¿Es posible proteger a los menores del vapeo y ayudar a los fumadores adultos?

En nuestra sociedad tendemos fácilmente a posicionarnos en los extremos, ¿blanco o negro?, sin darnos cuenta de que eso implica perder un amplio espectro de grises. Si llevamos esta visión al hábito de fumar, hablaríamos del clásico: ¿o fumas o dejas de fumar? La respuesta es clara: la mejor opción siempre será dejar de fumar, pero para los que no lo dejan estaría bien que conocieran el “espectro de grises” o, lo que es lo mismo, la existencia de productos sustitutivos, que la ciencia reconoce como de menor daño que los cigarrillos de combustión de toda la vida.

Hablamos de los cigarrillos electrónicos, también llamados vapers o vaporizadores. Es fácil caer en la demonización gratuita de un producto que suministra nicotina por vía respiratoria, pero es necesario hablar desde el rigor, con la ciencia en la mano, poniendo encima de la mesa los aspectos positivos como los posibles riesgos; la clave es analizar todos ellos encontrando el equilibrio entre usarlos como alternativa de cesación del consumo tradicional de tabaco y minimizar el empleo del vapeo como puerta de entrada al tabaquismo.

En la parte negativa del uso de vapeadores, preocupan los datos del informe ESTUDES 2023, publicado por el Ministerio de Sanidad, en el que se revela que más del 50% de los estudiantes de 14 a 18 años admiten haber probado cigarrillos electrónicos en algún momento de sus vidas. Aunque la respuesta no implica que los jóvenes sean usuarios habituales de este producto, es evidente que las autoridades sanitarias deben proteger al menor y evitar a toda costa su acceso a cualquier producto que contenga nicotina, debido al efecto adictivo de esta molécula.

Más del 50% de los estudiantes de 14 a 18 años admiten haber probado cigarrillos electrónicos en algún momento de sus vidas

En la parte positiva del vapeo, existe un número cada vez mayor de estudios e investigaciones que examinan de manera objetiva e independiente la exposición significativamente reducida a sustancias dañinas respecto del cigarrillo de combustión, así como el potencial de los cigarrillos electrónicos para dejar de fumar, incluso por encima de las propias terapias de cesación.

En estudios realizados en España con el respaldo de la Generalitat Valenciana y el Ministerio de Economía de España en 2016 y en estos últimos años, con el apoyo de España Salud, se midieron las emisiones de cigarrillos electrónicos con respecto a cigarrillos de combustión comprobándose que no existe la figura del “vapeador pasivo” debido a la ausencia de humo en estos nuevos productos y a la clara reducción de la formación de componentes dañinos, como los compuestos orgánicos volátiles, las partículas en suspensión o el monóxido de carbono. Estos resultados evidencian las diferencias intrínsecas entre ambos sistemas, ya que en el cigarrillo electrónico a diferencia del cigarrillo, no se produce la combustión, cuyos subproductos son la principal fuente de cáncer y enfermedades cardiovasculares asociadas al hábito de fumar.

Además, el control de marcadores de riesgo de padecer enfermedades en orina de fumadores que han renunciado al tabaco de combustión y vapean se acerca, en la mayoría de los casos, a los niveles encontrados en no fumadores.

En resumen, es posible proteger a los menores del vapeo y al mismo tiempo ayudar a los más de 9 millones de fumadores adultos en España, que además son contribuyentes, con herramientas que, aunque no eliminen la dependencia de la nicotina, son una opción menos dañina que el cigarrillo. Las posturas prohibicionistas y desproporcionadas han demostrado a lo largo de la historia que tienen un efecto indeseado y, en particular en el caso de los jóvenes atraen al consumo. Es momento de abordar el reto de desarrollar regulaciones que tengan en cuenta los datos científicos que demuestran el menor perfil de riesgo de estos nuevos productos, utilizando al mismo tiempo, todos los mecanismos al alcance para evitar que puedan resultar atractivos a los menores, presentándolos como lo que son, una reducción del daño para fumadores recalcitrantes y no como algo prohibido.