El Gobierno de Ayuso desdeña el proyecto del ministerio para blindar la sanidad pública por falta de concreción

A la espera de información y de un documento. Así es como dicen en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid que se encuentran ante el último anuncio de la ministra de Sanidad, Mónica García, sobre el nuevo proyecto de su departamento para blindar la sanidad pública. En el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso inciden en que se trata de un anuncio más que aún no tiene forma, aunque tienen claro que la música no les gusta.

La nueva Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud pretende limitar la gestión de los servicios sanitarios públicos de las empresas privadas. O dicho de otra manera y con palabras de la propia García, hacer ley el lema que la ministra ha defendido como líder de la oposición en Madrid y como una de las figuras que emergió con las mareas blancas: "La sanidad pública no se vende, se defiende".

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El problema, denuncian en la Comunidad de Madrid, es que no tienen información. En la Consejería que dirige Fátima Matute se quejan de que el anuncio les ha pillado prácticamente "por sorpresa". Podían intuir las intenciones de García en este ámbito porque conocen bien su postura sobre la sanidad pública, que García ha defendido durante años en la Asamblea de Madrid, pero le reprochan que este no haya sido un asunto de debate en los últimos consejos interterritoriales y que no haya recabado con antelación la opinión de las comunidades autónomas al respecto.

En esta línea se pronunciaba este martes el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, que apuntó incluso su "estupor" porque "algo tan sensible como la gestión sanitaria", que depende de las comunidades autónomas porque las competencias están transferidas, fue comunicado al mismo tiempo a los responsables autonómicos y a los ciudadanos a través de la comunicación en el Portal de Transparencia. "Lo lógico sería que el modelo fuera consensuado", argumenta el portavoz.

En el ejecutivo autonómico desdeñan la propuesta porque dicen que "una vez más", la ministra ha hecho un anuncio sin contenido, alegando que García y su equipo han lanzado varios "globos sonda" desde que están en el Ministerio y que no es posible valorar una propuesta que aún no se ha concretado. Pero lo cierto es que la medida no tiene aún contenido porque está en una primera fase, como ocurre con otras normas, de consulta pública previa a la elaboración de la propia norma.

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En el documento publicado, el Ministerio explica que su objetivo es entre otras cosas, que el sistema de concertación ha permitido que en el sistema de salud pública de las distintas comunidades autónomas se desarrollen en las últimas décadas "lógicas de funcionamiento relacionadas con el funcionamiento comercial y la necesidad de obtener beneficios empresariales". A eso suman "elementos no deseables" como "sistemas paralelos de derivación entre centros sanitarios en aquellas regiones en las que una empresa ha copado una parte significativa del mercado de la gestión privada de centros sanitarios públicos" y "falta de transparencia en la liquidación de los pagos por parte de las administraciones a las empresas" que prestan los servicios. Esta, entre otras, es una de las críticas que desde Más Madrid, formación a la que pertenece la ministra García, se lanza permanentemente al Gobierno del PP en la Comunidad de Madrid.

En definitiva, la ley busca una mayor rendición de cuentas y la reversión de la gestión privada de los servicios sanitarios en comunidades donde esta práctica es habitual. En el Gobierno regional, sin embargo, defienden el modelo actual de colaboración público privada en el sistema sanitario y rechazan los objetivos que busca la ley que quiere sacar adelante García porque entienden que perjudicará a los pacientes y usuarios de un sistema que lleva "tiempo consolidado" en esta y otras regiones de manera "eficiente", según el portavoz del ejecutivo autonómico.

Alternativas para el blindaje

De momento, en el equipo de Ayuso evitan pronunciarse sobre posibles alternativas a este proyecto del Ministerio de Sanidad. En otras ocasiones, cuando en Madrid han entendido que desde el Gobierno se aprobaban leyes que perjudicaban los intereses de la Comunidad han buscado fórmulas legislativas para neutralizar las propuestas nacionales.

Ocurrió así, entre otros, con la Ley de defensa de autonomía financiera de la Comunidad, aprobada en 2022, que empezó a tramitarse cuando se había instalado el debate sobre la actualización del modelo de financiación autonómica. La norma regional era una manera de intentar blindarse ante cualquier intromisión del Ejecutivo central en materia fiscal y tributaria, o con la Ley de maestra de Libertad Educativa que pretendía reducir los efectos de la Ley Celáa en los centros educativos de la región.