprobación del decreto, con medidas de las que depende el próximo desembolso de casi 10.000 millones de los fondos europeos, y las enmiendas a la ley.

Los siguientes pasos de la ley de amnistía en el Congreso coincidirán con el inicio de la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2024. El Ejecutivo quiere desviar el foco hacia la agenda social y la inversión en servicios públicos. En el departamento de Hacienda calculan que presentarán las cuentas públicas en la Cámara baja en la semana del 15 de enero. La polémica por la amnistía está lastrando las opciones del PSOE, según las encuestas, de cara al ciclo electoral que en este primer semestre del año incluirá los comicios gallegos, vascos y europeos.

Factura electoral

El presidente del Gobierno ha reconocido en sus últimas entrevistas que la amnistía no era el siguiente paso que pretendía dar, pero que es acorde a la estrategia para normalizar la situación en Cataluña. Como con los indultos, los socialistas confían en que deje de pasarles factura a medio plazo y hasta que se reconozcan sus resultados. Más a corto plazo y escaso mes y medio de las elecciones gallegas, desde el PSOE contraatacan al PP tras desvelarse una reunión de miembros de su partido con representantes de Junts el pasado mes de agosto.

Este jueves era el miembro de la Mesa del Congreso y de la ejecutiva, Alfonso Gómez de Celis, quien se mostraba convencido de que “el PP aceptó una ley de amnistía, pero se lo impedía la inclusión en la ecuación de la ultraderecha de Vox. Si Vox no existiese estoy convencido de que el PP hubiese aprobado la ley de amnistía”, concluyó recordando los pactos del Majestic del expresidente José María Aznar con el por entonces president de la Generalitat, Jordi Pujol. Por otra parte, trasladan la presión a Génova para que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, “condene de forma clara, contundente y sin peros la violencia contra el PSOE”, en referencia a los actos vandálicos contra sus sedes y amenazas a algunos de sus cargos.