¿Podría Putin acabar sentado en un banquillo internacional?

El ataque de Rusia a Ucrania vulnera claramente la Carta de Naciones Unidas y diversos convenios de derecho internacional que prohíben las amenazas y el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Desde el punto de vista penal, los expertos ven claro que Vladímir Putin y sus generales han vulnerado el derecho humanitario al cometer crímenes de guerra e incluso el denominado crimen de agresión, vigente desde enero de 2017, si bien coinciden en calificar de bastante improbable que ninguno de ellos termine sentándose en el banquillo de la Corte Penal Internacional (CPI).

Así lo señala a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA el abogado Alejandro Gámez, experto en Derechos Humanos, que explica que de la confusa información que llega hasta el momento parece deducirse que las tropas rusas podrían haber incurrido en violaciones graves recogidas en varios convenios internacionales. 

Entre los tratados vulnerados cita el Estatuto de Roma (suscrito en 1998) y también los Convenios de Ginebra y de La Haya que rigen el derecho internacional humanitario y otras normas que limitan el uso de determinadas armas o formas de guerra, como las minas antipersona. En el caso de Rusia se estarían utilizando bombas termobáricas igualmente prohibidas por la convención de Ginebra debido a su gran poder de "devastación".

Entre los asuntos que podrían ser objeto de investigación penal por el CPI este experto cita el uso de misiles y explosivos en zonas densamente pobladas, bombardeo de edificios civiles como hospitales o escuelas, el uso de bombas de racimo, forzar desplazamientos masivos de población, etc. De hecho, el fiscal Karim A.A. Khan anunció este lunes en un comunicado que la Corte Penal abrirá una investigación sobre la invasión rusa de Ucrania "lo más rápidamente posible".

Sala de Cuestiones Preliminares

La pregunta es si dicha investigación tendrá un resultado efectivo, es decir, si logrará que los responsables de esos crímenes, encabezados por el propio Putin, acaben sentados en el banquillo y siendo juzgados por sus acciones. Para Gámez, un paso importante será el que pueda dar la Sala de Cuestiones Preliminares, formada por jueces, que es la que debe decir en el futuro si esta pesquisa anunciada por el fiscal pasa ser una investigación oficial. 

Según explica a este periódico José Ángel López Jiménez, profesor de Derecho Internacional de Comillas ICADE, hay que recordar que la Corte Internacional no enjuicia a Estados sino sólo a las personas concretas responsables de los delitos, tanto por ser los autores materiales como por ser los inductores o cargos superiores que autorizaron o no impidieron la comisión de los mismos.

Este experto ve claro el delito de crímenes de guerra y apunta también la posibilidad de que la continuación del conflicto permita señalar la comisión de crímenes contra la humanidad, genocidio y el denominado crimen de agresión, aunque otra cuestión es que puedan juzgarse. 

Putin revocó su firma en el CPI

El problema, según exponen tanto López Jiménez como Gámez, es que la Federación Rusa no es un estado parte de la Corte Penal Internacional. Pese a firmar su adhesión en 1998, los rusos no ratificaron el Estatuto de Roma y de hecho el propio Putin escenificó su rechazo al mismo al revocar su firma el 16 de noviembre de 2016. Ello, según los expertos, reduce casi a cero la posibilidad de investigar al propio presidente ruso, aunque aún cabría la opción, si bien muy limitada, de acabar sentando en el banquillo a otros mandos militares o políticos.

La propia decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de abrir una investigación, en todo caso, "sería ya una noticia muy grave que obligaría a muchos Estados a replantearse sus relaciones, a cualquier nivel, con la Federación Rusa", entiende Gámez. Más aún si esta sala dictara órdenes de detención y entrega, decomiso de bienes, bloqueo de cuentas, etc contra altos mandos rusos investigados, ya que los Estados parte de la Corte tienen la obligación de cumplir estas órdenes cuando las personas buscadas o los bienes de éstas están en su territorio. 

Ya se investiga Georgia y Ucrania 2014

Ambos expertos también coinciden en señalar que la CPI parece haberse convertido en un tribunal para criminales africanos, ya que apenas existen investigaciones por otros conflictos que hayan desembocado en una investigación efectiva. En todo caso, según López Jiménez, debe tenerse en cuenta que existen en marcha sendas investigaciones por parte de la Fiscalía de la CPI relativas a las acciones de la Federación Rusa en Georgia en 2008 y en la propia Ucrania en 2014.

En estos casos, el fiscal debe contar con la colaboración del Estado cuyos nacionales son acusados de "agresores" -lo que parece poco probable que ocurra en el caso de Rusia, según el profesor de ICADE-, y en su defecto cuenta con los datos que le ofrezca el estado agredido. Las investigaciones, además, se extienden en el tiempo, por lo que pese a su importancia a la hora de establecer responsabilidades no parece ser un método de freno urgente de esta guerra, según los expertos consultados. 

También califica de "prácticamente imposible" que Putin llegue a sentarse en el banquillo Juan Antonio Perea, del Departamento de Derecho Internacional de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Alude al igual que otros expertos al hecho de que someterse a la Corte sea voluntario, y de hecho Rusia no forma parte -al igual que EE.UU. y China, entre otras grandes potencias- y que Ucrania lo sea pero sólo en lo relativo a hechos dentro de su territorio.  

El precedente de Sudán y el TEDH

También se refiere a que, aunque no se les pueda juzgar, ya es importante el hecho de que, si se firman órdenes de busca y captura, los jefes militares o políticos contra los que se dicten estas órdenes podrían ser detenidos en el caso de viajar a un país sometido a la Corte. Existe un precedente, el presidente de Sudán, Omar al-Bashir, que tuvo que abandonar Sudáfrica en junio de 2015, cuando acudía a una cumbre, para evitar ser detenido por su presunta responsabilidad en los crímenes perpetrados en la región de Darfur, en Sudán del Sur.

La forma mas fácil de atribuir una responsabilidad es, según Perea, a través del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). De hecho, este mismo martes, la Corte con sede en Estrasburgo exhortó a Rusia evitar "ataques militares contra civiles y bienes de carácter civil" en Ucrania, después de que este país denunciara violaciones de los derechos humanos tras la invasión rusa. Ambos países, tanto Rusia como Ucrania, son miembros del Consejo de Europa.

CONTRA LOS CIMIENTOS DE LA ONU

Por su parte, José María Arraiza, experto en Derechos Humanos, minorías étnicas y conflicto señala a El PERIÓDICO DE ESPAÑA que la invasión de Ucrania es especialmente dañina para la seguridad global porque con ella Rusia golpea un cimiento fundamental de la Carta de las Naciones Unidas. Según este experto, el hecho de que quien rompe con este principio sea un miembro permanente del Consejo de Seguridad es "un pequeño terremoto para el sistema internacional de mantenimiento de la paz." 

En cuanto a crímenes de guerra y contra la humanidad la situación es distinta, según Arraiza. En ese sentido, aunque Ucrania no es un Estado miembro del Estatuto de Roma, ha aceptado que la Corte Penal Internacional tenga jurisdicción sobre ella, por lo que pueden existir consecuencias a largo plazo.