El Gobierno carga contra los conservadores del CGPJ que se oponen a la amnistía: "Deberían haber dimitido, no tienen legitimidad"

El Gobierno carga contra los ocho vocales conservadores del CGPJ contrarios a la ley de amnistía, y lo hace cuestionando su legitimidad y su constitucionalidad por haber expirado su mandato y tras el bloqueo en la renovación del órgano judicial. Ha sido la ministra de Defensa en funciones y jueza de profesión, Margarita Robles, la encargada de reprender a estos magistrados, que habían pedido al CGPJ pronunciarse contra la medida de gracia que ultima el PSOE con Junts y ERC.

"Esos vocales que deberían haberse ido y dimitido hace mucho tiempo", ha considerado la dirigente a preguntas de medios de comunicación en una visita a la base aérea en Torrejón de Ardoz , donde ha llamado a la salida de estos jueces conservadores, que a su juicio "no han tenido el gesto de dignidad de decir que se van del CGPJ".

Estas palabras llegan después de que estos vocales, todos nombrados por la cuota del PP, hayan presentado un escrito para que el máximo órgano de los jueces se produce contra la ley de amnistía, pese a que el texto se presentará mediante proposición de ley de los grupos parlamentarios, una fórmula que no hace necesario el informe preceptivo del CGPJ.

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Robles ha criticado que "unos vocales que están en una situación claramente inconstitucional se permitan el lujo de dar lecciones a nadie sobre lo que hay que hacer". La jueza también ha cuestionado la actuación profesional y las omisiones de los ocho vocales implicados: "Me parece clarísimo que quien está en una situación claramente inconstitucional, que no han pedido al PP la renovación del CGPJ y tienen juzgados abandonados, pidan cumplir la Constitución".

En este punto, ha añadido que "se puede estar a favor o en contra de la amnistía, pero si alguien tiene poca legitimidad en estos momentos son unos vocales que siguen sentados en sus sillas". A las preguntas de periodistas, Robles ha evitado aclarar su opinión sobre la ley de amnistía que, a falta de cerrarse, deberá registrarse en el Congreso antes de la investidura.