La confianza de la ciudadanía se estanca

Hay quienes sostienen que en las actuales democracias no hay apenas diferencias entre momentos electorales y los propios de la "política normal". Dado nuestro modelo territorial, esto es inevitable que ocurra, siempre hay alguna elección a la vista. Pero lo que ahora está en juego, casi todo el reparto de los puestos de poder, nos introduce en una situación bien diferente. Sin embargo, una cosa es lo que cabe esperar, y otra lo que deberíamos exigir. 

Lo primero lo sabemos de sobra, un aumento del ruido, proliferación de las encuestas y un protagonismo todavía mayor de los expertos en comunicación política, que aplican a rajatabla su clásico manual de campaña. Son incapaces de salirse del modelo del "político maniqueo". Lo que deberíamos exigir es un modelo distinto. No el que apela a las emociones primarias que subyacen detrás de las cómodas e interesadas distinciones entre el "nosotros" y el "ellos"; sino el que apela a la razón, el que se dirige a los ciudadanos como mayores de edad con capacidad de discernimiento, con capacidad para evaluar las cosas, no como sujetos pasivos a los que encandilar con eslóganes u otros trucos dialécticos electoralistas. Esto no garantiza una eliminación de la confrontación, desde luego, la política casi siempre es conflicto, pero es la forma mejor de estar en desacuerdo. El que se ve obligado a aportar razones, aunque no convenzan, al menos respeta implícitamente al interlocutor, lo incorpora al diálogo. Y esto es algo bien distinto a sentirse un mero conejillo de indias de espurias estrategias de engatusamiento partidista. Todas esas proclamas y aspavientos que tan bien conocemos. Puede que aquí resida una de las causas de la desconfianza hacia la clase política, que desprecia la inteligencia del ciudadano.

¿Por qué no aprovechar este periodo para hacer un pausado balance de lo ocurrido? Y, de paso, mirar a la cara a los retos del futuro inmediato. Ya sé que es (casi) inútil exigir autocrítica. Pero sí podemos demandar que se nos presenten al menos proyectos y propuestas que afecten al presente y futuro. Al final, lo que más descorazona y asusta no es que ganen unos u otros, sino no saber lo que podemos esperar una vez que estén al mando. Muchos expertos indican que el debilitamiento de la calidad de la democracia, el estancamiento de la confianza ciudadana, está directamente relacionado con el debilitamiento del Estado de bienestar. Hoy la principal cuestión sociopolítica es si los países, los ciudadanos, pueden permitirse tener pensiones y sanidad dignas públicas y universales, seguro de desempleo, acceso a la vivienda… El Estado de bienestar fue fruto de un pacto tácito (post-Segunda Guerra Mundial) entre dos sistemas encontrados, el capitalismo y el socialismo democrático. Como todos los "contratos", supuso un conjunto de renuncias (el crecimiento sin límites) y de conquistas (la ciudadanía social) por ambas partes. La consideración de sus padres fundadores no era la misma: los democristianos buscaban ante todo la protección social de los ciudadanos, pero los socialdemócratas le añadieron el objetivo explícito de que combatiera la desigualdad y se quedaron con la marca.

Cuando en el año 1989 cayó el muro de Berlín y desapareció el comunismo como sistema alternativo, las fuerzas más conservadoras entendieron que la principal función que para ellos poseía el Estado de bienestar, el apaciguamiento de las clases subalternas, había desaparecido, perdieron miedo a la "revolución callada" y se dispusieron primero a debilitarlo y luego a destruirlo. Para ello, necesitaban desacreditarlo entre sus beneficiarios y a continuación declararlo ineficaz para sus fines. Desde la década de los ochenta, consiguieron que el centro de su discurso se impusiese en amplias zonas de la población. Así comenzaron las privatizaciones de la sanidad, las pensiones o la educación. Fue el periodo de hegemonía de la revolución conservadora, liberal y neoliberal.

Pero las dificultades del Estado de bienestar no se debieron únicamente al descrédito conservador/liberal, sino que en muchos casos emergieron de hechos objetivos: el más importante, la crisis fiscal de los Estados, motivada por un envejecimiento de la población que provocó un número mayor de beneficiarios de la protección (las pensiones, la sanidad, los cuidados…) sostenidos por una menor población activa, y una parte de esta, en peores condiciones (salarios, precariedad, inseguridad…) laborales que antes. Más gastos y menos ingresos, una ecuación difícil de resolver. Como consecuencia, la transformación del discurso público: mientras crecían las prestaciones imprescindibles para las sociedades más maduras, la forma de financiarlas (los impuestos) era más inelástica (no se recaudaban más impuestos); así aparecen los déficits y la deuda pública. El welfare nació y creció sobre la base de algunas estabilidades que poco a poco fueron variando; por ejemplo, el equilibrio intergeneracional. La natalidad decreciente y el aumento de la esperanza de vida generaron grandes impactos sobre las pensiones y los gastos sanitarios.

Detrás de ello están los problemas políticos y electorales de los socialdemócratas: el bloqueo de la coordinación keynesiana y la vertiginosa globalización económica del último medio siglo. Otro factor es el cambio acelerado en la estructura social, más allá del número de jóvenes y viejos. La revolución tecnológica ha disminuido radicalmente el número de obreros industriales (clientela habitual de los socialdemócratas) y ha hecho crecer el de los trabajadores de servicios y los teletrabajadores, que despejan las concentraciones de asalariados y dificultan la sindicalización.

Desde las diferentes alternativas electorales, no todas son iguales, ¿es posible crear un clímax de confianza ciudadana que posibilite y facilite la reconciliación entre la economía de mercado, el progreso social y la democracia plural?