Tragedia y desidia en Murcia

El incendió que afectó a tres discotecas en un polígono dedicado al ocio nocturno en Murcia y ha acabado con la vida de 13 personas nos remite a antecedentes ya muy lejanos. La muerte de 43 jóvenes en la discoteca Flying de Zaragoza y el incendio de Alcalá 20 de Madrid, con 82 fallecidos en un ya lejano 1983. El repaso de la hemeroteca nos habla de salidas de emergencia bloqueadas, falta de extintores en condiciones, rutas de evacuación laberínticas, materiales altamente inflamables... Algunas de estas circunstancias aparecen de nuevo en las crónicas de lo sucedido este fin de semana. 

Aquellas tragedias llevaron a una reglamentación exhaustiva y exigente de todos estos aspectos, un control de las licencias de actividad e inspecciones rutinarias que a veces pueden parecer a algunos un exceso de normativización excesiva... hasta que sucede lo que todas estas precauciones deben evitar. Las normativas de edificación, el control por parte de los bomberos de los proyectos de construcción y habilitación de locales, efectivamente han progresado. Y el impacto que tuvieron aquellos siniestros en la toma de conciencia de administraciones y empresas del sector fue clave. Igual que lo fue, en lo que se refiere al control de aforo, lo sucedido en el Madrid Arena hace ahora una década. 

Opinión TRAGEDIA HUMANAEditorial

Limpieza étnica en el Cáucaso

Los servicios de extinción de incendios aún no están en condiciones de evaluar la causa directa que desató las llamas o las condiciones que facilitaron su expansión (la decoración exótica y sin garantías de seguridad ya estuvo tras un incidente mortal recientemente en Madrid), dificultaron la evacuación o propiciaron el hundimiento de una planta. Sí hay un hecho que ya parece evidente: cuando el propietario de una de las salas de fiesta, Teatre, segregó parte del local para crear una segunda discoteca, la también incendiada Fonda Milagros, en 2019, se le reclamó que obtuviese una nueva licencia de apertura del local. No lo consiguió y en enero de 2022 el Ayuntamiento de Murcia dictó una orden de cese de actividades y, en octubre de 2022, la ejecución del cierre del local. 

Ayer, los responsables de urbanismo del anterior consistorio (PSOE) y del actual (PP) comparecieron conjuntamente para dar cuenta de esta situación. En lugar del habitual intercambio de acusaciones (que en estas circunstancias habría resultado obsceno) coincidieron en señalar como responsables a los propietarios de las salas (aunque el representante de uno de ellos alegase de forma inverosímil tras la información hecha pública por el ayuntamiento que la licencia existía pero que se "quemó"). Es evidente que es así, y que su responsabilidad presuntamente criminal debe ser aclarada donde sin duda acabará, frente al juez. 

Opinión INVESTIGACIÓNEditorial

El ‘caso Negreira’ se le complica al Barça

Pero el poco habitual respeto institucional también ha servido para no poner el foco en otra negligencia o desidia que recae en la administración local. Que no se actuase para comprobar si el precinto ordenado se ejecutaba y para aplicarlo directamente es inimaginable. El gremio de hostelería de la región sostuvo ayer que "el sector está muy controlado en ese aspecto" y la inspección se realiza "de manera periódica y precisa". Visto lo sucedido, o no es así, o no lo fue en el caso particular por las razones que sean. Lamentablemente, solo con aldabonazos como los que supone un drama de esta magnitud se activan las alarmas y se revisan protocolos, reglamentos y actuaciones. Tocará hacerlo de nuevo.