AUDIENCIA NACIONAL

La sentencia de la 'caja b' evidencia falta de colaboración del PP con la Justicia y justifica su entrada en Génova

  • Los magistrados explican que el registro del edificio de la Calle de Génova, 13 fue clave para obtener la documentación que prueba el pago de un millón de euros en negro

  • El PP volverá a sentarse en el banquillo de los acusados como partícipe a título lucrativo el próximo 10 de noviembre, por la pieza 'Boadilla' de Gürtel

Ángel Acebes saluda a Gonzalo Urquijo en presidencia de Mariano Rajoy, en una imagen del sumario del caso Gürtel.

Ángel Acebes saluda a Gonzalo Urquijo en presidencia de Mariano Rajoy, en una imagen del sumario del caso Gürtel. / EPE

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La sentencia de la Audiencia Nacional que establece entre sus hechos probados que el Partido Popular pagó la reforma de su sede central en Madrid con un millón de euros que escondía en su caja ‘b’ también pone de manifiesto la falta de colaboración de la formación conservadora para esclarecer los hechos.

Según especifican los magistrados en el fallo, la documentación clave para condenar a Luis Bárcenas a dos años de cárcel no fue facilitada por la formación conservadora sino que se obtuvo en los registros practicados por orden del juez instructor, Pablo Ruz, en el edificio de la Calle de Génova, 13 y en la sede de Unifica, la empresa que se encargó de la remodelación del edificio.

Además, y según consta en el sumario de la denominada Operación Kitchen sobre el espionaje al ex tesorero del PP, al menos el Ministerio del Interior encabezado por Jorge Fernández Díaz habría tratado de robar documentación sensible a Bárcenas para evitar la implicación en el caso de la caja ‘b’ de los dirigentes del partido, entonces liderado por Mariano Rajoy.

Manuel Morocho

En concreto, en la sentencia de los papeles de Bárcenas se alude al menos a tres documentos clave descubiertos por el grupo policial liderado por el inspector Manuel Morocho durante la entrada en la sede del PP, que ordenó el juez Ruz el 19 de diciembre de 2013 después de que el partido eludiera aportar la documentación requerida.

Durante el registro, que se alargó durante 14 horas, los agentes encontraron “una anotación manuscrita en un presupuesto […] relativo a los sótanos de 21 de julio de 2008 […] en la que se establece una serie de guarismos y cálculos relativos a ese pago en B, al figurar en la parte superior de forma manuscrita “409 más IVA- 256.000- 8%- 235.000”, destaca la sentencia, que especifica después que la primera línea, en la que se dice "409 más IVA se corresponde con la base imponible de la factura 315 más IVA, que son 474.818 euros, refiriéndose a la factura 'A' u oficial, dada la letra A enmarcada dentro de un círculo que consta a continuación”.

En la segunda línea del manuscrito la operación matemática (la diferencia de certificaciones menos el descuento) da un resultado numérico (235.912 euros) que redondeado se corresponde con el segundo pago de las obras de tercera planta en B, prosigue el fallo, que pone de manifiesto que Bárcenas hace un redondeo en sus anotaciones y ajusta la cifra final.

Un manuscrito en la sede del PP

Un segundo documento intervenido en la sede del PP muestra la diferencia entre dos certificaciones, por importe de 256.426 euros, que se abonó con un pago en ‘b’ de 235.000 euros, que también aparece anotado en los ‘papeles de Bárcenas’ el 31 de julio de 2008. “Dicha operación”, relata el fallo, “aparece manuscrita en un presupuesto intervenido en la sede del PP, relativo a los sótanos de 21 de julio de 2008, obra que se hizo y se incluyó en la certificación final real, la de mayor importe, de la planta tercera”.

El tercer documento clave, ya que muestra cómo el PP y la empresa falsearon las facturas, es el proyecto para la obtención de la licencia urbanística, con fecha 15 de julio de 2008, ascendiendo el presupuesto total de la obra a 428.662 euros: “El cual fue intervenido en la sede del PP”, destacan los magistrados, que ponen de manifiesto que el proyecto de reforma firmado por el arquitecto Gonzalo Urquijo es de fecha 4 de julio de 2008, incluyendo un importe de 664.023 euros, sensiblemente superior al anterior.

Por otra parte el PP, que ha sido encontrado responsable civil subsidiario por el más del millón de euros en B que fueron abonados entre 2007 y 2008 por su extesorero Luis Bárcenas, podría haber recibido un castigo mucho más duro, una condena penal, si los hechos se hubieran producido unos años más tarde. 

Fue a partir de 2015, a cuenta de una de las modificaciones del Código Penal, cuando los partidos políticos comenzaron a poder ser declarados responsables directos, como personas jurídicas, de la comisión de delitos realizados en su nombre y beneficio.

En este supuesto podría haberse encuadrado el caso de la reforma de la sede del PP por la que Bárcenas ha sido condenado a dos años de prisión, por haber pagado los gastos de la obra "al margen de la facturación y la contabilidad oficial y no declarados a la Hacienda pública”, señalan a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA fuentes jurídicas.

PP responsable civil

Así, si el PP hubiera sido condenado penalmente por la conducta de Bárcenas como cooperador necesario de falsedad contable en concurso con un delito contra la Hacienda Pública, habrían tenido que responder los máximos responsables del Partido Popular. Se tratra del mismo caso en que incurren las empresas que, como personas jurídicas, son encontradas culpables de cometer un delito, ya que en este caso responden sus gestores.

Sin embargo, en la sentencia dada a conocer este jueves simplemente se puede aplicar la legislación vigente en el momento de cometerse los hechos, y se atribuye al PP la responsabilidad civil subsidiaria, por un importe de 123.669 euros, por delitos cometidos por Bárcenas en relación con impuesto de sociedades de 2007 de la empresa Unifica, la encargada de acometer las obras. Además, se absuelve al partido como responsable civil subsidiario del delito contra la Hacienda pública por el Impuesto de Sociedades de 2008.

En la sentencia se dice que no consta que el PP, a través de sus órganos directivos -en este caso el comité ejecutivo-, ejerciera un control adecuado sobre la gestión de Bárcenas, siendo las medidas adoptadas por la formación política, -tanto respecto de aquel, como de auditoría interna y promoción de iniciativas legislativas relativas a la financiación de partidos políticos-, posteriores a la fecha de comisión de los hechos enjuiciados.

En este caso, el fallo de la sentencia declara dos responsables civiles subsidiarios, que son tanto el PP como la empresa del arquitecto Gonzálo Urquijo -condenado a 2 años y 9 meses de cárcel-, por los delitos cometidos por sus empleados o dependientes, representantes o gestores en el desempeño de sus obligaciones o servicios (en aplicación del artículo 120.4 del Código Penal.). Respecto a Unifica, la sentencia detalla que no tenía implantados programas de 'compliance' en orden al control de las actuaciones de sus administradores,

Más causas del PP

Con la notificación de esta sentencia y la instrucción del caso 'Kitchen' no acaban los asuntos relacionados con el PP en la Audiencia Nacional, una situación a la que hay que sumar que el caso de las obras en Génova aún no habrá escrito su capítulo final si la sentencia es recurrida ante el Tribunal Supremo. Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción y de varias de las acusaciones personadas han señalado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que se están estudiando las 454 páginas de sentencia y que en los próximos días avanzarán su decisión.

Además, el próximo 10 de noviembre, el PP volverá a sentarse en el banquillo de los acusados como partícipe a título lucrativo por presuntamente haberse beneficiado de las supuestas irregularidades cometidas por Arturo González Panero --exalcalde de la formación en la localidad madrileña de Boadilla del Monte, conocido como 'el Albondiguilla'-- con una cuantía de 204.198,64 euros entre 2001 y 2009.

El partido actualmente liderado por Pablo Casado también está implicado en una de las piezas del denominado 'caso Púnica', relativa a la presunta financiación irregular del PP de Madrid durante la etapa de Esperanza Aguirre. En este asunto, precisamente este jueves el juez instructor Manuel García Castellón ha prorrogado tres meses las pesquisas al tiempo que ha acordado nuevas diligencias, entre ellas tomar declaración como imputada a Concepción García Diéguez, subdirectora general de Servicios y Gestión de Aplicaciones de la Comunidad de Madrid, ha informado Europa Press.

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