Opinión | ANÁLISIS

El sector público y el crecimiento del empleo

Lejos de estar España saturada de funcionarios, la población trabajadora en el sector público representa un porcentaje anormalmente bajo en comparación con el resto de los países "grandes" de la UE

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, protagoniza un acto del PCE, en el Círculo de Bellas Artes, a 28 de abril de 2023, en Madrid (España).

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, protagoniza un acto del PCE, en el Círculo de Bellas Artes, a 28 de abril de 2023, en Madrid (España). / Ricardo Rubio / Europa Press

Tras el punto álgido de la Navidad, el mercado de trabajo suele decaer, especialmente en enero y, según la EPA del primer trimestre del año en curso, también se ha mantenido esta tendencia. En los tres primeros meses del ejercicio ha caído el número de ocupados en 103.800 empleos hasta los 20,45 millones, con lo que se ha destruido diez veces menos ocupación que en los dos años anteriores. Gracias a la reforma laboral, la temporalidad ha bajado en el sector privado hasta porcentajes sin precedentes, mientras ha subido hacia máximos en el sector público, donde todavía no se ha realizado la pertinente y siempre aplazada reforma de la Administración.

La objeción mas habitual a estas cifras, que son objetivamente positivas aunque se mantenga una todavía elevada tasa de paro del 13,3% (que no se explica de no ser por la economía sumergida que todavía pervive), es que el crecimiento de la ocupación se consigue más por vía del sector público que por el privado. Al término del año pasado, el número de trabajadores del sector público —tanto afiliados a la Seguridad Social como adscritos a Mutualidades, y tanto funcionarios como personal laboral— ascendía a 3.526.200, 272.900 más que a término de 2019, en vísperas del desencadenamiento de la pandemia; mientras que el sector privado empleaba a 31 de diciembre pasado a 16.937.600 trabajadores, 224.000 más.

Según datos de Eurostat sobre variaciones del empleo en los 20 países de la eurozona referidos a 2022, la ocupación española creció en dicho año el 1,33 por ciento (ocupó el puesto 16), con un crecimiento del PIB del 5,5%, pero con un crecimiento del empleo público del 7,30%, aparentemente anómalo puesto que, por ejemplo, Alemania, que creció el 1,70%, lo hizo con una reducción del empleo público del 7%. España se sitúa en este ranking inmediatamente después de Francia, con un crecimiento de la ocupación total del 1,40% y un aumento del funcionariado del 4,20%. La mitad del Eurostat (diez países) ha reducido funcionarios y la otra mitad los ha aumentado.

Los expertos en teoría económica saben que el tamaño del sector público no es neutro con respecto al empleo. El incremento del número de funcionarios puede deberse a que los gobiernos decidan ofrecer directamente más bienes o servicios producidos por los empleados públicos, o al deseo de estabilizar los niveles de empleo totales en el ámbito nacional. En este segundo caso, los efectos del incremento de empleo público son inciertos y dependen de cómo se formen los salarios públicos. Según la razonable argumentación del profesor Vicenzo Caponi, los salarios rígidos en el sector público tienen efectos perjudiciales en el empleo privado, mientras que los salarios flexibles en el sector público consiguen un efecto estabilizador. El empleo público puede generar efectos negativos en la redistribución y en la productividad. 

En síntesis, el referido autor concluye en que “los salarios flexibles en el sector público que se ajustan a la productividad local o que son altamente procíclicos, son cruciales para que las políticas de empleo público tengan efectos positivos en la tasa de empleo total. Por el contrario, los salarios homogéneos geográficamente o rígidos en el tiempo (acíclicos) agravan el desempleo.

Sucede sin embargo que España, en estos últimos años, no ha recurrido en absoluto al empleo público para mejorar las estadísticas laborales: el aumento del número de funcionarios y contratados administrativos se ha debido al incremento de las tareas sociales que ha asumido el Estado, en un proceso todavía inconcluso de revisión al alza del estado de bienestar. Los grandes servicios públicos españoles como la sanidad y la educación están todavía desabastecidos de profesionales suficientes capaces de garantizar la calidad deseable. Y otros servicios relativamente jóvenes, como la atención a la dependencia, están todavía en fases muy primarias de construcción.

En estos últimos años, España no ha recurrido en absoluto al empleo público para mejorar las estadísticas laborales

España, contra lo que parece pensarse, tiene un porcentaje de empleados públicos relativamente bajo que en absoluto se sitúa a la cabeza de Europa: en 2019, los países con una mayor tasa de empleados públicos en Europa fueron Noruega (32,4%), Croacia (30,1%), Dinamarca (29,6%), Letonia (29,5%), Montenegro (29,3%), Suecia (29,2%), Eslovaquia (26,9%), y Lituania (26,9%). España apenas alcanzaba el 16,3% y tras ella solo figuraban Rumanía, Turquía, Chipre y Albania, todos ellos con un porcentaje inferior al 16%. Grandes economías del continente, como Reino Unido y Francia, registran una tasa de empleados públicos del 21,4% y el 20,5% respectivamente, superando en 5,1 y 4,2 puntos porcentuales la tasa de nuestro país.

En otras palabras, lejos de estar España saturada de funcionarios, la población trabajadora en el sector público representa un porcentaje anormalmente bajo en comparación con el resto de los países "grandes" de la UE. De lo que se trata de ahora en adelante es de trabajar por la productividad de unas administraciones en alguna medida anquilosadas y faltas de estímulo para que el Estado esté a la altura de sus crecientes responsabilidades.

TEMAS