Las causas judiciales del 'procés' que amenazan con acabar en condenas a prisión

Mientras el diálogo entre Gobierno y

Generalitat

intenta abrirse paso, todavía quedan pendientes de celebrar varios juicios vinculados al '

procés

', y algunos de ellos pueden desembocar en penas de prisión para los acusados, al incluir delitos como la sedición, la malversación o la prevaricación. En el caso de los huidos, la maquinaria se pondrá en marcha cuando estén a disposición de la justicia española. Hay procesos que están en manos del fiscal, que debe presentar su escrito de acusación, y otros todavía se están instruyendo.

Dos diputados de ERC

Los diputados de ERC en el Parlament Josep Maria Jové y Lluis Salvadó están pendientes de ser juzgados en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya por su papel en los preparativos del referéndum unilateral del 1-O. De entrada, se les atribuyen los delitos de malversación (que comporta una pena de prisión), desobediencia y revelación de secretos. Sin embargo, todavía falta que la fiscalía presente su escrito de acusación, en el que puede incluir o no todos estos delitos. Estas pesquisas derivan de la causa abierta contra exaltos cargos de la Generalitat por estos hechos en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. Su titular concluyó que los dos imputados tuvieron una “participación activa” en la organización de la consulta y la planificación de las denominadas estructuras de Estado. Esta causa se retrasó al incluir en la misma a la ‘consellera’ de Cultura, Natàlia Garriga, aunque a ella solo se le imputa una presunta desobediencia por "desatender los mandatos del Tribunal Constitucional".

Los preparativos del 1-O

La acción exterior

La jueza Carmen García, titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona, está instruyendo un proceso penal por presunta malversación por la internacionalización del ‘procés’. En este asunto, aparecen implicados el 'exconseller' de Exteriors, Raül Romeva, el exsecretario de Govern, Víctor Cullell, y el exsecretario del Diplocat, Albert Royo, además de otros siete cargos de la Generalitat. La investigación se inició a través de una denuncia que la fiscalía presentó a raíz de un informe del Tribunal de Cuentas de 2019, por los delitos de prevaricación, malversación y falsedad, y se centra en varios contratos y subvenciones otorgadas entre el 2012 y el 2017 por un valor de 972.228 euros. Algunas abogados han pedido que esta causa se incluya en la del Juzgado de Instrucción 13. La Audiencia de Barcelona debe decidir.

Puigdemont y los huidos

Los que sí se enfrentarán a penas de prisión, si llegan a estar a disposición de la justicia española, son el expresidente catalán Carles Puigdemont y los 'exconsellers' que le acompañaron en la huida Clara Ponsatí, Toni Comín y Lluís Puig, procesados en su día por sedición, malversación de caudales o desobediencia.

La acusación más grave, la de sedición en concurso con malversación, corresponde a Puigdemont, que sería juzgado y previsiblemente condenado con la misma contundencia que lo fue quien era vicepresidente de su gobierno, Oriol Junqueras, al que se impuso la pena más grave, 13 años de prisión. También se atribuye sedición a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, instalada en Suiza.

Solo inhabilitación

El próximo 28 de septiembre será juzgada por este delito Eulàlia Reguant, por negarse a contestar a la acusación popular que ejercía Vox en el juicio del 'procés'. Y el TSJC hará lo propio en octubre con el actual 'conseller' de Empresa y expresidente del Parlament, Roger Torrent, por permitir la tramitación en la Cámara catalana de dos resoluciones a favor del derecho de autodeterminación y en contra de la monarquía, eludiendo los mandatos del Constitucional. Con él serán juzgados sus excompañeros en la Mesa de la Cámara Josep Costa (JxCat), Eusebi Campdepadrós (JxCat) y Adriana Delgado (ERC).