GUERRA FISCAL

Moreno acusa al Gobierno de generar "inseguridad e incertidumbre" con su ofensiva fiscal

El presidente andaluz lamenta la reacción del Gobierno y denuncia que quieren condenar a las comunidades a ser "periferia silente" en materia fiscal

Moreno firma el decreto ley de bajada de impuestos junto a la consejera de Economía y Hacienda, Carolina España.

Moreno firma el decreto ley de bajada de impuestos junto a la consejera de Economía y Hacienda, Carolina España. / Junta de Andalucía

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El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, acusó al Gobierno de generar "incertidumbre e inseguridad" con el paquete fiscal anunciado por el Ministerio de Hacienda. El presidente andaluz, durante la sesión de control en el Parlamento, dejó claro que esta reacción del Gobierno y estás medidas fiscales son una reacción a su decisión de suprimir Patrimonio y rebajar IRPF, y arremetió contra "tanta incoherencia" del Ejecutivo central. "Decían que bajar impuestos era desmontar los servicios públicos y se tiran en tropel las comunidades autónomas socialistas y ahora con la ministra en cabeza a imitar al PP", ironizó el presidente andaluz.

Desde la Junta insisten en que la nueva fiscalidad anunciada por el Gobierno es una contraofensiva a la decisión de Andalucía de suprimir el impuesto de Patrimonio y lamentan que cuando las comunidades forales, País Vasco y Navarra, o Madrid asumieron bonificaciones fiscales en la misma línea no paso nada y cuando lo ha hecho Andalucía se lanzan a neutralizar su política impositiva. "Nos quieren condenar a ser una periferia silente", clamó Moreno contra el Gobierno.

Moreno anunció que acudiría con toda "la contundencia" a los tribunales si el Gobierno intervenía en la autonomía fiscal de Andalucía. En estos momentos, desde el Ejecutivo andaluz aseguran que están "estudiando todas las opciones" para preservar su autonomía fiscal. En realidad el Gobierno no recaudará por Patrimonio sino por otro impuesto, temporal por dos años, expresamente creado dentro de sus competencias fiscales y que llama "Impuesto a la Solidaridad a las grandes fortunas" aunque en la práctica el espíritu y la recaudación es idéntica al que está en manos de las autonomías.

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El Parlamento andaluz aprobó este miércoles el decreto-ley de rebajas fiscales que presentó el presidente Moreno hace una semana abriendo una pugna fiscal en el país. La propuesta fiscal andaluza, que contó con los votos a favor de PP y Vox, supone una rebaja del 4,3% del IRPF en los tres primeros tramos (hasta 35.200 euros) y eleva en el mismo porcentaje los mínimos exentos de tributar, suprime Patrimonio y elimina el canon del agua. La gran polémica fue esa supresión de Patrimonio, como ya había hecho Madrid, bonificando hasta anularlo un impuesto que pagan pocos contribuyentes, unos 20.000 en Andalucía, el 0,2% del total, que permiten recaudar en total (datos provisionales de 2021) unos 120 millones de euros. Lo abonan patrimonios por encima de los 700.000 euros, exenta la vivienda habitual. Los contribuyentes que pagaban por este impuesto abonaban unos 5.000 euros anuales, con un patrimonio medio de 2,5 millones de euros, según los datos de la Hacienda andaluza. Ahora el Gobierno de la nación neutraliza esa bajada al aprobar un Impuesto de solidaridad de las grandes fortunas, que termina gravando esos bienes para patrimonios por encima de tres millones de euros.

 Como contraofensiva a la supresión de Patrimonio, el Ministerio de Hacienda anunció, después de descartarlo toda la legislatura, que iba a tramitar un impuesto a los más ricos, como pedía Unidas Podemos. El embrollo fiscal fue a más cuando las comunidades socialistas se empezaron a sumar a las rebajas fiscales tras la veda abierta por el PP. El socialista valenciano Ximo Puig anunció también una importante bajada del IRPF en el tramo autonómico, donde las comunidades tienen plenas competencias, para rentas hasta 60.000 euros. Otros barones del PSOE van a seguir el mismo camino y el Gobierno de la nación anuncia ahora una exención de pago por IRPF para contribuyentes hasta los 21.000 euros anuales de ingresos.