LA VERDADERA RAZÓN DE ERC

¿Cuotas en Netflix? No es tanto el idioma como un rescate al decadente sector audiovisual catalán

En Cataluña se producía hace diez años el 50% de las películas españolas, frente al 31% actual

La presencia de las lenguas cooficiales en la gran mayoría de las plataformas es absolutamente marginal

Plataformas de streaming de vídeo online

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La situación que está atravesando el sector audiovisual catalán, hasta hace poco el más poderoso del país y hoy en día estancado, se ha convertido en un elemento decisivo de la negociación que lleva a cabo estos días Esquerra Republicana de Catalunya con el Gobierno para dar su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado. Los nacionalistas demandan que el Ejecutivo incluya en la futura Ley Audiovisual unas cuotas mínimas de producción en lenguas cooficiales a las que estarían obligadas plataformas como Netflix o HBO Max. Una exigencia que va más allá de lo cultural y que tiene un importante componente económico. Por ahora, el Gobierno no ha cedido a esa demanda, lo que conduciría a que ERC plantee este viernes una demanda a la totalidad a los Presupuestos.

Así lo confirman a este diario fuentes de Esquerra, que aunque hablan de “blindar el catalán”, también hacen referencia a la necesidad de apoyar a un sector que tiene un peso decisivo en la economía de esta comunidad. “Tenemos que proteger a una industria que factura 6.702 millones de euros en Cataluña y genera 26.651 puestos de trabajo”, confirman estas fuentes, que también aducen que “esto no se trata de una guerra entre idiomas, ni de echar un pulso al castellano que no tendría sentido. Lo que decimos es que si no protegemos a nuestra lengua, acabará desapareciendo”.

Las cifras que maneja Esquerra aparecen en un informe que el Consell d l’Audiovisual de Catalunya presentó a principios de este mes de octubre, aunque se trata de cifras que también engloban segmentos como la publicidad o los medios de comunicación. Si se desglosa la parte que corresponde al entretenimiento audiovisual -cine, televisión y videojuegos-, la más importante de esa tarta, esta industria genera en Cataluña 3.869 millones de euros y da trabajo a 14.102 personas. El estudio fue realizado por la consultora Cluster Development en el período 2019-2020, por lo que pueden considerarse cifras no influidas todavía por la pandemia.

UN SECTOR ESTANCADO

Varios organismos han dado la voz de alarma en Cataluña respecto a la situación que atraviesa su sector audiovisual, históricamente el más potente del estado. La Academia del Cinema Català lo hacía a finales del año pasado, cuando se conocieron las candidaturas para la XIII edición de los Premios Gaudí, los galardones del cine en catalán. Esta institución denunciaba entonces que los largometrajes catalanes tenían un presupuesto sensiblemente inferior a los 3,2 millones de euros del largometraje medio europeo -de hecho solo 2 de los 26 presentados superaba los 3 millones, y 11 no llegaban al medio millón-. Además, constataba que las producciones de cine catalanas del año 2019 suponían solamente el 31% del total de las del Estado (84 de 265), cuando una década antes, en 2010, representaban el 50%. La institución achacaba esa caída al crecimiento global de la producción española, que pasó de 170 títulos a 265, pero demostraba hasta qué punto la catalana se ha quedado estancada mientras el total nacional despegaba.

Jordi B. Oliva, presidente de PROA, la Federación de Productores Audiovisuales de ámbito estatal con sede en Barcelona, no duda de que se está produciendo esta deriva. “La caída de la producción en catalán es evidente”, explica Oliva, que no duda en hablar de un proceso de centralización de la producción audiovisual que se inició hace ya bastantes años, y pone un ejemplo televisivo. “Cuando irrumpieron las cadenas privadas, se fijó por ley que una parte de su producción tenía que ser descentralizada. Y así desde Barcelona se hicieron cosas importantes, recordemos por ejemplo Crónicas Marcianas. Hoy en día la producción desde Cataluña es mucho menor. Los centros de producción propios de las privadas fuera de Madrid casi dejaron de existir”.

Actualmente, la práctica totalidad de las plataformas tienen sus oficinas centrales para España en Madrid. Un factor que también puede haber contribuido a esa centralización, igual que la proyección global de sus contenidos puede haber contribuido a una cierta “castellanización” de nuestro audiovisual. Oliva sostiene que “la influencia negativa de las plataformas sobre las lenguas cooficiales, más que por su ubicación, radica en que no tienen ninguna obligación de emitir en esas lenguas. También es cierto que, si estuvieran en Catalunya, además de fortalecer la producción de nuestras empresas y la oferta de puestos de trabajo, conocerían mejor nuestro patrimonio cultural y sería más fácil que entendieran la importancia de defender la lengua”.

Para velar por esa diversidad, el presidente de PROA defiende a ultranza la figura del productor independiente. “Somos los únicos garantes de que se llegue a producir contenido audiovisual que refleje la diversidad de España. Si no, corremos el riesgo de acabar en un formato lleno de estereotipos que no son los nuestros”. En esto le secunda Antonio Mansilla, presidente de otra asociación de productoras independientes de toda la península, PIAF, que habla también del dinero que el Gobierno va a destinar al sector como parte de ese célebre 'Hub Audiovisual' que se pretende crear con las ayudas que lleguen de Bruselas. "El propio Gobierno a través de su Ministerio de Economía nos dijo que temía que esos fondos acaben en manos de 4 o 5 grandes productoras internacionales, y por tanto saliendo de España, pero la Ley Audiovisual favorece a esas compañías".

Otro tema que ha orbitado en torno a las negociaciones políticas y a las demandas de las productoras de cara a esa nueva Ley Audiovisual es la recuperación de una partida presupuestaria que existía hace años. Diez millones de euros a los que en el sector se llamaba "el fondillo" y que estaban destinados a financiar la producción en lenguas cooficiales. El gobierno de Rajoy terminó con esa partida y el de Sánchez se había comprometido a recuperarla. Según Mansilla, "Iceta nos dijo que su ministerio lo había incluido en su propuesta para los Presupuestos, pero Hacienda se lo ha cargado".

Lenguas marginadas

Actualmente, las lenguas cooficiales ocupan en las plataformas una posición absolutamente marginal. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) es el organismo que mejor ha estudiado la presencia de su lengua en estos servicios de streaming. Las cifras de sus informes hablan por si solas: solamente un 0,5% del total del catálogo de Netflix en España en 2020 era producción original, doblada o incluso subtitulada en catalán. La situación es parecida en casi todas las plataformas: HBO ofrece solo el 0,1% de su catálogo en catalán; Disney+ el 0,8%, y Amazon Prime Video el 1,3% de su catálogo. La diferencia la marca Filmin, una plataforma con base en Barcelona que alojaba, en junio de 2021, 1.949 obras audiovisuales producidas, dobladas o subtituladas en catalán, el 18,9% de su catálogo.

En otras comunidades autónomas con lenguas cooficiales, las cosas se ven de forma parecida. El PNV considera importante “que el régimen de ayudas y protección a productos culturales en lenguas oficiales distintas al castellano sea suficiente y adecuado”, pero tienen dudas de que esto vaya a cumplirse. Por eso han introducido varias alegaciones al texto provisional del anteproyecto de ley. Dicen que éste no ofrece garantías para el reconocimiento de todas las lenguas cooficiales, puesto que en el documento no se mencionan el resto de lenguas más allá del castellano. “De ahí deducimos que en la letra pequeña aparecerá cierta reglamentación, de momento no hay una garantía que pueda suponer el reconocimiento de las lenguas cooficiales”.

El Bloque Nacionalista Galego comparte esa opinión, destacando la falta de garantías que ofrece el texto inicial. El hecho de que no establezca una cuota clara para el gallego, catalán o vasco, consideran, beneficiará a “las grandes productoras y a las grandes multinacionales” que priman el castellano por su proyección internacional “y prescinden de las lenguas minoritarias”, según destaca Mercedes Queixas, diputada del BNG en el Parlamento Gallego. De los “más de 25 mil títulos de las diferentes plataformas, sólo 25 estaban en versión original en gallego y ninguna doblada”, precisa. Una situación que, denuncian, “es una discriminación para la presencia de la lengua gallega, que es una lengua oficial y pierde influencia, y por tanto pierde futuro”. Los nacionalistas gallegos piden, además de blindar una cuota para cada lengua cooficial, establecer una “definición de productoras independientes”, porque “representa el sistema local emprendedor frente a las multinacionales, que quedan blindadas en este proyecto de ley, dejando caer la diversidad cultural y empresarial”.

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