Bronca en el CGPJ: los vocales expulsados de la comisión clave avisan de que todas las decisiones pueden ser ahora nulas

Nueva bronca en el seno del órgano de gobierno de los jueces más longevo, cercano a cumplir cinco años en funciones a cuenta del desacuerdo entre PP y el PSOE. La reordenación interna impulsada por el nuevo presidente, Vicente Guilarte, ha levantado ampollas entre los cuatro vocales que han sido expulsados de la Comisión Permanente, el órgano clave que toma las decisiones del día a día y cuyos miembros son los únicos con dedicación exclusiva y un jugoso salario superior a los 125.000 euros al año. 

Se trata de los consejeros del sector conservador Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya y Nuria Abad y del vocal Álvaro Cuesta, el más cercano al PSOE, que fue el grupo parlamentario que le propuso en 2013, a los que se ha sumado la también progresista Clara Martínez de Careaga, que no integraba la Permanente pero considera que la maniobra del nuevo presidente constituye una "desconexión de la legalidad", según las fuentes consultadas por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

En un voto particular contrario a la reordenación del órgano, consideran que el trasvase de vocales realizado por Guilarte desde la Comisión Disciplinaria -cuyos miembros simultaneaban su profesión con el Consejo- a la Permanente es "manifiestamente contraria a Derecho", lo que puede afectar a la validez de "todos los acuerdos que en el futuro adopten" ambos órganos.

El escrito, de seis páginas, explicita las razones jurídicas de su posición que aseguran que está "lejos de cuestionar la necesidad de la rotación" que la propia ley establece para la Comisión Permanente.

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En síntesis, defienden que según la Ley Orgánica del Poder Judicial, la disciplinaria funciona como una especie de tribunal con un mandato de cinco años, mientras que la segunda debe renovarse anualmente para que todos los vocales puedan pasar por ella, si bien exceptúa expresamente a los integrantes de la Disciplinaria. 

En este sentido, recuerdan una sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en diciembre de 2016, la cual "reconoce que la integración de un miembro de la Comisión Disciplinaria en la Comisión Permanente resulta cuando menos dudosa"

El plan de renovación con el que Guilarte estrenó su mandato -que se augura largo dada la actual situación política- no se explicitaba en el orden del día del Pleno del pasado martes, y llegó además sin que se adjuntara documentación alguna. Además, hubo vocales que durante la reunión expresaron su deseo de ser incorporados a la Permanente -fue el caso de Martínez de Careaga, según fuentes consultadas por este diario-, y estas peticiones no fueron ni siquiera sometidas a votación.

Composición "sorpresiva"

Además, califican la composición de algunas comisiones de "sorpresiva" porque el pasado octubre, cuando el Consejo tuvo que reorganizarse tras la dimisión del presidente Carlos Lesmes -nombrando al vocal de más edad, Rafael Mozo, hoy jubilado- se acordó que estos órganos no se tocarían salvo la Comisión de Asuntos Económicos, para incluir en ella al siguiente vocal del turno judicial de mayor edad.

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"La claridad y transparencia debidas exigían haber incluido en el orden del día como punto específico el relativo a dejar sin efecto dicho acuerdo", el del 13 de octubre de 2022, y, al no hacerlo, recriminan que se hizo "inoperante la debida colegialidad, que es la esencia de este órgano constitucional", agregan.

Finalmente, llaman la atención sobre "la extravagante disociación" que se ha hecho "entre la figura del presidente suplente y la de miembro de la Comisión Permanente", por cuanto el primero habitualmente encabeza dicha comisión. A este respecto, explican que la nueva composición de las comisiones surtirá efectos a partir del 1 de agosto, mientras que la participación de Guilarte en la Permanente no lo hará hasta el 1 de septiembre.