El sector conservador del CGPJ saca adelante su declaración contra la amnistía por la "enormidad" de sus consecuencias

Los ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial designados a propuesta del PP que forzaron la celebración este lunes de un pleno para tratar la futura ley de amnistía logran su objetivo. La declaración institucional ha obtenido finalmente nueve apoyos, ya que a los ocho proponentes se ha sumado el también vocal del sector conservador y magistrado del Tribunal Supremo Wenceslao Olea.

El presidente en funciones, Vicente Guilarte ha redactado una explicación de voto en la que afirma que no está de acuerdo con la iniciativa legislativa pero considera conveniente esperar a la tramitación de la proposición.

Finalmente fueron tan solo 15 los vocales en el Pleno, catorce de forma presencial y la progresista Pilar Sepúlveda de forma telemática, al cumplirse la amenaza de plante del progresista Álvaro Cuesta por considerar la reunión "manifiestamente ilegal" y su finalidad es contraria "al ordenamiento jurídico y a las funciones constitucionales" del órgano.

Cuesta, el vocal más cercano al Gobierno, anunció su renuncia a asistir a la reunión en un escrito remitido a Guilarte este domingo en el que llegaba a tratar de "sublevados" a sus compañeros por el contenido de la reunión.

El texto de la declaración institucional pone de manifiesto con gran dureza y de forma extensa la "intensa preocupación y desolación" del órgano por la ley de amnistía que el PSOE está ultimando con ERC y Junts, en el marco de las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez como presidente el Gobierno.

Citan expresamente a Pedro Sánchez, al señalar que "confundir el interés de España con el interés del presidente del Gobierno en funciones para evitar la hipotética formación de gobiernos de partidos de una ideología diferente a la suya es algo manifiestamente incompatible con la alternancia política".

La "enormidad de las consecuencias" de lo que se ha anunciado por el Presidente del Gobierno en funciones es que "convierte la independencia de los tribunales y la seguridad jurídica, la justicia en suma, en una quimera", afirma el Consejo en su declaración.

Defensa de su legitimidad

El texto añade a la propuesta original una mención a la legitimidad del órgano, cuestionada tanto por Cuesta como por el Gobierno a través de unas manifestaciones realizadas por la ex vocal y ministra de Defensa, Margarita Robles. Ahora, la mayoría del CGPJ responde que ante los comentarios acerca de la extemporaneidad de su declaración" bajo el argumento de que este Consejo debió esperar a conocer el texto de la proposición de ley para emitir su opinión, afirman tanto su "legitimidad como la oportunidad para hacerlo ahora".

Agregan, a lo largo de una larga declaración de 9 páginas, que dicha legitimidad "es parte también de los estándares europeos en materia de independencia judicial". "No puede considerarse en ningún caso ajeno a las funciones de los Consejos de Justicia, ni desde luego de este Consejo General del Poder Judicial, alzar su voz cuando la democracia, las libertades fundamentales y el Estado de derecho puedan estar en peligro", agregan.

Entrando en la cuestión de la amnistía, el órgano de gobierno de los jueces denuncia que vaya a optarse por una técnica judicial, la proposión de ley, que permite prescindir del informe del propio Consejo y del resto de órganos consultivos. "Resulta por ello absurdo que se nos pida esperar a hacer algo que no se podría hacer porque deliberadamente se ha escogido la vía que lo impide" añaden la declaración institucional.

Sobre el hecho de que critiquen una ley que aún no existe, el Consejo afirma que  lo sustancial ha sido anunciado ya por los diferentes responsables políticos que están negociando. Con independencia de ello, afirman que "cualquiera que fuese su fundamentación, y cualquiera que fuesen sus aspectos objetivos y subjetivos", la amnistía "entra en conflicto con principios constitucionales diversos".

Jueces, responsables del conflicto

En cuanto al lugar en el que la futura ley deja al Poder Judicial, advierten desde el Consejo que "la vinculación al referido conflicto con la proyectada amnistía hace recaer en el ámbito de los tribunales, si no la génesis de ese conflicto, si al menos el haberlo sostenido". Frente a ello, la futura ley "vendría a incidir en el Poder Judicial declarando la nulidad de las sentencias dictadas por los tribunales que se integran en él".

Por ello, entienden que los planes del Gobierno y las fuerzas independentistas catalanas comportan "una invasión inadmisible en nuestra Constitución, en concreto, de las potestades que, en régimen de exclusividad, la norma suprema encomienda a los tribunales". Avisan de que también se vulneran tratados comunitarios y la UE podría actuar.

Concluyen que, además, "supone generar una clase política jurídicamente irresponsable e impune por sus delitos" y violenta la independencia de los tribunales.

Por su parte, los vocales progresistas han justificado su voto en contra señalando que “con la proposición de declaración institucional se corre el grave riesgo de confundir a la ciudadanía sobre la opinión de los propios jueces y magistrados sobre el contenido de una norma que no existe y que, de aprobarse por el poder legislativo, el competente para hacerlo, se verán obligados a aplicar, o en su caso a someter a los controles constitucionales legalmente previstos”