Pasaporte covid y seguridad jurídica

La terrible pandemia ha puesto a prueba la estructura del Estado durante más de año y medio. Por ejemplo, ha llevado más allá del límite a la sanidad pública y ha hecho crugir la arquitectura legal del Estado. Especialmente, ha padecido la seguridad jurídica o, al menos, la capacidad legal para hacer frente a una situación tan extrema.

Ha habido sentencias contradictorias, medidas diferentes en cada comunidad, quejas de las autonomías por falta de armas legales y, sobre todo, decisiones del Tribunal Constitucional con una enmienda a la totalidad de prácticamente todas las decisiones legales del Gobierno. Según esas sentencias, el estado de alarma no es el instrumento adecuado, pero es evidente que el estado de excepción sería desproporcionado y, al tiempo, no hay una ley de pandemias para hacer frente a estas situaciones tan extremas. El Estado queda inerme ante estas situaciones.

La pandemia también ha traído la respuesta colectiva de éxito con respecto al enorme reto de la vacunación. Han respondido muy positivamente todas las administraciones, con mínimas excepciones, y, sobre todo, ha actuado de forma ejemplar la inmensa mayoría de los ciudadanos, llegando a porcentajes de vacunación récord en el mundo. El número de negacionistas en España es mínimo con respecto a otros países.

Sin el elevado nivel de vacunación en España (superior al 80% en la población mayor de 12 años), estaríamos hablando seguramente de una sexta ola con otro colapso hospitalario que, por otra parte, ya es una realidad en el resto de Europa, con muchos menos vacunados que aquí. Es decir, no vivimos al borde de las restricciones que hemos padecido antes, al menos por ahora, pero la señal de alerta se ha activado y parece que la aparición de nuevas cepas mantendrá vivo el riesgo. 

La vacunación es la respuesta más efectiva contra la pandemia y, por eso, en Europa se ha avivado el debate sobre su obligatoriedad. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha pedido que se estudie una medida que, por el momento, nadie quiere abordar en España. Ni siquiera hay consenso en España sobre la exigencia del pasaporte covid.

Si bien el pasaporte o certificado covid se ideó en un principio como medida de precaución especialmente pensada para los viajes, en los últimos meses se ha ido convirtiendo en una obligación para acceder a determinados locales, para trabajar o para ir en transporte público.

En España, por el momento, el pasaporte se requiere en algunas comunidades solo en los locales de ocio nocturno y en fiestas privadas con baile, una medida que los propios empresarios del sector reclamaron para asegurar la protección del negocio y su supervivencia. La posibilidad de que sea exigido como salvoconducto en otras actividades está sobre la mesa y ya se ha insinuado su utilización en diversas comunidades autónomas.

Hasta el momento, ocho comunidades han conseguido el aval de la Justicia para solicitar el pasaporte y lo requieren para acceder a determinados espacios o actividades. Son Aragón, Baleares, Cataluña, País Vasco, Galicia, Murcia, Navarra y la Comunidad Valenciana. Otras cinco, (Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla y León y Cantabria) están estudiando su implantación o a la espera de que los tribunales superiores de justicia den luz verde a su aplicación. Las restantes (Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y La Rioja) hasta el momento rechazan la idea de solicitarlo o plantearlo.

La negativa del Gobierno a establecer un marco legal común sobre el certificado covid ha dejado en manos de los tribunales la aplicación de las decisiones de los ejecutivos autonómicos, lo que ha dado lugar, como ha ocurrido en otras ocasiones, a contradictorias decisiones judiciales, hasta que el Tribunal Supremo ha abierto la puerta a su uso en el País Vasco con exigencias concretas. Sería deseable no tener que llegar de nuevo a situaciones de difícil comprensión para la ciudadanía y establecer unas reglas claras para todos, que no den cabida a criterios arbitrarios.

Desde el primer momento, la polémica ha acompañado al certificado covid, por las dudas que plantea sobre la salvaguarda de los derechos fundamentales. En España, con una legislación muy garantista, el caso austriaco ni se plantea, pero sí que pueden darse otro tipo de restricciones a quien no disponga de este documento que, en cualquier caso, deberían funcionar más como un acicate para la población no vacunada que como una medida represiva. La obligatoriedad podría provocar dudas sobre posibles limitaciones de derechos, teniendo en cuenta el extremo garantismo exhibido por el Constitucional. Aun así, ante el nuevo avance del virus y sabiendo que las vacunas han sido extremadamente positivas y han evitado otro colapso sanitario (cabe recordar que el 70% de los ingresados son personas no vacunadas y que la infección suele ser de carácter leve entre los vacunados), determinadas actuaciones pueden ser un aliciente para aumentar el nivel de protección. Esta debería ser la filosofía esencial en el requerimiento del pasaporte covid, siempre que se lleve a cabo con todas las garantías jurídicas, que eviten tentaciones de extralimitar su uso más allá de para frenar el virus, pero acercándose lo más posible a la obligatoriedad de la vacuna, por el bien de todos. Como se hace con otras medidas de salud pública o seguridad que afectan a conductas individuales, por ejemplo, en el trabajo o la conducción.

El Gobierno de Pedro Sánchez anunció hace año y medio su intención de aprobar una norma que fijara ese marco legal, pero nunca lo hizo. Se negó cuando las comunidades intentaban medidas de restricción y se encontraban con sentencias contradictorias y ahora vuelve a hacerlo respecto al pasaporte covid, en pleno aumento de la incidencia, con incertidumbre sobre nuevas variantes y a las puertas de la Navidad, cuando las reuniones familiares aumentarán el riesgo.