Los aliados del PSOE presionan en memoria democrática y piden quitar el título de Rey

El Gobierno tiene un problema con el proyecto de ley de memoria democrática porque no gusta a su derecha y tampoco a su izquierda. Aunque Unidas Podemos se ha puesto de perfil en la negociación, algunos de sus aliados parlamentarios no. Este lunes, ERC y EH Bildu, junto al PDeCAT, JxCat y BNG, han registrado una batería de enmiendas conjuntas al texto, entre ellas suprimir el título de Rey y acabar con los privilegios derivados de él.

Es una propuesta con pocos visos de salir porque el PSOE, en lo que respecta a la Corona, ha delimitado un cerco de protección. Con la ayuda del PP, ha evitado numerosas peticiones para crear en el Congreso comisiones de investigación sobre Casa Real, especialmente sobre el emérito.

Sin embargo, las enmiendas conjuntas de ERC y EH Bildu, 18 escaños entre ambos, son un desafío en toda regla a este empeño del Partido Socialista. La enmienda concreta dice: "De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41, se suprime el título de Rey de España así como todos los privilegios y prerrogativas personales y familiares que del mismo se derivan”.

La justificación de la solicitud es la siguiente: "la restauración de la monarquía en el Estado español tiene su origen en la dictadura franquista". Se trata de una argumentación meramente histórica que se remonta al 22 de julio de 1969, cuando "Franco nombró a Juan Carlos de Borbón como su sucesor a la Jefatura del Estado con el título de 'Príncipe de España'". Reproduce palabras que el hoy rey emérito pronunció: “Quiero expresar en primer lugar, que recibo de Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo Franco, la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936, en medio de tantos sacrificios, de tantos sufrimientos, tristes, pero necesarios, para que nuestra patria encauzase de nuevo su destino”.

Para los grupos firmantes queda claro que "la restauración de la monarquía en el Estado español se produjo dentro del mismo régimen franquista" y que "nunca se permitió que la ciudadanía votase de forma efectiva por la forma de estado preferida".

Modificar la ley de amnistía y reconocer la persecución lingüística

Los grupos firmantes, todos con vocación independentista o soberanista, exigen además cambiar la ley de amnistía para facilitar que se la búsqueda de verdad y justicia se pueda hacer por la vía penal, llegado el caso. Consideran estos partidos que mientras eso no suceda, "se continúa perpetuando la impunidad sobre los crímenes del franquismo y los crímenes de lesa humanidad".

Un punto destacado es la petición para que se reconozca que durante la dictadura hubo persecución de las lenguas cooficiales, y relacionado con ello la exigencia de abrir una puerta a la reparación del daño causado.

La restitución de la titularidad de las dependencias policiales de Via Laietana, en Barcelona, de modo que recale en el ámbito competencia de la Generalitat, y dar la gestión del Palacio de la Cumbre al Ayuntamiento de Donosti son otras reclamaciones.

La enorme distancia de ERC

El abanico de posibles aliados del Gobierno para sacar adelante la nueva ley de memoria democrática, el gran legado de Carmen Calvo mientras fue vicepresidenta primera, es amplio, pero su problema es que ninguno está abierto a apoyar la norma. Si se cayeran del respaldo los 13 diputados de ERC y los cinco de EH Bildu, el PSOE tendría la opción del PNV y de Cs. Incluso puede apostar por negociar la abstención de todos estos partidos para que salgan vencedores los 155 escaños del Partido Socialista y de Unidas Podemos.

Pero todas estas hipótesis, mezcladas, configuran un escenario incierto para el Ejecutivo. El aliado preferente, ERC, no está por la labor de decir "sí" al proyecto. A mediados de septiembre registró una enmienda a la totalidad y planteó un texto alternativo. No cuajó por falta de mayoría y la dirección del grupo independentista se avino a conversar sobre puntos del texto que estima esenciales, entre ellos la declaración de "ilegal" del franquismo y la articulación de un mecanismo que permita la reparación económica de las víctimas.