José Luis Rodríguez: “El porcentaje de resoluciones que no se cumplen es inadmisible y es una patología”

En un espacio modesto, en la quinta planta de un céntrico edificio de oficinas, una veintena de funcionarios no despega los ojos del ordenador. Acaban de instalarles una nueva plataforma digital que los tiene aún más concentrados que de costumbre. Es uno de los cambios que ha puesto en marcha el nuevo presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el órgano guardián del derecho a la información pública de los ciudadanos. José Luis Rodríguez Álvarez puso fin a tres años de interinidad en la institución. Su pasado como alto cargo del Gobierno de Zapatero le granjeó la oposición de PP y Vox en su nombramiento, pero él insistía en que había que esperar a que sus resoluciones hablaran por él.

Dos años después de su nombramiento, recibe a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA tras un silencio mediático que, asegura, ha sido una consecuencia de sus esfuerzos por centrarse en una institución que encontró “muy débil” y sin apenas medios. Y saca pecho, orgulloso de haber logrado un 26% más de presupuesto para 2022 y un nuevo aumento del 12% para 2022. “Los tres ministros fueron sensibles”, dice. La plantilla cuenta ahora con siete nuevos miembros, pero no es suficiente. “Para poder asumir bien nuestras competencias casi tendríamos que duplicar recursos”, insiste. Y será su leit motiv durante toda la entrevista.

P: ¿Cuánto han avanzado las administraciones en Transparencia en estos años de vigencia de la ley?

En un periodo relativamente corto se ha producido una transformación radical del ámbito de la transparencia, en las posibilidades que tienen los ciudadanos de acceder a información que obra en poder de administraciones públicas. Algunas comunidades incluso han ido más allá en sus legislaciones. Pero queda mucho camino por andar. Se han detectado carencias y es necesario corregir algunos aspectos de la legislación vigente.

P: ¿Cuáles son esos problemas que ha detectado?

Hay un problema endémico, que es la falta de recursos. La ley se aprobó en un contexto de fuertes restricciones presupuestarias y toda la implementación posterior estuvo bajo ese malhadado principio de coste cero. Esos déficits de arranque no se han corregido y en las administraciones hay pocos recursos para transparencia, los funcionarios tienen que hacer también otras funciones y el sistema se resiente. Al final es una decisión política. Tenemos un problema relevante de retraso en la contestación a los ciudadanos, incumpliendo los plazos que marca la ley. Tenemos muchas reclamaciones por denegaciones mediante silencio administrativo. En 2021, superaban el 40%. Esto es insostenible, hay que ir corrigiéndolo.

P: Más allá de la falta de medios, ¿cuánto depende también de la falta de voluntad?

El grado de atención es desigual dentro de la administración general y también entre administraciones. Pero es tanto por las resistencias de los funcionarios, porque no son los que tienen la información, se la tienen que proporcionar dentro de la propia administración, y no hay un diseño que esté pensado para facilitar la información en tiempo. Uno de los cambios de paradigma que hay que incorporar para consumir menos recursos es potenciar la publicidad activa, que toda la información ya desde el momento en el que se está generando se esté pensando en prepararla para darle publicidad y transparencia. Cuando una persona concreta solicita una información, sólo se le responde a ella. Ese derecho individual consume más recursos que la publicidad activa.

P: Hay unas 210 resoluciones del Consejo que no consta que se hayan cumplido. No es la gran mayoría, pero ¿es aceptable?

Este porcentaje de las que no consta cumplimiento aún se puede reducir, porque algunas se cumplan fuera de plazo o se acaben por recurrir. Aún con estas salvedades, son en torno al 15%, y eso es excesivamente alto, es inadmisible. Es una patología que tenemos y hay que decirlo. Es una de las fallas que tiene la ley: le falta una pieza que no debería ser necesaria, porque va en contra de la lógica de la administración que un órgano incumpla resoluciones firmes. Es uno de los temas centrales del proceso de reforma de la ley, asegurar el cumplimiento efectivo de las resoluciones. No es lícito que no se recurran, sean firmes, y no se cumplan. Es muy difícil de explicar a la ciudadanía que las administraciones puedan hacer ejecuciones forzosas de sus resoluciones pero cuando son ellas las destinatarias no ejecutan.

P. ¿De qué manera podrían hacerse efectivas? ¿Es partidario de que el Consejo pueda sancionar?

Hay varias formas, y todas tienen ventajas e inconvenientes, hay que hacer una reflexión sosegada. En este punto no se debe fallar, porque si no funciona generará más frustración. Un régimen sancionador debe haber, pero el problema es quién sanciona. En las autonómicas, se atribuye la potestad para sancionar a la propia administración, que es la incumplidora, y este modelo se ha demostrado que no funciona. Atribuírsela a los órganos garantes [los Consejos de transparencia] debe ir acompañado de dotarlos de medios y recursos y de una articulación muy precisa del régimen sancionador: quién es el responsable, tipificar infracciones y sanciones… Habría que incrementar al menos un tercio la estructura del órgano. Por eso yo reconozco cierto escepticismo, porque me preocupa que sea una solución fácil y luego no sea operativa. Otra opción serían las multas coercitivas, pero hay que definir muy bien a quién puede imponérsele, que a mi juicio no puede ser el funcionario que no tiene la información y al que no se la dan. También se podría establecer un procedimiento ágil, sumario y sin costes, en el que el ciudadano que ya tiene una resolución firme obligue a la administración a ejecutar esa resolución. Esta última debería garantizarse en todo caso, aunque se opte por alguna de las otras.

P: La reforma de la ley tendría que solucionar estas cuestiones. ¿Confía en que esté lista para esta legislatura?

El reglamento ha estado a punto, pero entró en proceso de congelación y ya se ha descartado su aprobación a la espera de la reforma de la ley. Ahora hay un grupo de trabajo que tiene que terminar a final de año su tarea y que está haciendo un trabajo encomiable. Lo que sí tenemos que lamentar es que los trabajos van muy lentos y con mucho retraso. Que se pueda hacer en esta legislatura va a ser muy difícil, hay que ser realistas.

P: ¿Qué cambios son más importantes?

Hay que introducir un mecanismo para incentivar la publicación proactiva. Y fortalecer a los órganos de garantía, y un elemento esencial es el de los remedios jurídicos para garantizar el cumplimiento de sus resoluciones.

P: El dictamen que hicieron sobre la ley de información clasificada señalaba que aquello que puede ser considerado clasificado es tan extenso que “desborda las previsiones constitucionales”. ¿Es un retroceso para la transparencia?

Se pueden introducir todavía muchos matices y correcciones. Lo que se incluye como materia clasificada se resta de la información pública, y hemos emitido un informe crítico. Nos hemos esforzado en llamar la atención en lo que consideramos problemático pero también en proponer alguna solución. En general, queremos que se revise toda la regulación desde el principio de proporcionalidad. Ahora corresponde al Gobierno y al Parlamento ver si tenemos la razón o no.

P: El trabajo del Consejo no es siempre grato, sacando los colores a las administraciones. ¿Cómo se podría garantizar que los fondos que tenga no dependan de la voluntad política?

El Consejo ha vivido una situación de precariedad desde su nacimiento. En 2018 incluso se recortó un 22% el presupuesto. Aún con estas limitaciones, nuestra labor es reconocida. Pero sin la estructura y sin los medios es difícil llegar a un cumplimiento pleno. Cuando asumí la responsabilidad de presidir esta institución, me la encontré muy débil, y eso a pesar del excelente trabajo de Javier Amorós como presidente interino, sin poder actuar con plenitud. Tuve claro que el objetivo a corto plazo era el fortalecimiento institucional y en los primeros años me volqué en trabajar hacia dentro. Va más despacio de lo que me gustaría, pero vamos avanzando de una manera sólida. Son unos funcionarios muy comprometidos con la función del Consejo. Estamos culminando un proceso de modernización interna. Tenemos un retraso indeseable, pero inevitable. Y, en todo caso, yo he dado prioridad a que el contenido de las resoluciones sea sólido, porque si están mejor fundadas en derecho, serán mucho más difíciles de impugnar con éxito. Es como quien tiene que seguir volando y cambiar las piezas del motor, no hemos podido parar.

P: ¿Por qué es importante la transparencia para el ciudadano de a pie?

Es un principio estructural de la democracia y determina su calidad. El derecho de acceso a la información permite al ciudadano estar más y mejor informado, y participar mejor en la vida pública. Permite fiscalizar directamente la actuación de los poderes públicos y conocer cómo se toman las decisiones, con qué criterios y cómo se gestionan los fondos públicos. Se trata de empoderar a los ciudadanos. En todos los países es un principio de importancia creciente. Bien utilizado, acerca las instituciones a la ciudadanía.