Cuando el Gobierno de Rajoy negaba asilo a rusos y ucranianos tras consultar 'Rusia Today'

El Ministerio del Interior del Gobierno del PP consultó las bases de datos informativas de la televisión Rusia Today y la agencia de noticias Sputnik, ambas controladas por el régimen de Vladímir Putin, antes de denegar el asilo a un matrimonio de ciudadanos ucranianos y a la madre de una supuesta opositora al Kremlin. Así consta en dos sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en las que los magistrados rechazaron las peticiones de los inmigrantes basándose en los informes elaborados por este Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy.

En concreto, el entonces ministro del Interior Juan Ignacio Zoido denegó el 15 de noviembre de 2016 el asilo a una mujer que alegaba que su vida corría peligro si regresaba a Rusia porque su hija y su yerno, este de nacionalidad ucraniana, ya habían sido detenidos en una manifestación celebrada en 2014 en Moscú contra el Gobierno ruso. Idéntica resolución dictó el Ministerio el 9 de agosto de 2017, que rechazó la protección a una pareja ucraniana que había pedido quedarse en España al tener miedo de que fueran reclutados para la guerra del Dombás.

En el primero de los casos la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional confirmó la resolución de Interior y en septiembre de 2018 rechazó conceder el asilo a la mujer rusa que reclamaba no ser expulsada de España.

Advertencia del CNI

Esta decisión de la Audiencia Nacional tuvo lugar meses antes de que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), a través del Centro Criptológico Nacional (CCN), advirtiera en un informe de 2019 contra las campañas de desinformación de Rusia en España, y que incluso pusiera como ejemplo de "fake news" las noticias de Rusia Today sobre el 'procés'.

En concreto, el espionaje español aludía a una información de 28 de octubre de 2017 en la que la televisión rusa en español anunciaba la presencia de tanques en las calles de Barcelona. Aquella noticia fue compartida por 11.800 usuarios en Facebook, según recogía el documento del servicio de la inteligencia española.

La Unión Europea ha decidido bloquear las emisiones de Rusia Today y de la agencia de noticias Sputnik en un intento de frenar la estrategia de desinformación y manipulación de las noticias del Gobierno de Putin. También han secundado el boicot Meta (Facebook), Twitter y Google, entre otros.

El alto representante de la Unión Europea para los Asuntos Exteriores, Josep Borrell, aseguró este pasado martes que la Comisión Europea está trabajando en nuevas propuestas para sancionar a "actores de desinformación maligna" y advirtió de que la maquinaria de propaganda del Kremlin es "parte integral" de su agresión contra Ucrania.

"La manipulación de la información y las interferencias son algo que la máquina de propaganda rusa usa activamente, acompañando su campaña militar en Ucrania, extendiendo información falsa entre su población sobre por qué ha tenido lugar esta invasión y cuál es la situación en Ucrania", dijo.

"Consultada Rusia Today"

Al justificar su decisión, la Audiencia Nacional daba crédito a la investigación que había realizado en 2016 el Ministerio del Interior del PP, que ponía en duda el relato de la mujer pues no había encontrado referencias en internet sobre la protesta en la que esta aseguraba que su hija había sido arrestada. "Consultada la base de noticias de Rusia Today no consta que en mayo de 2014 hubiera más manifestaciones que la correspondiente al 1° de mayo, que sí se celebró", concluía el Ministerio en su informe, cuyo contenido fue asumido por la Audiencia Nacional en la sentencia, en la que los magistrados indicaban, de forma literal: "De las consultas efectuadas por la instrucción no se han encontrado datos ni referencias de los conflictos que se dieron durante la fecha alegada".

En el informe se constata que Interior también recurrió para analizar la petición de asilo a otras fuentes de información más solventes, como es el caso del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Amnistía Internacional o el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Pero la duda sobre la existencia de la manifestación no fue la única consideración que llevó a la Audiencia Nacional a no conceder el asilo a la mujer rusa. Sobre todo los magistrados recalcaron que las alegaciones realizadas por ella eran "genéricas" e "imprecisas", y que la inmigrante no había logrado acreditar que estuviera perseguida, de manera que pudiera temer por su vida o por el libre ejercicio de sus derechos fundamentales.

Por el contrario, la mujer defendía en su recurso que sus familiares habían sido arrestados en una protesta contra el presidente ruso que había tenido lugar en mayo de 2014 en Moscú, y que había sido promovida por el opositor Partido de la Libertad Popular (Parnás), cuyo fundador era el exjefe del Gobierno ruso Mijaíl Kasiánov. Además, su hija y su yerno se habrían tenido que fugar a Ucrania ante el temor de futuras acciones del régimen de Putin.

Sin puesto de responsabilidad

Tampoco en este punto los magistrados se creyeron a la recurrente, pues de sus declaraciones concluyeron que su hija o su yerno no mantenían un puesto de responsabilidad en el partido opositor o que ostentaran un alto perfil de compromiso político, pues en su testimonio solo logró explicar que habían acudido a manifestaciones de protesta y que habían sido arrestados en una de ellas.

Además, la Audiencia Nacional plasmó sus dudas en la sentencia sobre la posibilidad de que esta mujer pudiera estar relacionada con la manifestación de Moscú, pues esta procedía de la localidad de Omsk, a más de 2.000 kilómetros de la capital rusa. "Parece poco menos que probable que puedan alcanzarle", concluían los jueces.

Como segundo elemento para dudar del testimonio de la mujer, el fallo alude a que Interior encontró una nota de prensa difundida por Amnistía Internacional, titulada 'Rusia: nuevos actos de represión marcan el aniversario de la manifestación de Bolotnaya', en la que la ONG lamentaba que las autoridades rusas no hubieran dado permiso para celebrar el 6 de mayo de 2014 un acto en conmemoración del aniversario de las manifestaciones ocurridas en 2012 en la plaza Bolotnaya, en protesta por la represión entonces ejercida por las autoridades rusas.

En definitiva, los magistrados de la Audiencia Nacional consideraron que los hechos aducidos por la madre de la supuesta opositora no se encontraban incluidos entre las causas establecidas en la Convención de Ginebra de 1951 para que esta pudiera permanecer en España, pues llegaron a la conclusión de que no había sufrido una persecución personal por motivo de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual.

Reclutamiento forzoso

El segundo de los casos en los que Interior consultó las bases de datos de los medios de comunicación ahora bloqueados en la Unión Europea fue el de un matrimonio de ucranianos, originarios de la localidad de Glybochok Borshchiv, situada en la Región de Ternopil, que temían ser reclutados de forma forzosa para incorporarse a filas.

En el expediente de Interior, que transcribe la Sala de lo Contencioso-Administrativo en la sentencia en la que deniega el asilo de la pareja ucraniana, se asegura, de forma literal: "Dado que los solicitantes fundamentan su solicitud en el temor de que el solicitante sea reclutado por las autoridades militares de su país para incorporarse a filas, además de la información general sobre el país de origen se ha consultado la siguiente información específica sobre el servicio militar en Ucrania".

Y una de esas noticias la había publicado la agencia de noticias rusa, tal y como se transcribe en la resolución judicial: "Sputnik Mundo: "Un tercio de los contratistas del Ejército ucraniano son mujeres" de 23 de junio de 2016, disponible en https://mundo.sputniknews.com/fuerzasarmadas/20160623/1061117237/ucrania-ejercitomujeres.html".

En esta información la agencia rusa constataba que Ucrania suprimido el servicio militar en 2013 "tras optar por un ejército profesional". Sputnik destacaba después que en abril de 2014, tras el inicio de la operación militar contra las autoproclamadas Repúblicas de Lugansk y Donetsk, el entonces presidente en funciones, Alexandr Turchínov, "firmó un decreto para restablecer la leva".

La agencia Sputnik

Esta información la asume Interior en su escrito, en el que al respecto del servicio militar sostiene que las diferentes fuentes consultadas, entre ellas la agencia Sputnik, señalaban que se preveía que iba a dejar de ser obligatorio en Ucrania, proyecto que se abandonó por la situación que vivía entonces el país.

En este expediente de Interior también se incluyen informaciones de instituciones solventes como el Home Office (Ministerio del Interior) del Reino Unido, ACNUR, la OSCE o un organismo público francés. La Audiencia Nacional confirmó la denegación del asilo de la pareja al considerar que si en el país de origen del solicitante el servicio militar es obligatorio, España no podía favorecer "el incumplimiento de ese deber cívico".

La semana pasada la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional cambió su criterio sobre la concesión de asilo a una familia ucraniana, a la que pese a rechazar el asilo sí le concedió la protección subsidiaria (segundo nivel de protección internacional que implica que no serán expulsados), al entender que, en la fecha y en las circunstancias actuales, el Gobierno de Kiev no puede ofrecer garantías para su protección al existir riesgo de que sufran daños graves.