La protesta del mundo rural europeo y sus causas

El creciente malestar del mundo rural europeo centrado en buena medida en la forma en que la Comisión Europea ha venido implementando el Green New Deal ha llegado a la sociedad en forma de sonoras protestas o varapalos electorales.

Una de las medidas que más debate ha originado y que casi descarrila fue la ley europea de restauración de la naturaleza de la que por sus objetivos nadie lo hubiera podido prever.

Obviamente se puede pretender explicar todo desde el ángulo partidista evidenciando una considerable indolencia intelectual. De los pocos recursos que dispone el ciudadano es el voto y cuando percibe que la política aplicada a los ámbitos más próximos es injusta recurre al voto protesta. Criticarlo por las extravagancias de la opción elegida solo hace que agravar el problema en vez de analizar sus causas.

Coinciden aquí diferentes esferas sectoriales, básicamente la ambiental y la rural representadas por los departamentos de agricultura y de medio ambiente. La relativa juventud del ámbito ambiental comporta 2 peculiaridades de gran potencial conflictivo: 1) se confunde la política e incluso las leyes como meros desiderátums de los objetivos a alcanzar, cuando deberían identificar las estrategias y actuaciones para alcanzarlos y 2) se trata del único ámbito de las políticas públicas donde quien pone los deberes no es responsable de implementarlos limitándose su actuación a recordar a terceros que cumplan sus objetivos sin aportar algo a cambio y sin haber sido considerados en los procesos previos.

Como ejemplos valga citar la ley antes mencionada limitada a fijar objetivos de restauración o cuando desde la política climática se establecen reducciones de emisiones sin entrar en como alcanzarlas ni valorar los efectos colaterales de tipo territorial o sobre otros sectores.

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La implementación del Green New Deal liderado por el Vicepresidente Timmermans ha asumido en un alto grado el relato y las políticas defendidas por las organizaciones ecologistas sin integrar las propuestas de los representantes del mundo rural europeo. ¿Alguien se extraña de su creciente desafecto?

La protesta solo es síntoma de una política incosistente. En los primeros días de febrero de 2020, Timmermans convocó una Conferencia de alto nivel sobre bosques en la que sin integrar a representantes del sector forestal europeo, escogió como conferenciante estelar a un bestseller esotérico, Wohlleben, cuyas teorías sobre la interrelación de los árboles a través de las raíces han sido reiteradamente refutadas científicamente.

¿Alguien se imagina que la respuesta de la UE al COVID se hubiese basado en las teorías de un curandero? Pero cuando el ecologismo bendice una determinada política se le sobreentiende un aurea de infalibilidad y superioridad moral lo que no hace más que encender aún más el desapego del mundo rural.

Posteriormente y mediante la tramitación acelerada durante el confinamiento de la Estrategia de Biodiversidad se intentó someter los bosques y la PAC a ésta. La PAC se condicionó, pero el ecologismo no se pudo hacer con sus 55.000 millones €/año mientras que los diferentes instrumentos de cambio climático (LULUCF, bioenergía, taxonomía, etc.) determinaron muy negativamente la gestión forestal en base a una endeble justificación basada en publicaciones cuestionadas ignorando aquellas que las rebatían. Todo ello se construía sobre una endeble base jurídica sobre la competencia comunitaria.

Uno de los aspectos más sangrantes ha sido como el tratamiento de la mitigación del cambio climático por los bosques que compensan el 10% de las emisiones de CO2 alm excluir a sus propietarios de todo incentivo pese a ser el único sumidero gestionable. Este injusto marco pretendía forzar a los países más forestales (nórdicos, Este de Europa, España) a excluir de su gestión extensos bosques para forzar al máximo el secuestro de carbono obviando los costes sociales para sus territorios, la pérdida de un biomaterial estratégico como es la madera o el alto riesgo de perder todos estos bosques por plagas, vendavales o incendios como reiteradamente nos alertan los expertos.

La adicionalidad impuesta comporta que solo cuando un país sea capaz de secuestrar más de lo previsible podrá ser incentivado, pero todo lo que ha secuestrado en el pasado o en el futuro por debajo de ese umbral no solo no será reconocido, sino que se penalizará cuando no se alcance. Traducido al salario supone que un trabajador solo empezará a cobrar sueldo en la proporción que supere el aumento de productividad previsto y si no lo alcanzase, pagaría por trabajar. Cierto es que en primera instancia es el país miembro al que se le aplica este perverso mecanismo, pero en lógica se escalará hacia los propietarios forestales, en un 60% de los bosques formado por 16 millones de pequeños propietarios familiares.

Otro aspecto muy discutible es la obligación de proteger sin gestión algun el 10% de los bosques (4,3% de UE) sin compensación por la Comisión. No existe que confirme que la conservación pasiva sea la más efectiva a largo plazo por los riesgos de degradación ya mencionados.

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A ello se suma el coste que supone a los propietarios afectados la pérdida de toda la cadena de valor de la madera, especialmente de empleos y el efecto territorialmente perverso que tendría dado que las áreas forestales se encuentran principalmente en los lugares más desfavorables por remotos, fríos, montañosos, suelos pobres, etc. Cabe recordar la interpretación restrictiva que la Comisión viene haciendo respecto a los costes que su normativa ambiental comporta para los países aduciendo el principio de subsidiariedad que paradójicamente olvida cuando redacta las restricciones concretas.

El resultado es una tremenda injusticia dado que las regiones y países más urbanos apenas disponen espacios naturales a proteger mientras que las zonas menos pobladas son donde se encuentran las mayores extensiones de bosques que ahora devienen un lastre económico. El PIB/km2 de bosques entre Extremadura y los Países Bajos se encuentra en una relación 1/312 lo que comporta que proteger en igual medida les cuesta a los extremeños un esfuerzo totalmente desproporcionado comparado con los holandeses.

Otro aspecto no menos relevante es el modelo de sociedad que comporta. Paradójicamente, el ecologismo defiende implícitamente uno que favorece a las grandes corporaciones y perjudica a las PYMES mientras que el modelo rural tradicional y sus cadenas de valor se caracterizan por una estructura construida de abajo a arriba. No conviene olvidar que nuestra sociedad democrática se basa en una amplia clase media profesional y empresarial y que modelos fuertemente polarizados hace peligrar.

Finalmente, los prejuicios hacia el uso de la biomasa asumidos por la Comisión Europea carecen de evidencias prácticas: Suecia y Finlandia líderes en el uso de la biomasa son precisamente los países líderes en lo que respecta a las emisiones de CO2/habitante y unidad de PIB.

El debate de cara a las elecciones europeas debería centrarse en las estrategias a la vez de evitar dejar ningún territorio atrás. Estrategias que deben alineándose con los ODSs centrarse en la integración de objetivos, la gradualidad, la razón, pragmatismo y equidad en la distribución de costes y beneficios. Los habitantes del mundo rural que lo han forjado a lo largo de muchas generaciones no pueden ser considerados parte del problema, sino que son una parte determinante de la solución también al cambio climático.

Un aspecto central que ha venido siendo ignorado durante todo este proceso es el modelo territorial que pretendemos para Europa. Amplías zonas protegidas y excluidas de toda actuación humana supone concentrar ésta en un territorio mucho menor lo que comporta un profundo cambio de modelo territorial opuesto al paisaje cultural que ha venido defendiendo la UE. Una minoría no puede pretender revertir un amplio consenso sobre el paisaje cultural europeo y su legado para imponer otro cuyos costes y riesgos están todavía lejos de evaluarse.