TRIBUNALES

El Supremo condena por estafar a sus clientes al abogado que denunció al Gobierno por el 8-M y la gestión del covid

  • Víctor Valladares, azote de Sánchez durante la pandemia, ya había sido penado con dos años de cárcel en 2021 por otro timo en un pleito sobre cláusulas suelo.

El Supremo condena por estafar a sus clientes al abogado que denunció al Gobierno por el 8-M y la gestión del covid

EUROPA PRESS

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Un abogado que actuó como azote del Gobierno de Pedro Sánchez al inicio de la pandemia de coronavirus --desde la presidencia de una asociación denominada Afectados para la Gestión del Coronavirus (AGG)--, Víctor Valladares, ha sido condenado por el Tribunal Supremo a un año de cárcel y multa por estafar a una clienta que le había contratado para interponer varias demandas -entre ellas por el acoso escolar que sufría su hijo-, y por lo que le cobró más de cuatro mil euros sin realizar luego trámite judicial alguno.

Esta no es la única condena que la justicia ha impuesto a este letrado, que alcanzó cierta notoriedad pública al inicio del confinamiento tras denunciar al Gobierno por no evitar la marcha feminista del 8 de marzo de 2020 y presentar innumerables recursos contenciosos y querellas contra la gestión de la crisis del coronavirus por parte del Ejecutivo.

Así, en septiembre de 2021 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya le había impuesto otros dos años de cárcel por por engañar a unos clientes que le contrataron para un pleito sobre cláusulas suelo, según informó elDiario.es.

En este caso, se consideró acreditado que Valladares emulaba resoluciones del juez para hacer creer a sus defendidos que el procedimiento avanzaba a su favor.

En el caso que ahora resuelve el Supremo, según la sentencia a la que ha tenido acceso El PERIÓDICO DE ESPAÑA, a Valladares le fueron encomendados tres trabajos por parte de una ciudadana que ya había gestionado con él una reclamación anterior en la jurisdicción social.

Los encargos consistieron en una reclamación patrimonial frente al Estado por el que Valladares solicitó a su clienta 560 euros como provisión de fondos para él y el procurador; una demanda por acoso escolar por la que reclamó y obtuvo 2.067 euros y otra reclamación para modificar la pensión alimenticia que abonaba la expareja de la mujer por 1.852 euros.

Según el relato de hechos probados, Valladares "hizo suyas estas cantidades sin realizar trámite judicial alguno, en la defensa de los intereses que le habían atribuido sus clientes". Para justificar que trabajaba en los procedimientos que le habían encomendando llegó a visitar con la mujer los juzgados de lo Contencioso- Administrativo de Madrid, le informó de las cuantías indemnizatorias que pronto iba a recibir y le entregó documentos relacionados con las causas.

DOCUMENTO FALSIFICADO

Entre ellos, un escrito elaborado por él que iba dirigido al Juzgado n° 4 de lo Contencioso Administrativo de Madrid por el que se acreditaba el pago de caución en uno de los litigios y otro papel, que "adoptaba la forma de Auto judicial", en el que supuestamente se estimaba la solicitud de modificación de la pensión alimenticia”.

Por estos hechos, la Audiencia de Madrid condenó a Valladares a 21 meses de prisión por apropiación indebida en concurso con el de deslealtad profesional, así como a una pena de inhabilitación de 18 meses y multa, añadiendo que debía indemnizar a su víctima con 29.479,50 euros.

El abogado no se resignó y recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que le absolvió del primero de los delitos pero mantuvo la condena contra él por falsedad y la deslealtad, si bien rebajó la responsabilidad civil impuesta inicialmente hasta los 13.479,5 euros. Ahora, el Tribunal Supremo ha desestimado su último recurso, confirmando esta condena.

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