Manifestarse

A escasos días de conmemorar como cada año, el día de la Constitución española, no está de más recordar que el derecho a la manifestación es un derecho fundamental recogido en nuestra Carta Magna. Así, el artículo 21 "Reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas" y añade: "no necesitará autorización previa". Este derecho fundamental, ha sido regulado posteriormente a través de diferentes leyes orgánicas y constituye un pilar esencial de cualquier sistema democrático, siendo su libre ejercicio uno de los mejores indicadores sobre la salud democrática de un país.

Es precisamente por esta razón, por el deber de garantizar el derecho libre y democrático a la manifestación, que diferentes juristas, prácticamente la totalidad de los grupos parlamentarios, el relator especial de Naciones Unidas, sectores amplios de la sociedad civil, así como editoriales de periódicos internacionales como el New york Times y The Guardian denunciaron en su día la llamada ley mordaza, en pleno debate estos días, tildándola, en palabras de Amnistía internacional como "Una amenaza directa a los derechos de reunión pacífica y la libertad de expresión en España".

Con estos antecedentes, puede resultar curioso que quienes aprobaron dicha norma sean quienes pretendan ahora instaurar un relato basado en la supuesta "agitación social de un país sumido en la inestabilidad" por el hecho de celebrarse diferentes manifestaciones sectoriales, y que se apunten entusiastamente a participar en ellas. Lo cierto es que España es un país que ejercita con brío su derecho a manifestarse, seguramente porque estuvimos muchos años sin poder hacerlo. Fueron grandes movilizaciones las que consolidaron la democracia, rechazaron y contribuyeron unitariamente a vencer al terrorismo, y han sido grandes movilizaciones las que han conquistado derechos fundamentales como el matrimonio homosexual, la igualdad de género, o la interrupción voluntaria del embarazo, por ejemplo. Es más, estas mismas conquistas provocaron a su vez fuertes movilizaciones opositoras encabezadas por los líderes de la derecha española, que no cambiaron las leyes contra las que se manifestaban cuando tuvieron oportunidad, y que no alteraron los resultados de los siguientes comicios.

Llegados a este punto, me gustaría destacar que las movilizaciones sociales muestran la salud democrática de un país, y también en buena parte miden su temperatura social, especialmente en un contexto extraordinariamente complejo donde los retos globales a los que hoy nos enfrentamos van a provocar diferentes sacudidas sociales. Ahora bien, es importante ser precisos en esa medida, y rigurosos en el verdadero caldo de cultivo que las provoca.

Al Gobierno le corresponde preocuparse y ocuparse de los sectores movilizados, abordando las verdaderas causas, desplegando sus mejores dotes de escucha y negociación y aportando soluciones -el fin de la huelga del metal en Cádiz es un buen ejemplo de ello-, desmintiendo con rotundidad la información falsa que deliberadamente circula -sobre la reforma de la ley de seguridad ciudadna, por ejemplo- sin dejarse distraer por el intento de un relato que aparece forzado, que no aporta soluciones y que puede nublar el camino para encontrar las soluciuones.