¿Hay transparencia en España?: récord de información denegada en 2022

En la España de 2013, el tesorero del partido en el Gobierno entraba por primera vez en prisión, los escándalos salpicaban a la mismísima hija del rey, dos expresidentes andaluces acababan imputados por unos ERE fraudulentos y un expresidente de diputación era condenado por delitos fiscales. Los españoles desayunaban cada día con un nuevo escándalo de corrupción que destapaba las vergüenzas de unos dirigentes que se habían movido con demasiada soltura en la oscuridad de sus despachos. La transparencia era uno de esos asuntos a los que España llegaba tarde. Junto con Chipre y Luxemburgo, era el único país de la UE que no había legislado, pese a que el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero lo había prometido en su programa una década antes. Fue a finales de ese año, 2013, cuando un gobierno del PP aprobó la primera ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, una norma que prometía prender la luz, aunque nacía con deficiencias.

Para Emilio Guichot, miembro del comité de expertos que se creó para la elaboración de la ley, ésta se aprobó “como un intento político de relegitimación después de la crisis económica y el movimiento 15M”. Tras la estatal, llegaron las normas autonómicas. Hoy Euskadi es la única comunidad sin una ley de transparencia, aunque el proyecto está ya en fase de elaboración y ello no impidió que liderara el último ranking de Transparencia Internacional como la comunidad más transparente.

Guichot es uno de los cinco expertos y expertas consultados por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA para medir el estado de salud de la transparencia de las administraciones. Todos coinciden en poner en valor el trabajo de estos diez años, pero reclaman que ya va tocando dar un paso más.

“Nuestra sensación es que estamos bastante atascados”, indica David Cabo, experto en datos abiertos y codirector de Civio. “Se ha creado toda la infraestructura, pero en la práctica nos seguimos encontrando con muchísimas resistencias”, señala. A nivel autonómico, hay organizaciones que funcionan muy bien. Pero, a juicio del experto, esto sigue dependiendo demasiado de que haya funcionarios que se lo tomen en serio y estén realmente implicados con la transparencia. Desde Access Info Europe, coordinadora de la Coalición Pro Acceso con más de cien organizaciones de la sociedad civil, la investigadora legal Patricia González destaca que “España es el país europeo con más entidades locales participando en la Alianza para el Gobierno Abierto (la Open Government Partnership)”.

Pero, tal y como señala el doctor en derecho y experto en transparencia de las Administraciones Públicas Miguel Ángel Blanes, “la falta de transparencia no entiende de ideologías”, y hay casos de mala praxis en administraciones de uno y otro signo político.

Falta de voluntad

Incluso Pedro Sánchez ha vuelto a hablar de esta reforma tras el último Consejo de Ministros del año para señalar que incluirá la obligación de hacer un seguimiento del grado de cumplimiento de los compromisos del Gobierno como el que viene haciendo su Ejecutivo. Pero la abogada del Estado y secretaria general de la Fundación Hay Derecho, Elisa de la Nuez, cree que es “más que probable que no se apruebe antes de que termine la legislatura”. “Es una prueba de la falta de prioridad que tiene el tema, pese a que a los políticos les gusta mucho hablar de él”, se queja.

Cabo recuerda que Civio ha intervenido hasta en tres procesos de consulta pública del reglamento. “Y ahora dicen que ya para qué… patada para adelante y las cosas nunca llegan”, se lamenta. González cree que la ley “necesita más que nunca una reforma”. Ella participa en el equipo encargado de su revisión y los resultados de su trabajo verán la luz en enero. Una de sus principales propuestas va en la misma línea a la que apuntan todos los expertos consultados: incluir un régimen de sanciones para los incumplimientos.

De recurrir a ignorar

Recurrir “es una forma de ganar tiempo”, como apunta De la Nuez. Porque hasta que un tribunal de justicia se pronuncia pueden pasar años. González recuerda que, cuando recurren, las Administraciones cuentan con la Abogacía del Estado. “Y el Consejo de Transparencia, sin los recursos necesarios, tiene que pagar a sus propios abogados”, explica. Al final, ambos cobran de dinero público, por lo que pagamos todos.

Ahora, el Estado ha cambiado la estrategia. “Se han dado cuenta de que es mejor simplemente no cumplirlas”, explica Blanes. En 2021, solo 22 resoluciones han acabado en un contencioso, mientras que otras 59 simplemente se han incumplido. Y en 2022, son 16 los contenciosos frente a 38 resoluciones de las que aún no consta cumplimiento. Lo corrobora Cabo: “La administración central ha aprendido: al principio se tomaba más en serio las resoluciones del Consejo y después descubrió que, si las ignora, no pasa nada”. De la Nuez cree que “es una resistencia pasiva”. “Cuando el derecho se incumple sin sanciones y sin disputarlo siquiera ante los tribunales, sino sencillamente no cumpliendo, llegas a un punto muerto”, añade Guichot.

Sanciones “necesarias”

“Es fundamental un sistema efectivo de sanciones”, insiste Guichot. Y el órgano adecuado, a su juicio, es el Consejo de Transparencia. “Otra cosa es que a ellos les parezca deseable, puesto que sus nombramientos tienen un componente político muy fuerte y sancionar siempre es ingrato”.

“Las facultades del Consejo de Transparencia se quedan muy cortas si no puede velar por la ejecución de sus propias resoluciones”, recuerda De la Nuez, que insiste en que se convierten en papel mojado. Blanes apunta también a que el Consejo necesita más medios: su trabajo ha crecido exponencialmente en estos siete años, pero no lo ha hecho la plantilla y su presupuesto incluso ha menguado.

Récord de denegaciones

Blanes cree que las causas de inadmisión que recoge la ley “son muy genéricas y se aplican con muchísima amplitud”. “Se hace un uso abusivo”, asegura. Uno de los puntos que tenía que clarificar el reglamento son los motivos por los que un organismo público puede negarse a dar información. Las excusas de los ministerios son muchas y muy variopintas, pero la preferida es proteger la seguridad nacional. “Hemos notado que incluso con solicitudes sobre ciertos temas que en el pasado nos habían dado, ahora nos ponen problemas. Es una especie de muerte por los mil cortes”, dice Cabo.

Cultura de la transparencia

En estos ocho años se han formulado casi 58.000 solicitudes. Para González, no son muchas. “En Reino Unido son unas 100.000 al año, pero aquí el ciudadano cree que no le van a contestar, tiene dudas de que vaya a obtener la información y es algo en lo que tenemos que trabajar”, sentencia.

Para De la Nuez, el gran reto es cambiar la cultura de las organizaciones públicas. Las hay que tienen muy claro que hay que rendir cuentas, pero también hay resistencias, “y se localizan siempre en los ámbitos donde es más incómodo para un organismo público dar información”. “El poder no se siente cómodo con el control y tiende a ser opaco”, dice Blanes, que lamenta que “no hay voluntad de mejorar la ley de transparencia e incluso de aplicar la que ya existe”.

Aunque más despacio de lo deseable, la prioridad es seguir dando pasos para hacer a las administraciones cada vez más transparentes. Y vigilar que no haya retrocesos ni para tomar impulso.