EN 'MODO CAMPAÑA' EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID

Almeida se queda sin aliados y afronta la legislatura sin nuevos presupuestos

El equipo de Gobierno rompe cualquier negociación futura posible con Recupera Madrid: reconoce oficialmente al grupo mixto que no aplicará la bonificación del IBI a las viviendas de valor inferior a 300.000 euros

ALMEIDA

ALMEIDA / RAFA ALBARRAN

Elena Marín

Elena Marín

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, conformado por una coalición entre el PP y Ciudadanos, caminará en solitario lo que resta de legislatura. Lo único realmente relevante que tienen pendiente antes de que se convoquen oficialmente las elecciones a finales de marzo del año que viene son los presupuestos, pero no verán la luz porque el Gobierno se ha quedado solo y sin apoyos. Ni a la derecha encontrarán a Vox ni a su izquierda al grupo mixto. Y la prórroga está ya asumida por las dos formaciones que conforman el equipo municipal.

"Podrán achacarme que no los he aprobado, pero nunca que no lo he luchado y he hecho lo indecible para aprobarlos", decía solemne hace solo unos días el alcalde, José Luis Martínez Almeida, en referencia a las complicaciones que se preveían en las negociaciones de los presupuestos. Pero esta vez parece que ni siquiera va a haber negociaciones.

Anulada la baza de Vox por el propio gobierno de Almeida al rechazar públicamente la línea roja establecida por el ya candidato oficial Javier Ortega Smith, quedaba aún una posibilidad, aunque complicada, en Recupera Madrid. Pero ayer el propio Gobierno dio portazo a esta opción, confirmando oficialmente que renuncian a poner en marcha una de las medidas principales por la que los ediles del grupo mixto apoyaron a Almeida y Villacís: no habrá bonificación del IBI para las viviendas de menos de 300.000 euros. Y si fallan en esta medida, en Recupera Madrid ya advirtieron que no se sentarían a negociar de nuevo.

"Indignación e irritación"

El equipo de Hacienda venía advirtiendo de que sería así por las dificultades jurídicas y administrativas que encontraban a esta medida, presentaron incluso un documento del equipo jurídico con todos los impedimentos, pero hasta ayer aún se mostraban oficialmente dispuestos a estudiar las alternativas planteadas por Luis Cueto, negociador de esta medida con los asesores de la Delegada del área, Engracia Hidalgo. Sin embargo, ayer esta dinámica de intercambio de documentos por fin se zanjó, saltó por los aires y quedó claro que el Ayuntamiento no cumplirá con la ayuda prometida.

"La negligencia del equipo municipal tardando tantísimo en evaluar la medida que habían preparado para cumplirlo y no tramitar a tiempo la otra alternativa de trabajar una subvención para esos mismos beneficiarios ha hecho que hoy nos digan que ya no les da tiempo a hacerlo y que, además, el año que viene ya no tienen presupuesto", se lamentaba Cueto en declaraciones a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, quien no esconde "la indignación y la irritación" que le produce a su formación que hayan procedido de esta manera. "Nos han engañado o han sido incapaces de cumplir sus acuerdos, y no sé cuál de las dos cosas es peor".

Estrategia electoral

Ellos solos, PP y Ciudadanos, se han desprendido de unos compañeros que consideran un lastre para el camino que queda por recorrer hasta las elecciones de mayo. La vicealcaldesa, Begoña Villacís, nunca ha ocultado que no tenía interés en salir en una foto con Vox. No le importó en la primera mitad de la legislatura, cuando tampoco existía un grupo mixto como posible aliado, pero ahora su formación está al borde de la desaparición en el Ayuntamiento de Madrid y pactar con Vox no está, desde luego, entre sus prioridades en su estrategia de supervivencia. Villacís aspira a obtener, al menos el mínimo en las próximas elecciones, tres ediles, que podrían ser decisivos para inclinar la balanza hacia un gobierno u otro.

En el PP, por el contrario, están en la estrategia contraria: alejarse todo lo posible de los carmenistas para que no termine calando el discurso de Ortega Smith, que repite siempre que tiene un micrófono delante que las políticas de la exalcaldesa Manuela Carmena siguen vigentes en el Ayuntamiento por culpa de un alcalde que prefiere plegarse a las condiciones de Recupera Madrid que a las de Vox, su supuesto socio preferente.

Cuando en el último trimestre de 2021 los presupuestos no estaban claros y las negociaciones llegaron al límite, desde el equipo de Hacienda informaron a los medios del desastre que supondría para un ayuntamiento como Madrid, que gestiona más de 5.480 millones de euros, no aprobar las cuentas. Necesitaban justificar una negociación al límite y necesitaban, además, sacarlo adelante, pues era el primer presupuesto para una vida ya normalizada sin pandemia, con un gasto social que superaba los mil millones y un potente incremento de las inversiones que alcanzaban los 600 millones de euros. Este año, en cambio, la prórroga está más que asumida.

En el consistorio recuerdan que Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, ya ha sobrevivido a unos presupuestos municipales prorrogados. De hecho, incluso la propia Carmena los tuvo que prorrogar por falta de acuerdo con el PSOE en su primer año de legislatura. Reconocen las mismas fuentes que puede haber problemas con las inversiones más inmediatas, y culpan especialmente a Vox por negarse a apoyar al Gobierno municipal.

Al mismo tiempo, apuntan que serán los más perjudicados. Aparecen como los "generadores de inestabilidad", apuntan desde el consistorio, sugiriendo que todo forma parte de una campaña de Vox por intentar desestabilizar a Almeida porque lo ven como una pieza más vulnerable en el panorama político madrileño.

El propio alcalde, José Luis Martínez Almeida, descartó hace unos días la posibilidad de pactar nada con Vox, porque la línea roja que propone Ortega Smith, la moratoria de las restricciones a los vehículos con etiqueta A y los comerciales en la zona de Madrid central, es jurídicamente inasumible, según apuntaban fuentes del consistorio hace unos días. En Vox, en cambio, metidos ya en campaña, defienden que esta medida solo "beneficiaría a los trabajadores que no pueden asumir una inversión en vehículos no contaminantes" y que piden la moratoria "hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea".