Urge sacar las pensiones de la refriega política

Tal como anunció el pasado fin de semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al calor de un mitin, el Consejo de Ministros aprobó este martes la esperada subida de las pensiones, una de las medidas estrella del Ejecutivo de coalición. El nuevo sistema hace que las prestaciones se actualicen anualmente, atendiendo a la subida media del IPC hasta el noviembre del año anterior. Las pensiones contributivas, que son la inmensa mayoría, subirán un 2,5% en términos generales. Puesto que su incremento durante el año anterior había sido del 0,9%, los pensionistas ingresarán además este mes de enero la diferencia –la llamada paguilla– que ascenderá por término medio a unos 250 euros.

El Congreso había aprobado en diciembre la reforma de las pensiones, que obtuvo el acuerdo parcial de los agentes sociales. Sindicatos y patronal avalaron la utilización de este sistema de cálculo del impacto del IPC para actualizarlas, igual que las medidas para aumentar la edad media de jubilación. No fue así en el caso de la subida de las cotizaciones, cuya repercusión afecta especialmente a las empresas.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, subrayó este martes que el actual mecanismo aporta una gran certidumbre, puesto que las pensiones se revalorizan cada año según la inflación ya contabilizada. Es así a corto plazo y a efectos de la gestión inmediata. Pero ya el año próximo puede enfrentarse a una situación tensa. A lo largo de 2021, los precios acabaron subiendo un 3,1%. El mes de diciembre fue récord, con una inflación del 6,5%. Se trata del IPC más alto desde el mes de mayo de 1992. Si la inflación continúa tan alta, la Administración verá dispararse irremediablemente el gasto el año próximo.

Esto, en lo más cercano. Pero sobre todo, el sistema español de pensiones se enfrenta a un buen número de retos e interrogantes a medio y largo plazo. El más estructural de ellos está relacionado con la demografía, con nuestra envejecida pirámide de población. Por supuesto, la proporción de ocupados –en estos momentos en crecimiento de la mano de la recuperación económica– y el importe de los salarios –mucho menor para los trabajadores que se incorporan al mercado de trabajo y aportan sus cotizaciones que los sirven de base para calcular las prestaciones a los que se irán jubilando– son otras variables a considerar. El sistema de pensiones, que supone un coste enorme para las arcas del Estado (el equivalente al 12% del PIB) requiere de medidas que permitan hacerlo creíble y sostenible en el futuro. Algo que, pese a los cambios impulsados por el ministro Escrivá, aún no se puede dar por hecho a día de hoy. Europa, para empezar, no considera que dicho objetivo esté conseguido y observa de cerca todos los movimientos que se realizan en España.

Nos hallamos ante una cuestión de enorme importancia que requiere de amplios consensos, que en su versión ideal deberían alcanzar no solo a los agentes sociales, sino también a una mayoría parlamentaria lo más amplia posible. Esto no es sencillo, en gran parte porque las pensiones han resultado desde siempre un terreno abonado para la demagogia. Cabe pedir a los partidos, sobre todo cuando se encuentran en la oposición, que excluyan este asunto ligado a la dignidad de nuestros mayores y de los menos favorecidos, del tiroteo electoralista. Como hicieron durante una etapa con el pacto de Toledo. Y que pongan ganas y esfuerzo en estabilizar de una vez por todas un modelo que es de todos. 

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