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Una magistrada del TC cuestiona que la ley de amnistía sirva “a torturadores sobre torturados”

  • En su libro "Contranarrativa de la Transición Política en España" defiende que este periodo no fue fruto de unas cuantas personas, sino del empeño del pueblo español en su conjunto.

  • Argumenta que La Ley de Amnistía no puede ser obstructiva al deber de investigación de las desapariciones durante el franquismo.

  • Considera una "vergüenza democrática" que una norma que fue exigida por la oposición al régimen de Franco funcione como ley de punto final. 

La magistrada María Luisa Balaguer, el día de su toma de posesion durante el acto en Zarzuela

La magistrada María Luisa Balaguer, el día de su toma de posesion durante el acto en Zarzuela / Emilio Naranjo

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La literatura sobre la Transición es extensa y se ha realizado desde diferentes ámbitos, pero pocas veces una relectura crítica de esa época clave en la historia reciente de nuestro país es realizada por un miembro del Tribunal Constitucional, en este caso por la magistrada y catedrática de Derecho Constitucional María Luisa Balaguer. En su "Contranarrativa de la Transición Política en España", cuestiona que la ley de amnistía de 1977, que nació como una exigencia de la oposición para reparar algunos daños del franquismo, finalmente sirva "a los torturadores sobre los torturados".

El libro, editado hace tan solo unas semanas por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, gana actualidad tras la última polémica que ha dividido a los socios de Gobierno a cuenta de la enmienda que pactaron y que parecía abrir una puerta definitiva a la investigación de los crímenes franquistas, una posibilidad rechazada en ámbitos jurídicos y rebajada por el propio ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. La obra está prologada por Yolanda Gómez, directora del citado centro y que sonaba como candidata del PSOE al órgano de garantías para la última renovación, si bien finalmente no fue propuesta.

El análisis de Balaguer no incluye este último capítulo de intento de sacar adelante la ley de Memoria Democrática, pero en él ya se adelanta dicha posibilidad al afirmar que, sobre una posible modificación de la ley de Amnistía, habría que esperar "a que surjan iniciativas de otra naturaleza que puedan residenciarse en normas distintas". El libro sugiere, llegados a este punto, que se pueda "entrar en una ley de memoria histórica que recogería parte de las exigencias de la búsqueda de personas desaparecidas".

La obra analiza este momento histórico buscando en sus orígenes, desde la situación política en los años 40 en España, atiende también a fenómenos como el de mayo del 68, y se para especialmente en el comportamiento de los agentes sociales que prepararon el terreno para los cambios políticos tras la muerte del dictador. También examina el papel durante dichos años de la iglesia y del movimiento feminista, así como la situación institucional de la Corona y los partidos políticos.

Al grito de libertad y amnistía

Su revisión de la ley de amnistía lo coloca Balaguer dentro del epígrafe del proceso de las reformas legales, partiendo de la premisa de que se trata de una norma que ha provocado importantes desacuerdos en la doctrina constitucionalista y también en las resoluciones judiciales que con motivo de su aplicación se han dictado. "La ley en su origen fue una exigencia de la oposición que se manifestaba en la calle al grito de libertad, amnistía y estatuto de autonomía".

Ha sido después, según recuerda, cuando se han comenzado a interponer denuncias a funcionarios de los cuerpos y fuerzas de seguridad durante el régimen, cuando se ha iniciado lo que ha juicio de Balaguer es una "ampliación" de los sujetos beneficiados por la norma que no parecía estar en el espíritu con el que se discutió en las Cortes. Este pasaba, según recuerda, en "reparar los daños ocasionados a las personas cuyo comportamiento en los años del franquismo fue contrario ala dictadura".

De hecho, según recuerda Balaguer, en los debates parlamentarios quedó clara "la posición de una derecha contraria a la amnistía, una izquierda favorable y una posición de centro, la del Gobierno, no tanto a favor en el fondo como en la necesidad de favorecer los acuerdos para la negociación de una transición democrática".

"Solución absurda"

Por ello, y a la luz de la Constitución aprobada tan sólo un año después, en 1978, una norma "que pretende restañar las heridas producidas por el régimen amnistiándolas, y dejando sin tutela a los torturados" es a juicio de la magistrada del Constitucional una "solución absurda" que debe ser al menos analizada.

"La posibilidad de que quepa al menos una acción de responsabilidad civil contra el Estado por el daño producido por el aparato represor de la dictadura debería contemplarse como una medida paliativa con independencia de la necesidad de la reflexión sobre los sujetos que están amparados por la amnistía", añade.

Así, concluye que si la ley de amnistía al final ha servido para evitar las investigaciones en materia de torturas, "no ha cumplido su finalidad y ha malogrado su exigencia de justicia". Y por ello considera que "no puede ser obstructiva al deber de investigación de la justicia en relación con supuestos de denuncia de desapariciones de personas".

Finalmente, señala que las víctimas de las dictadura "se equivocaron" al pensar que la democracia española "no se podía permitir la impunidad de quienes utilizaron el poder del Estado para torturar, asesinar e imponer el horror a aquellos que no compartieron su forma de pensar", por lo que "esta es la historia de una vergüenza democrática", la de una Ley de Amnistía que seguirá funcionando como "una ley de punto final de la dictadura franquista que tapona las peticiones de verdad, justicia y reparación".

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