Tribunales

El TSJ de Madrid ordena investigar la denuncia por agresión sexual contra un diputado autonómico del PSOE

Rechaza la inhibición planteada por la juez Freire porque no se ha realizado "la más mínima averiguación" antes de remitir el asunto al órgano competente para aforados

Sede PSOE en Madrid

Sede PSOE en Madrid / EPE

Cristina Gallardo/Elena Marín

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ordenado a la juez Rosa María Freire la realización de las "imprescindibles indagaciones" en relación con una denuncia por presunto delito de agresión sexual presentada contra el diputado socialista en la Asamblea de Madrid Javier Guardiola por parte de una joven que trabaja en la sede del partido en Ferraz. La Sala, competente para investigar a aforados autonómicos, afea a la titular del Juzgado de instrucción número 32 que tratara de remitirle el asunto sin haber realizado previamente "la más mínima averiguación" de los hechos denunciados.

Según han confirmado fuente jurídicas a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, el auto obliga a la citación de la denunciante para que ratifique su denuncia y otras diligencias, aún pendientes de realizarse, tras lo cual la magistrada valorará si el asunto tiene la entidad suficiente para ser remitido de nuevo al tribunal superior, único que puede citar al diputado dado su aforamiento.

La denuncia, adelantada por ABC, fue presentada el 21 de abril de este año y describe una relación sexual con el diputado en un momento en el que la mujer se encontraba bajo los efectos de la ingesta de varios ansiolíticos. El político la habría llevado hasta su casa tras pasar por el hospital y allí se produjeron los hechos, de los que la joven recuerda solo determinados momentos. Decidió denunciar tras sufrir episodios de angustia tras el encuentro y consultar con una experta en violencia de género, que le explicó que lo ocurrido encajaba en una agresión sexual, según el diario.

Atestado de la Policía Nacional

El auto que firman los magistrados Celso Rodríguez, José Manuel Suárez Robledano y David Suárez, al que ha tenido acceso este diario, tiene fecha del pasado 5 de septiembre, y en él se señala que la exposición razonada remitida por la titular del juzgado en el que recayó la denuncia por reparto se limita "a recoger las afirmaciones vertidas por la denunciante" de las que tuvo conocimiento por remisión de atestado incoado ante la Policía Nacional. Añade que el auto tampoco recoge "una motivación suficiente de por qué considera mínimamente viable la denuncia formulada".

En consecuencia, "y a salvo que fuere necesario la realización de las imprescindibles indagaciones" por el juzgado de instrucción para determinar si los hechos tienen, indiciariamente, naturaleza penal, el TSJ reclama a la juez que tras la práctica de la prueba "que se estime mínimamente necesaria" formule una nueva exposición razonada en la que determine "la existencia de indicios racionales mínimos" de la comisión de los hechos.

Desde la dirección del PSOE se señala a este diario que por ahora solo existe la denuncia y habrá que ver si el proceso sigue adelante y los indicios llegan hasta el TSJ. Su norma es que el partido toma la decisión de apartar a alguien cuando se abre juicio oral por un delito, pero reconocen que “si se ve algo no ético”, con algún indicio más allá de la propia denuncia, la decisión se puede hacer antes: “Vamos a verlo”, apuntan.