Moncloa se moviliza para pedir gestos a Puigdemont que faciliten la amnistía

El empeño de Pedro Sánchez de lograr una nueva investidura, aunque sea a costa de amnistiar los delitos vinculados a los hechos del 'procés' con Junts, ha llevado a los socialistas a afrontar las negociaciones con absoluta discreción. Pensaban que sólo así podía llegarse a un acuerdo. La fórmula fue efectiva para conseguir el apoyo a Francina Armengol como presidenta del Congreso. Pero ha empezado a fallar cuando, en el debate público sobre una ley de amnistía, sólo se conocen las exigencias de Carles Puigdemont, que además, no renuncia a un nuevo desafío al Estado, y no se sabe nada de las condiciones que pone el PSOE.

Del alivio inicial de la Moncloa porque, en su comparecencia en Bruselas para sentar las bases de las conversaciones, no ponía por delante el referéndum, se ha pasado a la convicción de que no puede calar la idea de que están dispuestos a un acuerdo a cualquier precio. Desde el Gobierno se ha empezado estos días a matizar que Puigdemont seguía en posiciones "inasumibles" y "de máximos". Pero el equipo del presidente ha esperado hasta este fin de semana para trasladar de manera pública la dificultad de poder acordar nada con el expresident fugado, sin una renuncia a la unilateralidad.

Se ha expresado a través de distintos artículos periodísticos este domingo y de unas declaraciones del primer secretario de los socialistas catalanes, Salvador Illa, el sábado, que se aderezaron con una entrevista ayer en La Vanguardia de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que mandaba un mensaje muy explícito. Díaz apuntaba a un "acuerdo político y social" que culminaría con una "ley orgánica", en el que "no cabe la unilateralidad".

De manera muy clara Díaz ponía voz a lo que opinan Ferraz y en la Moncloa, aunque los socialistas han tratado de ser más discretos, y también al pensamiento de una parte del soberanismo que no quiere echar a perder esta oportunidad. El Gobierno cambia así de táctica y opta por transmitir que no traga con todo, después de dejar que su propio silencio, sobre todo del bloque socialista, haya dado pábulo a todo tipo de consideraciones, jurídicas y políticas, sobre la amnistía.

Sólo 24 horas antes, el primer secretario de los socialistas catalanes, Salvador Illa, algo más críptico, hizo unas declaraciones en las que subrayó que el mandato de las urnas en las elecciones del 23J fue "convivencia y concordia" y dijo que es "tiempo de trabajo paciente y discreto" y de "respetar siempre y en todo momento el marco de la Constitución". Hace falta una "valentía coherente", señaló, en referencia a que Puigdemont debe abandonar parte de sus postulados para facilitar un pacto.

Puigdemont, también atrapado

La sensación que transmite la Moncloa es que tienen perfectamente delimitado qué hacer y hasta dónde llegar con la amnistía, pero necesitan que Junts avance hasta el punto de acuerdo que Sánchez no puede traspasar. Nadie está pensado en una repetición electoral, porque esperan que Puigdemont se mueva, aunque obviamente no pueden descartar que ocurra. La maquinaria del equipo del presidente está volcada en conseguir un pacto con Junts. Y aunque se puso mucha distancia al encuentro público que Yolanda Díaz mantuvo con el expresidente, la vicepresidenta segunda no parece ajena a todos estos movimientos. En la misma entrevista en el diario catalán asegura que Sánchez y ella mantienen "casi a diario conversaciones fluidas" y que las ha habido "antes y después" de su visita a Bruselas.

En el núcleo duro del Ejecutivo se ha impuesto la idea de que la posibilidad de una amnistía se está dando tan por segura en Cataluña que el expresident no podrá oponerse ni poner condiciones imposibles. Porque el futuro judicial de muchos cargos, a quienes se libraría de la consecuencia penal de los delitos cometidos durante el 'procés', puede depender exclusivamente de él. Y porque el resurgir político de Junts está ligado también a la influencia que en estos momentos tiene en la política nacional. No sólo la investidura pende de sus siete diputados, también el resto de votaciones que se produzcan en el Congreso. En definitiva, que no consideran factible que Puigdemont deje pasar esta coyuntura y dé opciones a que con unas nuevas elecciones sí se produzca la suma de PP y Vox.

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Durante este mes, aseguran fuentes del Gobierno, "se están manteniendo contactos" y la idea es que una vez que fracase la investidura de Alberto Núñez Feijóo, se pueda celebrar la de Pedro Sánchez lo antes posible y que el presidente en funciones tenga en ese momento mucho camino avanzado. Pero la negociación ha entrado en el punto pantanoso de la falta de gestos de Puigdemont y su insistencia en mantener que Junts no renuncia a la vía unilateral, que está dificultando los avances.

La prueba de que el camino no es fácil la suministró el propio expresident huido que, este domingo a través de las redes sociales, recordó que no son los independentistas los que necesitan "apoyos para ir a la investidura". "Pienso que alguien se confunde", destacó a raíz de las manifestaciones de Díaz. "A ver si nos entendemos: las condiciones no las pone quien te pide ayuda".