La ley de amnistía fija un plazo de dos meses para su aplicación y frena que los recursos la puedan paralizar

La proposición de ley registrada este lunes en el Congreso añade varios preceptos dirigidos a lograr una rápida aplicación de la amnistía y a evitar que los jueces puedan paralizar su aplicación mediante cuestiones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional o los tribunales europeos. Al entrar en vigor el mismo día que se publique en el BOE, funcionará como una especie de cláusula frente al Supremo y el resto de tribunales facilitando la ejecución práctica de los acuerdos del Gobierno con Junts.

Así se desprende del artículo 10 de la norma, que establece su "tramitación preferente y urgente" por los órganos judiciales, administrativos o contables en cada caso, "cualquiera que fuera el estado de tramitación del procedimiento administrativo o del proceso judicial o contable de que se trate". El artículo añade que las decisiones se adoptarán en el plazo máximo de dos meses, sin perjuicio de los ulteriores recursos, "que no tendrán efectos suspensivos".

Esta misma idea ya se adelanta en una parte de la exposición de motivos, que incide en que el carácter singular de la norma que "excepciona" la aplicación de esta ley a los "hechos acontecidos en un determinado contexto en aras del interés general" (en alusión al procés independentista) deberá conllevar el inmediato alzamiento de las medidas cautelares que hubieran sido adoptadas, así como la finalización de la ejecución de las penas impuestas.

Ello se hará "incluso cuando tenga lugar el planteamiento de un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad". Es decir, se aplica la amnistía con independencia de que los jueces concernidos tengan dudas de constitucionalidad que prevean plantear ante la propia corte de garantías o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En el artículo 4, destinado a explicar los efectos de la ley sobre la responsabilidad penal, se dice también expresamente que la entrada en vigor de esta ley implicará "el inmediato alzamiento de las medidas cautelares que hubieran sido adoptadas respecto de acciones u omisiones amnistiadas en relación con las personas beneficiadas por la amnistía". Añade que la aprobación de la norma y su entrada en vigor supondrá, por lo tanto "la finalización de la ejecución de las penas impuestas" a todos aquellos juzgados por actos vinculados con el procés.

Texto completo de la ley de amnistía

Texto completo de la ley de amnistía

se insiste de de forma expresa en que se alzarán las citadas medidas cautelares i"ncluso cuando tenga lugar el planteamiento de un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad contra la presente ley o alguna de sus disposiciones". Es decir, los efectos de la amnistía no esperarán a las dudas de los jueces.

Aplicación de oficio

Por otro lado, la ley de Amnistía, según la propuesta realizada por los de Sánchez y sus socios, deberá aplicarse por los jueces de oficio, o bien a instancias de parte o del Ministerio Fiscal. Para ello, deberá llamarse a todas las partes a una Audiencia, en la que que cada una defenderá su propia postura.

La ley que regula la extinción de la responsabilidad penal, administrativa y también la de carácter contable afectará a todos los actos conectados con el referéndum del 1-0 entre el 1 enero de 2012 y este lunes, 13 de noviembre.

Las previsiones incluidas en la ley parecen superar el obstáculo que en principio parecia establecer el artículo 35 de la ley reguladora del propio Tribunal Constitucional, que señala expresamente que el planteamiento de la cuestión de constitucionalidad originará la suspensión provisional de las actuaciones en el proceso judicial hasta que éstese pronuncie. Lo mismo ocurre en el caso de las cuestiones prejudiciales elevadas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.Efectos sobre la responsabilidad penal.

"Excepcionar la aplicacion de normas vigentes". Esto es lo que tendrán que hacer los jueces que lleven asuntos afectados por la amnistía: si los posibles afectados están en prisión, los jueces deberán ordenar su "inmediata puesta en libertad" y respecto de todos ellos "se procederá a la eliminación de antecedentes penales derivados de la condena por el acto delictivo amnistiado".

También quedarán sin efecto las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión, como la de ámbito nacional que pesa sobre el expresident Puigdemont y los exconsejeros que huyeron con él en 2017, haciendo mención de forma expresa el proyecto a las "órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención". Únicamente quedan fuera de esta suspensión de medidas la responsabilidad civil por daños sufridos por particulales.

Funcionarios públicos resarcidos

Los efectos públicos de la amnistía se dejarán notar también en el caso de investigados por el procés que tenían cargos en la administración, ya que serán reintegrados "en la plenitud de sus derechos activos y pasivos de los empleados públicos sancionados o condenados", así como la reincorporación a sus respectivos cuerpos. No se les pagarán retrasos, pero se reconocerá su antigüedad y se eliminarán las "notas desfavorables" en sus hojas de servicio.

Eso sí, la proposición de ley evita que haya que indemnizar a todas estas personas por los castigos sufridos. En su artículo 7 la norma propuesta por el PSOE y sus socios veta que puedan tener derecho a percibir indemnización de ninguna clase.

Finalmente, la norma incluye modificaciones legales como la del artículo 130 del Código Penal, añadiendo expresamente la amnistía a las causas de extinción de responsabilidad, así como el artículo de la ley que rige el Tribunal de Cuentas sobre los que deben quedar exentos de responsabilidad contable.