De vetos y pactos

Una consecuencia previsible e inevitable de la convocatoria inmediata de elecciones generales, horas después de hacerse público el resultado de las locales, es que los partidos se han visto obligados a negociar gobiernos municipales y autonómicos metidos de lleno en la campaña electoral, que también parece haberse adelantado. La situación es extraña y disfuncional. La elección de alcaldes y presidentes ha acabado por convertirse en un episodio más de la pugna por el voto. Los líderes aplican su discurso para las elecciones generales a la cuestión central de la política local. En la consideración de los partidos, no importan tanto los asuntos del municipio y la comunidad autónoma, como el impacto en los votantes de sus juegos de poder. Esto es así, y no cabía esperar que fuese de otra manera, sobre todo cuando los electores han sido llamados a las urnas. La circunstancia no facilita el ejercicio correcto de la responsabilidad política. Aspiraciones e intereses de los ciudadanos vuelven a quedar relegados por los objetivos partidistas.

Una mayor aproximación al panorama político nos desvela que la democracia española se está llenando de vetos. Todos los partidos vetan. Los de la derecha, a la izquierda radical, a los independentistas, y de modo tajante a Bildu. Los de la izquierda, a Vox y, por extensión, al PP. Los nacionalistas, a su vez, vetan a los partidos de la derecha, particularmente a Vox, que promueve en algunos casos su ilegalización y en otros la creación de una barrera electoral que les impida tener representación en el parlamento español. Incluso hay vetos en el interior de los bloques, coaliciones y partidos. El mejor ejemplo lo brindan los dirigentes de Podemos rechazados en las listas de Sumar. 

Mención aparte merece el veto mutuo del PSOE y el PP en el que ha terminado la relación entre ambos partidos. Algunos ministros socialistas recuerdan que el PSOE facilitó con su abstención la investidura de Rajoy, pero lo cierto es que Pedro Sánchez abandonó su escaño en desacuerdo con la decisión de su partido. Todavía no se ha apagado la resonancia del "no es no" en la política nacional. Desde que pronunciara esas palabras no ha dejado de crecer la distancia entre el PSOE y el PP. Feijóo concluyó su discurso de celebración por la victoria del 28M ante la Junta Directiva del partido, reduciendo las próximas generales a una elección entre Sánchez y España, y los portavoces del PSOE no han tardado en pedir a los españoles que decidan entre Sánchez y Feijóo. Los partidos mayoritarios y que se reparten las posiciones moderadas en la arena política no solo han roto relaciones, sino que se muestran cada vez más excluyentes. El único plan del PSOE consiste en reeditar la coalición progresista y mantener a la derecha apartada del poder, mientras el PP invoca la derogación del sanchismo y Vox no desaprovecha ocasión para deslegitimar al gobierno de izquierdas.

Esta situación, que se va haciendo normal, dificulta la formación de los gobiernos y el normal funcionamiento de las instituciones. En el peor de los casos, aboca a la parálisis o la repetición de elecciones, fiascos de los que se alimentan los partidos antisistema. La sociedad española es políticamente plural y nuestro sistema electoral es proporcional. Aunque el voto tiende a concentrarse de nuevo en el PSOE y el PP, en los extremos del sistema de partidos, a diferencia de lo que ocurría en una etapa anterior, se han asentado, ya veremos por cuánto tiempo, dos fuerzas a lo sumo semileales con el orden constitucional. Conviene prestar mucha atención a la decisión que tomará Vox en la elección del presidente de Murcia. Si el acuerdo entre socialistas y populares no es una opción disponible, la izquierda del PSOE y Vox resultan imprescindibles para formar gobiernos con su bloque respectivo. Ni el PSOE ni el PP tienen por qué renunciar a ello. 

La alarma de peligro para la democracia, dada primero por la derecha ante la aparición de Podemos y el movimiento independentista catalán y ahora por la izquierda ante la pujanza de Vox, está justificada. Pero igual de grave sería apartar del juego democrático a un partido por el mero hecho de discrepar o proponer políticas diferentes, máxime si cuentan con un respaldo electoral notable. Estos partidos desempeñan un papel subalterno, de momento no gobernarán siquiera una comunidad autónoma, con la excepción de Cataluña y el País Vasco, cuyo problema provoca una lenta erosión, y la sociedad española ha adoptado una postura vigilante.