REFUERZO FRENTE AL BLOQUEO

Justicia reformará su Ley de Eficiencia para enfrentar el colapso en el Tribunal Supremo por las demandas covid

  • El alto Tribunal valora el anuncio de Llop, que incluye medidas de refuerzo ante la situación precaria a la que ha llevado el bloqueo en el CGPJ.

Pilar Llop, ministra de Justicia.

Pilar Llop, ministra de Justicia.

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El Ministerio de Justicia ha decidido impulsar una reforma legislativa dirigida a enfrentar el colapso que está a punto de sufrir el Tribunal Supremo ante la llegada masiva de reclamaciones patrimoniales por las medidas que fueron adoptadas por el Gobierno para hacer frente a la pandemia. A ello se suma la precaria situación de la Sala que tiene que ver estos asuntos por las jubilaciones que no se han podido cubrir debido al bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El departamento comandado por Pilar Llop atiende así una reclamación realizada por el propio alto tribunal ya el pasado mes de enero, cuando pidió una reforma legislativa del recurso de casación contencioso-administrativo para dar una respuesta más rápida y eficaz a esa "litigiosidad masiva". El camino que se ha encontrado es el de la presentación de autoenmiendas a la Ley de Eficiencia Procesal, actualmente en trámite, que reformen la ley en dicho punto.

La reforma, valorada muy positivamente por el Supremo, permitirá a los juzgados suspender causas que presenten identidad jurídica sustancial con recursos pendientes de casación ante el Supremo, hasta que el alto tribunal se pronuncie al respecto. La solución ha sido comunicada durante una reunión celebrada hoy en el propio tribunal entre el presidente de la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo), César Tolosa, y una delegación ministerial.  

Entre los compromisos adoptados, se adoptará a esta Sala de una nueva Secretaría, con un letrado de la Administración de Justicia y el personal funcionario adecuado, para afrontar la entrada litigios de responsabilidad patrimonial del Estado derivada de las medidas adoptadas para afrontar la COVID. También se nombrarán tres nuevos letrados en el Gabinete Técnico.

ACTUACIÓN ANTE EL BLOQUEO

Las medidas responden a una situación inédita, y es que el tiempo sigue pasando, ya van casi para tres años y medio, y la falta de acuerdo entre los dos grupos parlamentarios mayoritarios, el PSOE y el PP, mantiene sin renovar el CGPJ. La reforma que el propio Gobierno propició en marzo de 2021 y que impide al órgano de Gobierno de los jueces realizar nombramientos discrecionales, se ha vuelto en contra del propio Gobierno y perjudica al Tribunal Supremo. 

Desde abril la situación era preocupante tras las jubilaciones de los magistrados Rafael Fernández Valverde y Segundo Menéndez, a la que se suma ahora la de Octavio Herrero tras renunciar a la prórroga de dos años en el puesto que había anunciado inicialmente cumplir. De hecho, esta sala encargada de dirimir los conflictos con la administración se encuentra en el mínimo legal para constituir sus cinco secciones, ya que cada una de ellas debe tener al menor cinco magistrados.

10 MILLONES POR LA FALTA DE ACUERDO CON EL PP

Por su parte, Justicia ha informado en una nota que durante el primer semestre del ejercicio 2022 ha destinado 9.798.940 euros con el objetivo de reforzar el plan de choque para el poder judicial. "Esta inversión se ha hecho con el objetivo de paliar los efectos ocasionados por el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva más de tres años en funciones", añaden. 

Añaden que se prevé que, a partir del próximo 30 de junio, una vez finalizada la moratoria concursal, la jurisdicción mercantil y los juzgados de primera instancia, tendrán una carga mayor de trabajo, para los que se ha previsto destinar los casi tres millones de euros restantes del presupuesto global.

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