Sumar diseña una ley de amnistía para esquivar que pueda elevarse al TC: "Sencilla, breve y clara"

Sumar busca blindar jurídicamente la ley de amnistía. El partido de Yolanda Díaz presentará el próximo martes su propuesta, que ha sido diseñada con un objetivo principal: tratar de evitar que pueda terminar en el Tribunal Constitucional, después de que el PP haya advertido de que recurrirá la norma, al considearla inconstitucional.

Jaume Asens, el negociador de Sumar con los partidos independentistas, ha sido también el encargado de dirigir la elaboración del texto, adelantado en exclusiva este viernes por El Periódico de Catalunya, medio de Prensa Ibérica. Desde el mes de agosto, el dirigente ha coordinado el trabajo de redacción que se basa en las consultas que un reducido equipo ha hecho a una veintena de juristas, entre los que hay catedráticos, jueces y fiscales. El principal objetivo en estos meses ha consistido en hacer que la norma tenga encaje dentro de la Constitución, como ha defendido la propia Díaz en los últimos meses.

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Y una de las maneras que han encontrado para evitar que sea tumbada en los tribunales ha sido precisamente una cuestión de forma, más allá del fondo. La propuesta normativa de Sumar consta únicamente de dos artículos, un diseño extremadamente escueto que busca limitar al máximo las posibilidades para su recurso.

"Sencilla, breve y clara" es como definen la norma en la coalición de Yolanda Díaz, atribuyendo directamente un objetivo: "A mayor grado de complejidad y a más artículos, más opciones tendrá de que se eleve al Tribunal Constitucional", argumentan.

"GENEROSA"

En el texto, Sumar propone que la medida de gracia se aplique a todas las "acciones" u "omisiones" destinadas a la autodeterminación, dando cabida así a todos los delitos relacionados con la causa independentista que se hayan llevado a cabo desde el año 2013, para incluir también la consulta del 9N de 2014 celebrada bajo el mandato de Artur Mas.

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El aspecto temporal, que retrotrae su aplicación a diez años atrás, supone un guiño a Junts o ERC, al considerar que, en caso de referirse únicamente en los hechos de septiembre y octubre de 2017, que culminaron con un referéndum ilegal, las fuerzas independentistas podrían apelar a los juicios ya celebrados previamente para pedir su inclusión.

Uno de los aspectos fundamentales de la norma es que cubre una amplia gama de delitos, siempre que fueran cometidos en favor de la autodeterminación. Una amplitud que en Sumar creen que dota de "generosidad" a su dictamen. Sí deja fuera a casos de malversación como el de Laura Borrás, en un mensaje que busca diferenciar de los delitos cometidos en favor de la independencia de aquellos cometidos por independentistas en favor propio.

LA CARGA POLÍTICA

Frente a lo escueto del texto, el texto sí va acompañado de una larga argumentación en la exposición de motivos. Esta es la parte que tiene una mayor carga política y donde se defiende la constitucionalidad de la norma y los beneficios políticos que puede tener. Este apartado señala que en la Constitución "no existe pronunciamiento expreso" que las permita, pero también hacen hincapié en que no hay ningún "pronunciamiento expreso que las prohíba".

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Además, destacan que el objetivo de la norma es "resolver desde un punto de vista político" la situación de Cataluña, y consideran que hasta ahora se había emprendido "una política criminal de penalización" del movimiento independentista. Aseguran también que la aspiración de independencia de Cataluña es "legítima".

Esta serie de consideraciones más idelógicas están incluidas, no en vano, en la exposición de motivos, que no es susceptible de recurso, después de que en octubre del 2021, el Tribunal Constitucional determinase que los preámbulos de las leyes, el texto que antecede y justifica la ley, no tienen valor normativo y por tanto no pueden someterse a un recurso de inconstitucionalidad.